– El incendio del lunes en el yacimiento de carbón de Río Turbio, sur de Argentina, fue una tragedia anunciada que dejó siete muertos y siete desaparecidos. Los trabajadores llevan una década denunciando a sus empleadores por corrupción y fallas de mantenimiento y de seguridad.
Río Turbio es una ciudad de 10.000 habitantes que existe porque allí se encuentran los yacimientos de carbón más importantes del país. Está ubicada en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia argentina, más de 3.100 kilómetros al sudoeste de Buenos Aires, y es el centro urbano continental más austral de América.
Emplazada al pie de la cordillera de Los Andes, las horas de luz en el invierno no pasan de seis o siete al día. El resto de la jornada transcurre en la oscuridad y el frío.
Así era el clima el lunes, cuando una chispa en la cinta transportadora de una mina desató un incendio. Quedaron atrapados 14 trabajadores que empezaban su turno laboral.
Hasta ahora fueron hallados siete mineros muertos, pero la falta de oxígeno y los gases liberados por el fuego dentro del yacimiento hace difícil la labor de los socorristas.
Los sobrevivientes y sus familiares no albergan demasiadas esperanzas sobre los siete restantes. ”Sería un milagro” que aparecieran con vida, dijo Luis Méndez, padre de Silverio, uno de los mineros aún no rescatados.
El siniestro ocurrió a casi 700 metros de profundidad bajo tierra y a siete kilómetros de la entrada de la mina. La mayor parte de los trabajadores se desplazaba en un camión dentro del yacimiento. Debido a la humareda, el vehículo se trasladaba a ciegas, por lo que los operarios se apearon y buscaron la salida a pie.
Treinta y siete personas lograron salvarse, algunas con principio de asfixia. Varias caminaron hasta cuatro horas en los corredores de la mina.
Este año, la estatal Superintendencia de Riesgos del Trabajo había detectado que el índice de accidentes del yacimiento duplicaba el promedio normal dentro del sector minero, y había exhortado a la compañía aseguradora contratada por la empresa a aplicar un plan para reducir los siniestros.
La Superintendencia, oficina encargada de la seguridad e higiene en el trabajo, detalló que el índice de accidentes tolerado en el rubro minero es de 52,9, y cuando ese indicador es 10 por ciento más alto, las autoridades exigen un plan para reducir los riesgos.
El índice de riesgo del yacimiento de Río Turbio era de 123,8, más del doble que el máximo aceptado para la actividad.
La empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales fue creada por el Estado en l942. En su época de esplendor, en los años 60, llegó a tener más de 5.500 operarios que migraban desde distintas provincias para trabajar en sus minas.
Pero en 1994, el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) resolvió entregar la explotación de carbón en concesión a un consorcio privado.
El grupo empresarial IATE, liderado por Sergio Taselli, obtuvo por 10 años la explotación de la mina -que tenía entonces 3.300 empleados&# 61485;, con un subsidio de más de 20 millones de dólares anuales para el pago de salarios, y un contrato para colocar la totalidad de la producción en una usina térmica de electricidad.
Taselli es considerado responsable de la ”destrucción y el vaciamiento” de la empresa (que pasó a llamarse Yacimientos Carboníferos Río Turbio), por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
”Era un delincuente que causó a la empresa un perjuicio enorme que hoy se refleja en la muerte de 14 trabajadores”, dijo a IPS el sindicalista Luis Maceiro, integrantes del Consejo Directivo Nacional de ATE.
Maceiro era el encargado de recibir las denuncias de los trabajadores de Río Turbio. ôEstos compañeros están en el extremo de la patria y no viven del turismo, porque hasta allí no llega nadie, ellos viven del trabajo en la mina”, describió.
Los operarios ôestaban en permanente conflicto con la empresa”, agregó.
ôLo denunciamos ante la justicia federal, ante la justicia provincial, ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la Oficina Anticorrupción y la Comisión Fiscalizadora de la Secretaría de Energía”, enumeró.
El gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001) interrumpió el subsidio millonario que se entregaba al consorcio de Taselli. El negocio perdió interés y el concesionario amenazó con abandonarlo. Finalmente, en junio de 2002 la empresa volvió a control del Estado, mediante una intervención.
El interventor designado entonces, Eduardo Arnold, denunció ante la Oficina Anticorrupción y ante la Auditoría General de la Nación el ”desmantelamiento paulatino” del yacimiento durante los ocho años que duró la concesión. ”Era evidente la falta de mantenimiento y de inversiones”, admitió Arnold esta semana.
Consultada por IPS, la Oficina Anticorrupción informó que tiene a 70 funcionarios estudiando 4.000 denuncias diferentes.
”No encontramos hasta ahora la de Río Turbio, pero si la presentaron debe estar”, declaró un empleado del área de información del organismo encargado de investigar irregularidades en el funcionamiento del Estado.
La Comisión Fiscalizadora estaba integrada por miembros del gobierno nacional y provincial, y el delegado de Santa Cruz hasta 2002 fue el actual secretario de Energía, Daniel Cameron, que conocía al detalle las denuncias sobre el mal manejo del yacimiento.
Arnold aseguró que el concesionario era ôinescrupuloso”, que fue denunciado ante la justicia federal, y que el informe de la auditoría externa encargada durante su gestión fijó en 130 millones de dólares el monto que debía pagar por incumplimientos de todo tipo mientras estuvo al frente del yacimiento.
A pesar de todo, la mina que no aportaba ni un solo kilovatio al sistema eléctrico antes de la intervención, comenzó a producir a pleno y hoy está entregando 10 megavatios por día a la red, destacó Arnold, actual vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Nación.
El presidente Néstor Kirchner había viajado a Río Turbio el 4 de junio, 10 días antes del accidente, para anunciar un plan de inversiones de casi 90 millones de dólares. El mandatario se abrazó y se fotografió con los mineros en un clima de optimismo y expectativa por la proyectada reactivación del yacimiento.
ôLlegó tarde”, lamentó uno de los dirigentes sindicales de Río Turbio, Raúl Wanzo. Desde 1999 los trabajadores pedían al gobierno nacional y al provincial ûcuyo gobernador era el propio Kirchner&# 61485; que retiraran la concesión a Taselli por incumplimiento de contrato. Pero la medida no se adoptó hasta 2002.
Kirchner es santacruceño y fue electo gobernador de su provincia en 1991, 1995 y 1999. Ejerció ese cargo hasta que obtuvo la primera magistratura, a mediados del año pasado.
Wanzo recordó que uno de los cambios efectuados por la firma concesionaria fue eliminar la figura del ôbotonero”, el encargado de supervisar el desempeño de las cintas transportadoras. En una de ellas se produjo el desperfecto que desató el incendio del lunes. ôEl sistema fue automatizado, pero las alarmas no sonaron”, sostuvo.
Los trabajadores no volverán a los socavones hasta que no se les garantice seguridad mínima y no se aclaren las causas del siniestro.
En su visita a inicios de mes, Kirchner acusó a Taselli por el vaciamiento de la empresa y lo calificó de ôsinvergüenza”. El empresario mantiene la concesión de un servicio de trenes de acceso a la capital argentina, que el gobierno estudia retirarle por varios incumplimientos.
Kirchner volvió a viajar este miércoles a Río Turbio. Se reunió con los mineros y con familiares de las víctimas. Les prometió que si hubo negligencia ôno se va a encubrir a los responsables”.
La esposa de uno de los muertos relató al presidente que su marido había quedado emocionado tras su primera visita y sus promesas de inversiones para el yacimiento.
/*ATENCION EDITORES: Esta nota corrige el segundo párrafo de la transmitida a las 17.02 GMT/
