El gobierno español del socialista José Luis Rodríguez Zapatero mantiene en política de inmigración la misma línea de su antecesor, el derechista José María Aznar, al negar la regularización de centenares de miles de extranjeros sin permiso de residencia ni de trabajo.
Se acabaron los papeles para todos, dijo la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumi, luego que el domingo fueran desalojados por la fuerza un millar de inmigrantes que en reclamo de su regularización se habían encerrado en la Catedral de Barcelona, en la nororiental ciudad del mismo nombre. El desalojo fue calificado de correcto por Zapatero.
Desde la sociedad civil hubo acciones a favor y en contra de los ocupantes. En la madrugada del domingo media docena de asociaciones de inmigrantes y representantes de las mayoritarias centrales sindicales Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, de partidos políticos y de la Iglesia Católica suscribieron un documento declarando su desacuerdo con el encierro.
Los firmantes explicaron que no consideraban oportuna la medida porque el gobierno habría anunciado mejoras en la regularización de inmigrantes.
Estimaciones oficiales y no oficiales calculan que un millón de personas se encuentran en España sin regularizar su situación, la mayoría de ellas trabajando sin contratos en la llamada economía sumergida, sin ninguna cobertura laboral ni social.
El nuevo gobierno socialista culpa a su antecesor por no haber encarado seriamente el problema, ya que están sin resolver 374.749 expedientes de extranjeros que presentaron sus respectivas solicitudes de regularización, incluyendo contratos de trabajo.
Rumi señaló que la cantidad de expedientes en trámite habla a las claras de la absoluta falta de atención que ha merecido la política de inmigración durante los últimos años.
Pero la presidenta del no gubernamental Foro Social de Madrid, Milagros Hernández, comentó a IPS que es impresentable que con un gobierno socialista se viva esta situación. Señaló, además, que problemas como esa ocupación se seguirán presentando si no se encara seriamente la regularización de los inmigrantes que ya están en España.
Por último advirtió de que el problema inmigratorio requiere un tratamiento europeo, por el que los 25 países que integran ahora la Unión Europea asuman un compromiso de acogida y empleo para los inmigrantes y lo cumplan, con una legislación única y solidaria.
También se refirió a este asunto Begoña Sánchez, responsable de la organización no gubernamental SOS Racismo en Cataluña, cuya capital es Barcelona, quien en declaraciones a IPS calificó de desesperada la ocupación por un sector social que ve que se eterniza la falta para ellos de derechos elementales en una sociedad democrática.
A su entender, si no se establece una vía real para la entrada regular, proseguirá la irregular. En lo inmediato, prosiguió, hay que regularizar a los extranjeros que ya están trabajando y aportan a la sociedad con su trabajo, en un país donde la economía sumergida representa 25 por ciento del total.
En cuanto a la ocupación de la Catedral, responsabilizó a los organizadores y no a quienes estaban dentro, calificó de lamentable la acción policial y pese a ello se alegró de que no haya finalizado con detenidos ni expulsados.
La ocupación fue organizada por la Asamblea por la Regularización Sin Condiciones (ARSC), surgida de una ocupación similar realizada tres años atrás, que finalizó 47 días después tras una larga negociación que culminó con el compromiso de la regularización en España de los ocupantes, lo que se cumplió tiempo después con 94 por ciento de los encerrados.
La presidenta de la no gubernamental Cáritas, Nuria Gispert, jugó un papel importante en la negociación con los ocupantes de la Catedral y en la gestión del documento firmado también por otros grupos de la sociedad civil, políticos y sindicalistas.
Explicó que su participación fue porque cualquier acción de fuerza en estos momentos va en contra de posibles negociaciones tanto a nivel autonómico como estatal. Por esa razón Cáritas restó apoyo a la ocupación y pidió que se acabase pronto.
Aproximadamente la mitad de los ocupantes respondió al llamado y salió de la Catedral, en tanto que el resto fue desalojado por la policía. Todos se manifestaron después por las calles de Barcelona y anunciaron que, si este miércoles no reciben una respuesta positiva del gobierno, volverán a encerrarse o realizarán nuevas protestas.
Zapatero, por su parte, se pronunció por una inmigración ordenada y garantizó que su gobierno aplicará todos los mecanismos legales para que la situación de desorden se convierta en una situación de orden.
Para ello prevé lograr un gran acuerdo en torno con empresarios, sindicatos, gobiernos autonómicos, municipios e incluso con los partidos de la oposición, lo que tratará que se haga de inmediato.
Al preguntársele en rueda de prensa si eso significa que se haría una regularización generalizada negó que ello esté previsto, pues hay que hacer las cosas bien y aplicar las leyes.
A las leyes se refirió también Rumi, quien anunció que se impondrá un sistema por el cual podrán ingresar extranjeros con un visado de estancia para buscar empleo y se aplicarán los acuerdos con terceros países que se han firmado pero no se cumplen.
En especial, aclaró, con ese visado para buscar trabajo, válido por tres meses, desde que entren en España los inmigrantes vendrán con todos los derechos y las obligaciones, no como turistas sino como buscadores de empleo. La mayoría de los inmigrantes sin papeles entraron como turistas y se quedaron al vencer ese visado, trabajando sin contrato en la economía sumergida.
La organización Justicia y Paz, vinculada a la Iglesia Católica, calificó la actuación policial de represión. Su presidente, Arcadi Oliveres, manifestó estar indignado porque la Iglesia haya permitido la entrada policial en un lugar sagrado, por ello critico al obispo y al gobierno central, aunque a éste habría que haberle dado más tiempo para actuar, antes de recurrir a una ocupación.
