La remoción de un magistrado y la investigación sobre otros dos en Venezuela pusieron en la mira, a su estreno, la ley de reforma del Tribunal Supremo de Justicia, que en agosto puede ser el árbitro final del referéndum revocatorio del mandato presidencial de Hugo Chávez.
El vicepresidente del Tribunal, Franklin Arrieche, identificado con la oposición al gobierno de Chávez, fue removido como magistrado al rechazarle sus colegas de la Sala Constitucional de esa máxima autoridad judicial un pedido de amparo ante la decisión de la Asamblea Nacional (parlamento) de anular su designación, aprobada con los votos de la mayoría oficialista.
”Soy objeto de una persecución política. Desconozco la inconstitucional ley del Tribunal y acato el artículo 350 de la Constitución”, dijo Arrieche.
La disposición a la que apela Arrieche es la que cierra la Constitución de Venezuela y donde se declara que el pueblo desconocerá cualquier régimen, ley o autoridad que viole esta norma fundamental y los derechos humanos.
Sumado al caso Arrieche, el Poder Ciudadano, integrado por el Fiscal General, el Contralor de la República y el Defensor del Pueblo, calificó por faltas graves y pidió al parlamento la semana pasada remover a dos magistrados principales y un suplente de la Sala Electoral, quienes habían polemizado en favor de la oposición contra la Sala Constitucional.
Si la acusación prospera, más el reemplazo de Arrieche, cambiara en el Supremo Tribunal de Justicia de 20 miembros la actual paridad entre magistrados afines a las posturas del gobierno y los que defienden las posiciones de la oposición, según explican los observadores.
En la Constitución aprobada en 1999, a instancias del propio Chávez, se reemplazó la Corte Suprema de Justicia por el Tribunal Supremo de Justicia, que funciona con seis Salas iguales e independientes.
Así, desde entonces existen las salas Político – Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social, cada una compuesta de tres magistrados. También existe la Sala Constitucional, con cinco jueces y que actúa como máximo tribunal constitucional.
Además y en base a la ley promulgada el 19 de mayo, los 85 representantes oficialistas en la Asamblea unicameral de 165 miembros iniciaron el proceso de ampliación del Tribunal Supremo, para llevarlo de 20 a 32 integrantes, reforma que estará completada para el 20 de agosto, según el presidente del parlamento, Francisco Ameliach.
Pare esa fecha ya habrá un resultado del referéndum, a realizarse cinco días antes y en el que los ciudadanos venezolanos dirán si revocan el mandato de Chávez o lo ratifican hasta enero de 2007, un choque de trenes que tanto el gobierno como la oposición presentan como la ”batalla decisiva”, tras dos años y medio de lucha sin cuartel por el poder en Venezuela.
El Supremo y en particular la Sala Constitucional, con tres de sus cinco miembros inclinados al oficialismo, funcionarán como tribunal de alzada para resolver cualquier controversia generada por el trabajo de control y recuento de votos del Consejo Nacional Electoral.
La nueva ley ”puede darle a Chávez una ventaja decisiva al momento de contar los votos y cuando el Tribunal decida si, en caso e perder el referéndum, puede o no presentarse como candidato a la presidencia” en las elecciones que se realizarían en ese caso, advirtió José Miguel Vivanco, portavoz para América de la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW).
Vivanco sostuvo que ”el gobierno de Venezuela está socavando la independencia del Poder Judicial”, al instrumentarse la nueva ley, y pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) que aplique su Carta Democrática por entender que ”el estado de derecho está amenazado” con los nuevos poderes en manos del gobierno de Chávez.
Un grupo de decanos de facultades de Derecho de las universidades del país pidió ante el Tribunal Supremo que anule por inconstitucional la nueva ley de reforma del organismo, y la coalición opositora Coordinadora Democrática anunció que acompañará el pedido.
El bloque parlamentario opositor, de 80 integrantes, se opuso a la aprobación de la nueva ley durante meses de debates y ahora rehusa participar en la designación de nuevos magistrados bajo ese articulado.
”Acompañamos la posición de los decanos. La nueva ley contiene errores de fondo y de forma, y defraudó a quienes esperábamos un paso adelante en la organización de la Justicia. Ha sido una estafa”, dijo a IPS Marino Alvarado, coordinador de asuntos jurídicos de Provea, una de las principales organizaciones humanitarias del país.
