La libertad de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y la limitación del uso de explosivos, cuya utilización por parte de la guerrilla colombiana tiene en jaque al ejército, podrían convertirse en caras de una misma moneda.
El izquierdista Ejército de Liberación Nacional, ELN, propuso el viernes al gobierno de Alvaro Uribe un acuerdo humanitario que limite el uso de minas y explosivos y disponga una amnistía general para los presos políticos y prisioneros de guerra, en medio de un cese del fuego bilateral y temporal.
La propuesta, televisada en directo por un canal público desde el recinto del Senado, fue lanzada por Francisco Galán, vocero del ELN, guerrilla minoritaria con unos 3.500 combatientes.
Galán, preso hace varios años por rebelión, fue autorizado a salir de la cárcel por un día para hablar en el Foro Internacional "Minas Antipersonal: Actores no estatales y acuerdos humanitarios", que se realizó el viernes, convocado por el Llamamiento de Ginebra, el parlamento colombiano, el Concejo Distrital de Bogotá y la Campaña Colombiana Contra Minas.
El presidente Alvaro Uribe participó en la reciente III Cumbre América Latina-Unión Europea en Guadalajara donde, tras encuentros por separado con el escritor colombiano Gabriel García Márquez y el presidente francés Jacques Chirac, propuso a su homólogo Vicente Fox que México sirva de veedor en un eventual acercamiento con el ELN.
Betancourt tiene ciudadanía colombiana y francesa, y Chirac expresó a Uribe en Guadalajara nuevamente su apoyo al intercambio humanitario.
Si el gobierno acepta la propuesta presentada por Galán y las poderosas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con unos 30 mil hombres en armas, ratifican un acuerdo político firmado en agosto con la cúpula del ELN, podría salir libre la ex candidata, a quien sus captores catalogan como ôrehén sujeta a un intercambio de prisioneros".
Las minas antipersonal, usualmente fabricadas en las montañas de Colombia, y otros explosivos, son las armas más eficaces y de menor costo para la insurgencia. Entre el 60 y el 70 por ciento de las víctimas de las minas son militares y policías. Según las fuerzas armadas, la mina antipersonal más barata cuesta dos dólares.
El vicepresidente Francisco Santos afirmó en el foro que en 2003 ôcerca de 200 civiles, 460 militares y 3 miembros de grupos al margen de la ley sufrieron accidentes por minas antipersonales", mientras en lo corrido de 2004 ôtenemos información de 76 civiles y 91 militares" víctimas de minas.
Además, el 38 por ciento de los muertos y heridos de la fuerza pública son por minas y explosivos, dijo a IPS un vocero del clandestino Movimiento Bolivariano, adherente a las FARC. El bolivariano agregó que el uso de explosivos es hoy por hoy una de las ventajas militares estratégicas de esa guerilla.
El Plan Nacional de Acción contra Minas Antipersonal, diseñado por la oficina de Santos en cumplimiento de la Convención de Ottawa que prohíbe estas ôarmas pobres", se lleva cerca de un millón de dólares anuales del presupuesto de Colombia, que destina entre cuatro y siete por ciento del PIB a la guerra y a rubros de seguridad, según distintas fuentes.
Según la revista Semana, el gobierno Uribe ôestá buscando con urgencia recursos de cooperación internacional para iniciar el desminado humanitario, es decir, desenterrar los explosivos que día a día ponen los grupos insurgentes".
Santos expresó que, en la eventualidad de que cuaje un acercamiento con el ELN, se trata de ôpedir la suspensión de acciones violentas que afectan a la sociedad y la infraestructura nacional. A una declaración de cese de hostilidades, el gobierno sabrá corresponder con generosidad".
Al tiempo que proclamó en el Senado el estatus beligerante del ELN y de las FARC, Galán dijo que el paramilitarismo de derecha, según la ONU responsable del 80 por ciento de las violaciones a los derechos humanos de civiles en Colombia, es una ôfuerza estatal de represión ilegal", por cuanto sus propios jefes han reconocido que fueron creados por el estado.
El gobierno concentró desde mayo a la mayoría de los jefes paramilitares en una zona de 368 kilómetros cuadrados custodiada por el ejército al norte del país, y les garantizó no perseguirlos judicialmente si cesan el fuego. La mayoría de los cobijados por el acuerdo están pedidos en extradición por Estados Unidos por narcotráfico.
A su vez, las FARC y el ELN figuran en listados internacionales de terrorismo, y un estudio de la estadounidense Rand Corporation financiado por la Fuerza Aérea norteamericana y publicado recientemente incluso catalogó a las FARC como la segunda mayor amenaza para Estados Unidos después de Al Qaeda y antes de Hizbolá, dos grupos extremistas islámicos.
El vocero del ELN informó que se entrevistó con el embajador mexicano Mario Chacón, con quien acordó la exploración de las posibilidades de diálogo con el gobierno Uribe y la facilitación mexicana, sobre lo cual se espera un pronunciamiento de Fox.
"México nos ofreció su casa, como embajada y como nación" y, según el acuerdo con Chacón, ôquedan las puertas abiertas para desarrollar una agenda", dijo el insurgente.
La cancillería mexicana informó que ese país, que participó exitosamente como garante en los procesos de paz de El Salvador (1992) y Guatemala (1996), está conformando un grupo de expertos para trabajar en la nueva misión mediadora, cuya propuesta tendría que ser aceptada por ambas partes.
El Llamamiento de Ginebra ha actuado exitosamente en Filipinas, Birmania, Irak, Somalia, Sudán, Burundi e India para convencer a actores armados de que el minado es una táctica militar que conlleva serias responsabilidades para con las generaciones futuras, puesto que las minas pueden permanecer "vivas" hasta por 80 años.
En agosto, las comandancias de las FARC y el ELN llegaron a acuerdos políticos comunes que califican a Uribe como ôenemigo de la paz" y ôguerrerista por convicción", y ratifican que mientras éste persista en su mano dura no adelantarán ôningún proceso de acercamiento político y diálogo nacional" con su gobierno.
Sin embargo, acordaron persistir conjuntamente en "la política de canje de los prisioneros de guerra y detenidos políticos en poder de las partes", esto es, una cantidad no determinada de guerrilleros presos, quizá 300 a 500, por 21 rehenes civiles como Betancourt y 37 oficiales y suboficiales militares y policiales.
Los uniformados cayeron en manos de la guerrilla en combates, y algunos entraron a su séptimo año de cautiverio. Los civiles fueron capturados en distintos episodios.
Las FARC incluyen entre los sujetos a canje a tres contratistas estadounidenses del Pentágono que cumplían una misión de inteligencia en el marco del Plan Colombia, financiado por Washington, contra la insurgencia y los cultivos de coca.
Estados Unidos se niega al canje de sus ciudadanos, rehenes desde febrero de 2003, pero el jueves pidió en extradición a Simón Trinidad, negociador de las FARC para el intercambio, que cayó preso en Quito en enero cuando cumplía la misión de organizar un encuentro con Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas, y su representante personal en Colombia, James LeMoyne.
La detención de Trinidad, según las FARC, frustró un ôencuentro previsto con representantes del gobierno francés con el propósito de hallar una solución definitiva al cautiverio de Ingrid Betancourt y demás prisioneros de guerra mediante el canje o intercambio humanitario".
El pedido de extradición se sustenta en acusaciones de narcotráfico y toma de rehenes. El trámite demora entre 10 meses y un año, y la firma presidencial es la última instancia decisoria, con lo cual el ajedrez del canje podría desembocar en un ôenroque" de los contratistas a cambio de la no extradición de Trinidad. (
