La Corte Suprema de Justicia de Chile designó este viernes un juez especial para que investigue las presiones denunciadas por la magistrada Gloria Ana Chevesich, quien instruye un proceso por pagos ilegales y probable desvío de fondos para campañas políticas en el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
El juez Milton Juica deberá esclarecer en un plazo de 15 días este asunto, que además de dar pie a un virtual escándalo político puso en incómoda situación al presidente de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky, quien había dispuesto el miércoles que se archivara la carta en que Chevesich denunció las presiones ante el máximo tribunal.
En el caso MOP-Gate, como se lo conoce en Chile, la jueza Chevesich ha dictado autos de procesamiento contra varias personas, incluyendo al ex ministro de Obras Públicas Carlos Cruz, estrecho colaborador del presidente Ricardo Lagos.
Cruz estuvo algunos meses en prisión por orden de la jueza.
Lagos fue titular de Obras Públicas bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) y renunció a la cartera a fines de 1998 para iniciar la campaña que lo llevó al triunfo en los comicios presidenciales celebrados en dos rondas en diciembre de 1999 y enero de 2000.
En el proceso que instruye la jueza se estableció que Cruz y otros ex altos funcionarios recibieron remuneraciones extraordinarias a través de la consultora Gate, que tenía contratos con el MOP, con lo cual se configuró el delito de fraude fiscal, ya que se trató de rentas no declaradas para efectos tributarios.
Indagaciones emprendidas por la magistrada este año abren sospechas de que parte de los fondos entregados por la consultora a título de remuneraciones se hubieran desviado para la campaña electoral de Lagos, pero el propio presidente negó que ello hubiera ocurrido.
El miércoles, el pleno de la Corte Suprema, de 21 ministros, conoció en una extensa sesión la carta de 15 carillas que Chevesich envió en mayo a Libedinsky, dando cuenta de las presiones recibidas en torno al caso MOP-Gate de un alto magistrado actuando a nombre del gobierno.
Libedinsky tuvo que reconocer ante sus pares que el alto magistrado aludido era él, a raíz de una visita que hizo a fines de febrero a la residencia de la jueza, en la cual hablaron latamente de la investigación.
La carta, cuyo texto no ha sido difundido, aludía también a presiones o intentos de tráfico de influencias de parte de un abogado y de un jefe de la policía de Investigaciones (policía civil).
Chevesich completó ya 16 meses a cargo del caso MOP-Gate, uno de los escándalos de corrupción que golpeó duramente al gobierno de Lagos entre fines de 2002 y comienzos del año 2003.
Hace un año, en su cuenta al Congreso legislativo del 21 de mayo, el presidente propuso una serie de iniciativas legales para combatir los atisbos de corrupción y a la vez mejorar las remuneraciones de altos funcionarios del Estado, para terminar así con sistemas de sobresueldo cuyo fin es impedir que emigren hacia el sector privado.
El miércoles, el pleno del máximo tribunal expresó un irrestricto respaldo a la jueza Chevesich y rechazó las presiones denunciadas por ella, pero no emitió ningún pronunciamiento acerca de los probables involucrados en esos actos.
No obstante, algunos magistrados expresaron públicamente su discrepancia con Libedinsky -quien informó a través de su portavoz, Miguel González, que la carta de la jueza había sido archivada- y señalaron que el asunto estaba lejos de considerarse cerrado.
El jueves a primera hora, el ministro de Justicia, Luis Bates, envió un oficio a nombre del gobierno a la Corte Suprema en que pidió que se hiciera pública la carta de la magistrada y se aclararan sus denuncias, invocando la necesidad de transparencia en los poderes del Estado.
Tanto Lagos, como Bates y otros ministros se abstuvieron sin embargo de pronunciarse acerca de los trascendidos sobre las denuncias de Chevesich, invocando la autonomía de la justicia.
En su nueva reunión de este viernes, a la cual asistieron 17 de sus 21 ministros, el máximo tribunal dio un virtual golpe a Libedinsky con la designación de Juica para investigar las presiones a Chevesich, pero no se pronunció sobre la posibilidad de hacer pública su carta.
Este caso demuestra que es necesario mejorar el actuar de la Corte Suprema, que debe aumentar su transparencia. Se está haciendo algo en ese sentido, pero no es aún suficiente, dijo a IPS el abogado Sebastián Cox, director del capítulo chileno de la organización Transparencia Internacional, orientada a combatir la corrupción.
Cox declinó pronunciarse sobre factores de corrupción que estén interfiriendo la investigación del caso MOP-Gate, señalando que aún los antecedentes son parciales. Las presiones se están conociendo de a poco, dijo.
El abogado y periodista Germán Echeverría también reclamó más transparencia en torno a este caso, ya que el desconocimiento es muy negativo. Hasta ahora solo tenemos los dichos y poco más. Eso genera especulaciones y rumores, señaló a IPS.
Davor Harasic, un ex abogado del Consejo de Defensa del Estado, que medios de prensa mencionaron como uno de quienes ejerció presiones sobre Chevesich, emitió un desmentido, en el cual calificó de conducta inmoral, repudiable y estéril el ejercer presiones sobre un juez.
No obstante, Harasic admitió que se reunió dos veces con la magistrada como abogado de Enrique París, jefe de gabinete del presidente Lagos, quien también está siendo investigado por honorarios extraordinarios que recibió del Instituto de Economía de la Universidad de Chile, cuando trabajaba en el MOP.
