La organización no gubernamental Human Rights Watch presentó a escala mundial un informe sobre la manipulación del Estado de Derecho y la amenaza de la independencia del Poder Judicial en Venezuela. El informe del grupo humanitario con sede en Nueva York está relacionado con "un hecho real", como es la implementación de la Ley del TSJ. El informe provocó no sólo el rechazo del gobierno, a través del vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, y de los legisladores afines en el parlamento, cuyo presidente, Francisco Ameliach, solicitó declarar persona no grata al director de HRW, Rafael Vivanco.
