Las acusaciones que mantuvieron en la cárcel por más de un año a dos indígenas del septentrional estado mexicano de Chihuahua, defensores de los bosques, pesan ahora sobre los policías que los habían capturado, al parecer por órdenes de mafias vinculadas a la industria de la madera.
Isidro Baldenegro y Hermenegildo Rivas, a quienes grupos ambientalistas consideraron presos de conciencia, recobrarán la libertad dentro de tres días o máximo seis, luego que la Procuraduría (fiscalía) General desistió de acusarlos formalmente de los cargos de posesión de armas y de drogas.
"Es inminente su libertad, sólo hay que cumplir con algunas formalidades, y por otro lado avanzaremos en las acusaciones contra los cuatro policías que los detuvieron y señalaron como delincuentes", dijo a IPS Fausto Salgado, abogado de los dos nativos de la etnia rarámuri, también conocida como tarahumara.
Héctor Magallón, de la organización ambientalista Greenpeace en México, grupo que junto a Amnistía Internacional desarrolló una intensa campaña para exigir la libertad de Baldenegro y Rivas, señaló "que, una vez más, ha quedado demostrado que se utilizó el sistema de justicia para acallar el trabajo de personas que defienden el medio ambiente y los derechos humanos.
"Nunca debieron pisar la cárcel, su detención fue injusta y eso finalmente se ha probado, declaró Magallón a IPS.
Baldenegro y Rivas fueron apresados en marzo del año pasado, justo cuando lograban frenar la tala de árboles en su comunidad Coloradas de la Virgen, en la llamada Sierra Tarahumara, bajo acusaciones de portar armas y cargar drogas, lo que siempre negaron.
Tras un año de juicio y cuando el proceso entró en su última etapa, el procurador general, Rafael Macedo, decidió que no había delito que perseguir. Por ello, este lunes envió al juez de la causa en Chihuahua un "desistimiento de acusación.
Según informó el abogado Salgado, los dos indígenas, más allá de la alegría por su inminente liberación, manifestaron temor de que al regresar a su comunidad las mafias, que habrían influido en su detención, intenten hacer algo más en su contra.
Greenpeace demandó a Macedo dar protección a los campesinos, indemnizarlos por el tiempo que permanecieron detenidos de modo injusto y no desmayar en la persecución y juicio a los autores materiales e intelectuales de sus capturas.
De los cuatro policías que detuvieron a Baldenegro y Rivas, uno fue detenido por agentes federales a inicios de mes, otro se presentó ante un juez con un amparo, pero pronto podría pisar la cárcel, y los otros dos permanecen prófugos.
Las investigaciones indican que los policías "sembraron" pruebas en contra de los indígenas y que los acusaron formalmente por orden de alguien que aún no se sabe con exactitud. Ahora, ellos son los acusados y podrían pasar varios años en la cárcel si se comprueba su culpabilidad.
Salgado explicó que sus defendidos no pudieron obtener la libertad antes, pues los policías acusadores se negaban a declarar "e incluso estaban protegidos por algún alto mando policial.
"Ahora está muy claro que todo el caso fue armado para perjudicar a los indígenas rarámuris, expresó.
Desde la detención de Baldenegro y de Rivas, la estatal, pero independiente Comisión de Derecho Humanos de Chihuahua cuestionó la legalidad del caso y recomendó dictar una sentencia absolutoria inmediata.
Greenpeace informó que la fiscalía de México recibió más de 3.000 cartas de 33 países, en las que se demandó liberar a los acusados y castigar a los culpables de su detención.
Los nativos fueron apresados justo cuando lograban, junto con otros nativos, frenar temporalmente la tala de un bosque de pinos en Coloradas de la Virgen, una zona de más de 50.000 hectáreas que los rarámuris habitan desde tiempos inmemoriales y en la que residen actualmente unas 360 familias de esa etnia.
Hace medio siglo el gobierno cedió a colonos casi toda esa zona, y especialmente el bosque y la tierra cultivable.
Con acciones legales posteriores, los indígenas, uno de cuyos líderes principales es Baldenegro, lograron recuperar parte de sus tierras e iniciaron una dura batalla contra los grupos de colonos y mestizos que talaban el bosque.
Julio Baldenegro, padre de Isidro, quien fue también dirigente comunitario, murió asesinado por francotiradores en 1986. Ese crimen nunca se aclaró, aunque se sospecha que fue planeado por mafias vinculadas al corte de madera e incluso al narcotráfico.
Testimonios de diversas fuentes señalan como uno de los sospechosos de actuar contra la familia Baldenegro a Artemio Fontes, cuya familia ejerce desde hace varios años el liderazgo de la comunidad Coloradas de la Virgen, y mediante asambleas presuntamente legales logra autorizar la extracción de madera.
En regiones de sierra del estado de Chihuahua más de la mitad de los indígenas que allí viven se vinculan de una u otra forma al negocio de las drogas, indica un diagnóstico de la fiscalía General.
Chihuahua es vecino de Estados Unidos, el principal consumidor de drogas en el mundo.
En ese estado viven unos 150.000 indígenas, 4,5 por ciento de la población total, en su mayoría rarámuris o tarahumaras, y casi todos viven en la pobreza o la indigencia.
Además, 50 por ciento son analfabetos, un porcentaje superior al promedio general de ese estado que es de seis por ciento. Tampoco 64 por ciento de los mayores de 15 años no cuentan con instrucción escolar y 46 por ciento de quienes tienen de 6 a 14 años no asisten a la escuela.
