– La recién creada Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala incidirá en la selección de jueces y defenderá derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas de ese país, donde reina el racismo y la discriminación, dijo este martes su líder y fundador, Amílcar Pop.
Ahora que tenemos un conjunto de profesionales indígenas conscientes de su realidad étnica, es el momento ideal para crear un punto de convergencia que nos haga fuertes y nos permita presentar planteamientos concretos al Estado racista, señaló Pop en entrevista telefónica con IPS desde Guatemala.
La nueva Asociación, integrada por 94 abogados y notarios indígenas, fue presentada este lunes, mientras está en marcha un proceso para renovar 72 cargos de magistrados de las salas de segunda instancia y los 13 de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala.
Es totalmente injusto que no haya ni un solo magistrado indígena en las cortes superiores, cuando en este país más de 50 por ciento de la población (de 11,5 millones de habitantes) pertenece a alguna etnia, apuntó Pop.
Es el momento de presentarnos como indígenas y pedir que termine la discriminación en la justicia, dijo el abogado, quien es además uno de los querellantes en varios procesos por discriminación y violación de derechos humanos contra ex militares y gobernantes de Guatemala.
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El proceso para designar nuevos jueces en el país centroamericano habilita a la presentación de candidaturas por parte de los sindicatos y asociaciones de abogados, de los tribunales y de los decanos de las facultades de Derecho.
Los postulantes serán sometidos luego a un proceso de selección y elegidos formalmente en octubre, por el congreso legislativo.
Quienes participan en el proceso de las postulaciones no son más de 3.000 personas. Estamos en un círculo demasiado cerrado, en el que los indígenas no aparecen por toda esa visión racista y etnocéntrica del Estado guatemalteco, opinó Pop.
Guatemala es uno de los países de América Latina con más población indígena.
Vamos a estar el proceso de selección de jueces y a pelearlo, pues tenemos varios nombres de abogados y notarios indígenas plenamente preparados, afirmó Pop.
La nueva Asociación de Abogados y Notarios Mayas se propone también defender a los aborígenes que afronten problemas legales por la posesión de tierras y estén encauzados judicialmente por ese motivo.
Es increíble que en Guatemala un tres por ciento de los habitantes sean dueños de la tierra, mientras 80 por ciento de la población está sumido en la pobreza. Eso no puede seguir y nuestra Asociación propondrá cambios y defenderá a sus hermanos que son los dueños reales de la tierra, manifestó Pop.
La guerra civil guatemalteca (1960-1996) tuvo entre sus causas centrales la lucha indígena por la tierra, un reclamo parcialmente recogido en los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto, pero aún insatisfecho. En lo que va del año, el gobierno de Oscar Berger ordenó 24 desalojos de fincas ocupadas por indígenas, que según denuncias se llevaron a cabo con uso excesivo de violencia.
En protesta contra esa política unas 100 organizaciones sociales (varias de ellas indígenas) efectuaron una huelga nacional de 24 horas la semana pasada.
La medida también reclamó que el gobierno no aplique mayores impuestos y que revise un acuerdo de libre comercio firmado en mayo con Estados Unidos.
Luego de la primera jornada de huelga, Berger se comprometió a suspender los desalojos y a atender el resto de los reclamos.
Pop indicó que la Asociación debe considerarse parte del movimiento social guatemalteco por lo que actuará de su lado.
La nueva agrupación abogará también por que se cumplan los compromisos contenidos en los acuerdos de paz de indemnizar a las víctimas de la guerra y de juzgar a los violadores de derechos humanos.
La ausencia de democracia fue otro combustible del conflicto de 36 años en el que murieron más de 200.000 personas, 150.000 en ejecuciones extrajudiciales y 45.000 desaparecidas, según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, establecida en los acuerdos de paz.
Grupos de campesinos e indígenas víctimas de la guerra iniciaron el lunes manifestaciones callejeras en la capital de Guatemala y en algunas carreteras en reclamo de las indemnizaciones.
Berger dijo este martes que buscará en los fondos públicos dinero para dar algo a quienes sufrieron la pérdida de familiares, desplazamientos forzosos, detenciones ilegales, torturas, malos tratos o fueron despojados de sus bienes durante el conflicto.
Las tareas que tenemos enfrente en la Guatemala de hoy, donde persiste el racismo y el desprecio a los indígenas, son inmensas y aún no contamos ni con oficina ni con dinero, pero vamos a salir adelante como Asociación, aseguró Pop.