La ley ”no cubrió las expectativas de adecuarse a la nueva realidad jurídica venezolana, que da preeminencia a los juicios orales, y repite el largo, pesado y farragoso procedimiento de la justicia escrita que regía hasta 1999, dijo Alvarado.
Los magistrados ahora tienen un máximo de 12 años para permanecer en el cargo, pero juristas críticos y grupos no gubernamentales advierten ”una situación de inseguridad, debido a que los jueces pueden ser destituidos o suspendidos por causales vagas, como incurrir en denegación de justicia”, explicó Alvarado.
Los jueces ”quedan expuestos a sanción si toman decisiones en casos polémicos frente a matrices de opinión pública, lo cual es una realidad muy cercana en el cuadro de lucha política que vive el país”, señaló el experto de Provea.
Arrieche denunció que el oficialismo le ”pasa factura” por preparar y hacer aprobar la sentencia que exculpó a altos jefes militares procesados por liderar el golpe de Estado cívico militar que alejó a Chávez del gobierno por 47 horas en abril de 2002.
En cambio, la jefa de la bancada oficialista, Cilia Flores, aseguró que la anulación del ”nombramiento de Arrieche fue porque eran falsos los títulos presentados para acreditar su calidad de jurista, como pauta la Constitución”.
La ley fundamental exige, para ser magistrado, acreditar condiciones que hacen a su formación y experiencia, como son 15 años de ejercicio de la abogacía o haber enseñado Derecho durante un lapso semejante en una universidad reconocida, que debe acreditarle como profesor titular.
El jurista Carlos Escarrá, cercano al oficialismo, dijo a IPS que ”el examen es saludable. No se puede confundir el tema de autonomía con revisión de credenciales”.
En el pasado ”tres o cuatro jefes de los partidos políticos, jugando una partida de dominó, escogían a dedo los magistrados de la Corte Suprema. Ahora lo hará un comité de postulaciones con participación de la sociedad civil, un proceso mucho más abierto”, sostuvo Escarrá.
La nueva norma indica que un comité mixto de parlamentarios y ciudadanos postulados por organizaciones académicas y sociales son las responsables de escoger a tres candidatos por cada plaza de magistrado, y enviar lo recaudo al Poder Ciudadano.
El diputado Pedro Carreño, presidente del comité mixto, al que la oposición rehusa integrarse, sostuvo que ”esta vez seremos rigurosos en el examen de credenciales: iremos a las universidades y hasta a archivos policiales, si es preciso”.
Los candidatos escogidos serán presentados al Poder Ciudadano, que hará una nueva selección, y entonces presentará al parlamento una lista de candidatos para la designación definitiva de los nuevos máximos jueces.
La Constitución remitió las modalidades de designación a la ley —recién aprobada— y plasmó en cambio que la remoción o destitución de un magistrado requería el voto de una mayoría calificada en el parlamento, de dos tercios de diputados, cifra imposible de reunir en el actual cuadro de polarización política del país.
Por ello, la mayoría oficialista adoptó la fórmula de que durante tres sesiones se intentará el nombramiento de los magistrados por mayoría calificada, pero si ésta no se reúne entonces se los nombrará con mayoría simple en una cuarta sesión.
La mayoría de parlamentarios oficialistas pudo superar con esa fórmula el bloqueo que había implantado la oposición para cualquier decisión que requiriese dos tercios de votos del parlamento.
El texto mismo de la ley del Tribunal Supremo sufrió esos rigores. Como la discusión artículo por artículo podría demorar meses y aún años para aprobar el proyecto original de 126 artículos, el oficialismo lo comprimió en un texto de apenas 23 artículos, algunos de los cuales tienen varias páginas y hasta 2.000 palabras.
El diputado opositor Alejandro Armas coincidió con HRW, con sede en Nueva York, en que ”Chávez quiere copar y purgar el Poder Judicial”.
Pero Escarrá replicó que ”siempre habrá polémica política alrededor de la renovación y modernización del poder judicial. Si atendemos ese criterio, jamás actualizaremos nuestra justicia”.
