Poco antes de que cumpla un mes el plan oficial para enfrentar la crisis energética argentina, el gobierno considera la situación normalizada. Pero el sistema está operando al límite de su capacidad y sin margen para imprevistos, advierten expertos consultados por IPS.
La crisis anunciada se desató en marzo, cuando el gobierno de Néstor Kirchner admitió que había dificultades para asegurar la provisión de energía a las industrias por la caída de 28 por ciento en el nivel de los ríos respecto de 2003 y por un aumento de la demanda energética debido a la recuperación económica del último año.
La actividad creció 8,7 por ciento en 2003 y presionó sobre la oferta de energía. A su vez, en los últimos dos años, las empresas productoras de gas natural pusieron en primer lugar la exportación del hidrocarburo a Chile, su principal cliente, y limitaron inversiones para aumentar el abastecimiento a industrias y centrales térmicas de generación eléctrica de Argentina.
En previsión de eventuales cortes, muchas industrias aumentaron su actividad en los primeros meses del año, para adelantarse a las interrupciones del servicio en los meses invernales de mayor demanda -de junio a agosto-, y el sistema colapsó.
Aparecieron entonces los cortes de gas a las industrias, mucho antes de lo previsto.
Como consecuencia de esa crisis, el gobierno redujo el cupo de ventas gasíferas a Chile en sucesivas etapas, autorizó el aumento de precios del gas para grandes consumidores, y finalmente lanzó, el 12 de mayo, un plan energético que, entre sus principales medidas, prevé la creación de una empresa de energía de propiedad mixta.
El programa también anunció inversiones (públicas y privadas), impuestos a las exportaciones, y un criterio para racionalizar el uso doméstico de gas y electricidad. Otras medidas fueron compras de combustible líquido a Venezuela, de electricidad a Brasil y de gas a Bolivia, y la promesa de ampliar la red de distribución.
Esta semana, el ministro de Planificación Federal, Inversiones y Obras Públicas, Julio De Vido, sostuvo que la oferta de energía eléctrica está ahora 10 por ciento por encima de la suministrada en junio de 2003, y aseguró que la distribución de gas no está aumentando como se esperaba debido a su sustitución por otros combustibles.
Se avanza hacia la normalización del suministro, dijo De Vido en un acto para anunciar la vuelta al funcionamiento de la central nuclear de Embalse, luego de seis semanas de inactividad por labores de mantenimiento.
En un informe reservado al que tuvo acceso el diario Página 12 a fines de mayo, el Ministerio de Economía admitió, más cauto, la posibilidad de cuellos de botella en el transporte de energía en los próximos dos meses, pleno invierno austral, y no descartó nuevos cortes a industrias y usinas eléctricas que se abastecen de gas, en los momentos de mayor demanda.
Expertos independientes creen que la falta de un suministro suficiente y adecuado es un asunto grave y que podría afectar el crecimiento de la economía, recuperada en 2003 luego de cuatro años de recesión que incluyeron el colapso de 2001.
El ex secretario de Energía Daniel Montamat advirtió este mes que el aumento de la demanda en invierno puede costar un punto del crecimiento proyectado del producto interno bruto (PIB) para este año.
El coordinador académico del Plan Fénix -de economistas de la estatal Universidad de Buenos Aires críticos del neoliberalismo-, Alberto Muller, dijo a IPS que de mantenerse el ritmo de aumento en el consumo de gas de los primeros meses del año, el punto crítico se manifestará en la distribución de energía.
Realmente no sé cuánto del aumento pronosticado de la demanda tiene previsto el gobierno, pero actualmente se trabaja al límite, aseguró. Habría que comenzar a pensar en ampliar la capacidad instalada, lo que implica inversiones de largo plazo de las que no se harán cargo los actores privados, explicó el economista.
Lo que hace falta es un plan en serio, y hasta ahora no lo veo. Si el gobierno considera como solución reemplazar la falta de suministro de gas con fuel oil de Venezuela, entonces habrá respondido bien a la coyuntura, pero eso tiene un costo, porque se trata de un combustible seis veces mas caro que el gas, dijo.
Más crítico fue Carlos Andrés Ortiz, profesor de economía de la Universidad Nacional de Misiones e investigador en energía, gestión de la producción y ambiente.
Las medidas del gobierno parecen un conjunto de parches que apuntan a la coyuntura, dijo Ortiz a IPS. Lo que prima es la improvisación, añadió.
Un estudio de Ortiz fue publicado en el último boletín del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (Moreno), de trabajadores y expertos contrarios a la privatización del sector y presidido por el cineasta y ex diputado Fernando Pino Solanas.
Salvo que se adopten rápidas y efectivas medidas, es posible afirmar que entre 2006 y 2008 sobrevendrá en Argentina una crisis eléctrica de grandes proporciones, cuya causa será la marcada insuficiencia de la potencia instalada para abastecer la demanda eléctrica previsible, advierte Ortiz en ese reporte.
La capacidad instalada real -aquella efectivamente disponible sin contar márgenes normales por reparaciones o períodos de baja potencia hidráulica- ronda los 15.500 megavatios, según Ortiz.
Mientras, la demanda de 2003 fue de 14.359 megavatios y la estimada para este año oscila entre 15.350 y 16.600 megavatios.
La estimación se basa en un crecimiento moderado del PIB, cercano a la proyección de cinco por ciento del Ministerio de Economía. Sin embargo, el presidente del Banco Central, Alfonso Prat Gay, afirmó esta semana que el crecimiento será de ocho por ciento.
A menos que medie un acelerado proceso de inversiones en generación y transmisión (nuevas mega usinas e inversiones en redes de distribución), el sistema de interconexión eléctrica entrará en una profunda crisis estructural en el exiguo plazo de dos a cuatro años, prevé Ortiz.
A su juicio, el sistema está operando al límite de la capacidad, con muy poco margen de previsión para imponderables.
En un escenario sin una acelerada instalación de nuevas centrales, Ortiz prevé una severa crisis de potencia instalada que producirá cortes en el suministro y restricciones al abastecimiento de grandes usuarios, muchos de los cuales deberán optar por la autogeneración, encareciendo los costos operativos del sector industrial.
Posiblemente los problemas de coyuntura estén en vías de superarse, pero a un alto costo general, como el freno al crecimiento, una brutal transferencia de ingresos a las empresas extranjeras del área energética -por la vía de aumentos de tarifas- e inconvenientes serios en el sector industrial, pronosticó.
