Un par de años atrás, Anita Alvarado irrumpió en los medios de comunicación de Chile, como la geisha chilena que trabajó como prostituta en Japón. Pero en la conservadora sociedad chilena, nadie se preocupó por la historia de trata de blancas oculta en ese estrellato.
Mientras una víctima de la explotación sexual aparecía abiertamente en la prensa, a nadie importaba cómo Alvarado llegó ser prostituta en el país asiático, donde se casó con Yuri Shida, quien estafó en 11 millones de dólares al Estado japonés.
En una investigación realizada en 2003 por el programa de televisión Contacto, de canal 13, Alvarado aparecía como integrante de una mafia que trasladaba jóvenes chilenas a Japón. Su papel había rotado de víctima a victimaria.
Pero algunos telespectadores desconfiaron del testimonio prestado por varias jóvenes, que ya eran mayores de edad y por tanto vistas como responsables de sus actos. Ese prejuicio suele teñir las valoraciones del tráfico de mujeres, perjudicando a las afectadas, señalan abogados y activistas.
Con ese antecedente, la no gubernamental Corporación La Morada interpuso contra Alvarado una querella penal por trata de blancas. Además, ante la gravedad de ese caso emblemático, el martes 22 de este mes el gubernamental Consejo de Defensa del Estado (CDE) se sumó a la acción legal contra la geisha.
La particularidad de Chile respecto de otros países de la región, es que es un lugar de origen, tránsito y destino de la trata de blancas, dijo a IPS la abogada querellante e integrante de Corporación La Morada, Patsilí Toledo.
Según su análisis, los destinos principales de las mujeres chilenas son Europa occidental, Asia y América del Norte, mientras que en Chile las obligadas a prostituirse son colombianas, peruanas y brasileñas.
Para Toledo, el Estado debería jugar un papel más decidido. Prácticamente no hay iniciativas contra la trata de blancas. Si no hay una acción del gobierno, nadie las va a defender (a las mujeres). Hay negligencia estatal para investigar este tipo de crimen organizado, sostuvo.
El negocio del tráfico y explotación sexual de mujeres está a cargo de mafias que operan mediante estrategias de engaño a las víctimas.
Les ofrecen trabajo y buenos ingresos para tentarlas a emigrar. Pero al llegar a destino, les retienen los documentos, las obligan a prostituirse y se quedan con el dinero que obtienen, amenazándolas con denunciarlas a las autoridades.
La situación de estabilidad económica de este país sudamericano, buena en comparación con muchos de sus vecinos, lo convierte en destino atractivo y rentable para las mafias que trafican mujeres.
Paralelamente, la oferta laboral para jóvenes pobres o sin ingresos suele ser irresistible. Pero el trato al que se las somete constituye una nueva forma de esclavitud.
De hecho, 50 por ciento de las mujeres extranjeras que trabajan en locales nocturnos de los barrios más lujosos de Santiago fueron reclutadas de esta manera, según una investigación de La Morada y el Instituto de la Mujer.
Las formas de reclutamiento incluyen también el secuestro. El engaño a través de ofertas de trabajo a mujeres que nunca han ejercido el comercio sexual permite presumir que, en muchos casos, son el miedo o la vergüenza los que impiden a las víctimas denunciar su situación.
La ausencia de denuncias disimula un problema grave en la sociedad chilena. No sólo existe una importación y exportación de personas, sino que hay tráfico y explotación sexual entre las diversas zonas del país, señalan activistas.
La geografía de Chile determina una gran variedad de rasgos físicos, un factor de exotismo que añade valor agregado a la oferta sexual. Pero este tráfico interno no está penado por la ley.
La necesidad económica hace que algunas mujeres busquen dinero a cualquier precio. En la sociedad de libre mercado todo tiene su precio, incluso la mujer. Todo es comprable, dijo a IPS la socióloga María Eugenia Ruiz-Tagle, del no gubernamental Instituto de la Mujer y quien realizó un estudio sobre el fenómeno junto con Toledo.
El juego del mercado permite cualquier cosa mientras haya alguien dispuesto a pagar y otro con la mercancía que el demandante quiere, sin importar que el producto sea un ser humano, sostuvo.
Además, la visión machista y la relación asimétrica entre hombres y mujeres actúan como coadyuvantes de la explotación.
Frases como 'Ella sabía lo que hacía' o 'Lo hacía porque le gustaba' muestran una mentalidad que aún existe en Chile, dijo Ruiz-Tagle.
Un ejemplo claro fue el llamado caso del psicópata de Alto Hospicio, en la septentrional región de Tarapacá, que conmovió unos años atrás a la opinión pública. Casi 10 jóvenes desaparecieron de sus hogares, y los primeros rumores indicaban que habían sido secuestradas por una mafia de explotación sexual.
Mientras no se dilucidaba el caso, la mayoría de la población optó por considerar que ya eran grandes para saber lo que hacían y que no eran ningunas santas, bajo la única premisa de que pertenecían a familias pobres.
Al final fueron hallados los cadáveres de las jóvenes, víctimas de un asesino serial.
La socióloga Ruiz-Tagle cree que Chile se está poniendo al día y que la ratificación del Protocolo de Palermo sobre Tráfico de Personas, especialmente Mujeres y Niños es una buena señal. Pero aún falta una mayor coordinación entre los organismos involucrados.
Ximena Zavala, directora del Instituto de la Mujer, subrayó que la invisibilidad del delito afecta mucho su combate. El tráfico de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, después del narcotráfico y el tráfico de armas. Pero nadie ve o nadie quiere ver el problema, dijo a IPS.
Según Zavala, la explotación sexual de la mujer no tiene importancia para la sociedad, que suele verla como responsable principal de lo que le pasa. Para afrontarla se requiere una buena legislación, adecuada al derecho internacional. Y la participación del Estado debe ayudar a solucionar esta enfermedad invisible.
La invisibilidad provoca un desconocimiento de casos específicos y de cifras. La premisa de ojos que no ven, corazón que no siente se cumple muy bien y tiene como resultado único la impunidad de estas bandas criminales, señaló.
