La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este martes por seis votos contra tres, y contra la voluntad de la Casa Blanca, que una ley sobre piratería de hace 215 años puede amparar a víctimas de graves abusos cometidos fuera del país que demanden compensaciones a cortes estadounidenses.
La mayoría de la Corte rechazó la aplicación de la Ley de Reclamo contra las Ofensas a un Extranjero (Atca, por sus siglas en inglés) en el caso de un médico mexicano entregado a autoridades estadounidenses por un cazador de recompensas, pero tampoco aceptó el argumento gubernamental, compartido por compañías transnacionales, contra la vigencia contemporánea de esa norma aprobada en 1789.
La Corte Suprema reafirmó hoy que las cortes de Estados Unidos permanecerán abiertas para quienes sufran tortura y otros teribles abusos que violan la ley internacional, afirmó Eric Biel, subdirector de la oficina en Washington de Derechos Humanos Primero (HRF, por sus siglas en inglés), antes llamado Comité de Abogados por los Derechos Humanos.
La filial estadounidense de la organización humanitaria Amnistñia Internacional también elogió el fallo, y destacó que la Corte había reconocido el derecho a presentar, al amparo de la Atca, demandas por violaciones de normas internacionales que sean específicas, universales y obligatorias.
Eso implica con fuerza la posibilidad de juzgar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, tortura, asesinatos sumarios, detenciones arbitrarias prolongadas y esclavitud, alegó.
La Atca fue aprobada por los primeros integrantes del Congreso para combatir la piratería en alta mar, y permite a extranjeros demandar a personas o compañías estadounidenses y no estadounidenses que estén en territorio de Estados Unidos, por abusos cometidos en violación de la ley de las naciones o de un tratado firmado Washington, aunque hayan ocurrido fuera del país.
Esa norma languideció durante dos siglos, pero desde 1980 se han amparado en ella, con éxito, víctimas de violaciones de los derechos humanos.
El primer caso en las últimas décadas fue el presentado por el padre y la hermana del paraguayo Joel Filartiga, quien tenía 17 años cuando fue secuestrado y torturado hasta morir por un policía de su país que luego pasó a residir en Estados Unidos.
En ese juicio, una corte de apelaciones decidió que la Atca era aplicable en violaciones graves de la ley internacional humanitaria, con el argumento de que a los efectos de la responsabilidad civil, el torturador se ha convertido, como antes el pirata y el traficante de esclavos, en 'hostis humani generis', un enemigo de toda la humanidad
Luego se usó la Atca para presentar demandas en Estados Unidos contra gobernantes extranjeros como Ferdinand Marcos, de Filipinas, y altos funcionarios militares de Guatemala, Indonesia, Argentina, Etiopía y El Salvador, entre otros países.
En casi todos los casos se otorgaron indemnizaciones, que rara vez se han cobrado, porque generalmente los acusados han abandonado Estados Unidos.
También se han presentado, desde 1993, 25 demandas al amparo de la Atca contra corporaciones estadounidenses y extranjeras, en su mayor parte por abusos cometidos por militares o policías extranjeros que brindaban servicios de seguridad a esas firmas.
La mayoría de esas demandas han sido rechazadas, y algunas están en proceso de apelación, pero ninguna ha llegado aún a la Corte Suprema.
Los más exitosos de esos reclamos han sido los presentados por sobrevivientes del Holocausto (genocidio nazi contra el pueblo judío), que demandaron a bancos y otras empresas extranjeras por rechazar esfuerzos realizados para recuperar su dinero u obtener el cobro de seguros después del fin de la segunda guerra mundial en 1945.
Tales demandas no llegaron a ser consideradas por tribunales, pero contribuyeron a que bancos suizos negociaran acuerdos extrajudiciales con los querellantes, que recibieron más de 1.000 millones de dólares.
Las primeras apelaciones a la Atca para demandar a individuos, en los años 80 y a comienzos de los 90, no causaron controversias destacables, pero las posteriores acciones judiciales contra corporaciones, en su mayoría de los sectores minero y energético, causaron una fuerte contraofensiva del sector privado, acompañada luego por el actual gobierno que encabeza el presidente George W. Bush.
El año pasado, el fiscal general John Ashcroft pidió a una corte federal de apelaciones que anulara la vigencia de la Atca, en apoyo a la compañía estadounidense Unocal, demandada por aldeanos birmanos que la señalaron como responsables de graves abusos cometidos por militares de Birmania que le brindaban servicios de seguridad.
El Departmento de Justicia arguyó que la Atca no podía ser aplicada para demandas civiles, y que la ley de las naciones a la que se refiere no incluye el derecho internacional humanitario ni ningún tratado firmados por Estados Unidos después de 1789.
La Atca es una especie de reliquia histórica, que no debe ser transformada en un concesión ilimitada de autoridad a los tribunales (estadounidenses) para establecer y aplicar preceptos de derecho internacional sobre disputas surgidas en países extranjeros, sostuvo.
También destacó que el uso contemporáneo de la Atca puede tener graves consecuencias para nuestra actual guerra contra el terrorismo, mediante demandas contra nuestros aliados en esa guerra, interfiriendo así con importantes intereses de la política exterior estadounidense.
Al mismo tiempo, las asociaciones de compañías multinacionales, como el Consejo Nacional de Comercio Exterior (NFTC) y la Cámara de Comercio Estadounidense, también presentaron sus informes ante los tribunales y lanzaron una campaña de relaciones públicas contra la Atca.
La ley desalienta la inversión extranjera, permite demandas por hechos que las empresas estadounidenses no pueden controlar y permite a extranjeros querellar a compañías por violaciones de 'acuerdos internacionales' a los que Estados Unidos mismo no adhiere, indicó un aviso publicado por el NFTC en el diario The New York Times.
El caso resuelto el martes fue el primero en la materia atendido por la Corte Suprema y por lo tanto atrajo la atención de empresarios, del Departamento de Justicia y de organizaciones de derechos humanos, entre otras que apoyan la Atca.
Sin embargo, el caso sobre el que se falló este martes, Sosa contra Alavarez-Machain, no implicaba acusación alguna contra empresas.
Se trata del secuestro en 1990 del médico Humberto Alvarez-Machain a manos del ex policía mexicano José Francisco Sosa. Alvarez-Machain era acusado por la agencia antidrogas estadounidense (DEA) de ayudar a asesinar a uno de sus oficiales.
Un jurado desacreditó el caso contra Alvarez-Machain en 1992, tras considerar los métodos con los cuales éste fue arrestado. Entonces, el médico demandó a Sosa ante un tribunal federal de acuerdo con la Atca. La primera sentencia, que condenaba al ex policía a pagarle una indemnización de 25.000 dólares, fue mantenida por un tribunal de apelaciones.
La Corte Suprema debió determinar el martes si la sentencia del tribunal de apelaciones fue correcta.
El arresto y la detención arbitrarios sufridos por Alvarez-Machain no violaron normas de derecho internacional consuetudinarias bien definidas, según el fallo redactado por el juez David Souter.
El gobierno quería destripar la ley, pero la Corte se negó a darle el gusto, dijo Joanne Mariner, de la organización humanitaria Human Rights Watch.
La Corte Suprema envió hoy el claro mensaje al gobierno de Bush y a las corporaciones internacionales de que no pueden ignorar los derechos humanos internacionales, dijo Jennie Green, abogada del Centro por los Derechos Constitucionales, institución que presentó varias demandas en el marco de la Atca y que hoy apela a la ley para querellar a empresas privadas implicadas en los abusos cometidos en la cárcel iraquí de Abu Ghraib. (
