– Activistas de derechos humanos y contra la corrupción expresaron este miércoles a IPS su satisfacción por el acuerdo de la Cámara de Diputados para desclasificar 143 leyes secretas emitidas en Chile por la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
Viviana Díaz, secretaria general de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD), señaló que deben hacerse públicas todas las leyes del período dictatorial, rechazando así la posibilidad de que se mantengan en secreto algunas normas vinculadas a la seguridad nacional.
El proyecto que obligaría a publicar las leyes reservadas del régimen de Pinochet, presentado por ocho parlamentarios de la gobernante Concertación por la Democracia, fue aprobado el martes en la sede del Congreso en Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago, por los votos de 101 diputados y una sola abstención.
La iniciativa, sin embargo, no podrá seguir de inmediato su trámite en el Senado, pues debe volver a la Comisión de Defensa de la cámara baja, que en mayo aprobó el proyecto pero mantuvo como secretas 32 normas, con el argumento de que su conocimiento podía afectar la seguridad del país.
Desde 1900 se expidieron en este país 205 leyes secretas, de las cuales 143 corresponden al período de la dictadura militar, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
Si el proyecto es definitivamente aprobado, en un plazo de un mes luego de su promulgación por parte del presidente Ricardo Lagos, se deberán publicar en el Diario (gaceta) Oficial los textos íntegros de las 143 leyes, o en su defecto de 111, si es que se impone el veto sobre 32 de ellas.
Creo que (las leyes secretas) tienen que ver con el manejo administrativo y de recursos del régimen militar, dijo a IPS Sebastián Cox, abogado y director fundador del capítulo chileno de la organización Transparencia Internacional.
Es un paso muy positivo. Es fundamental para transparentar el accionar de los poderes del Estado. Ojalá que se concrete las desclasificación, agregó Cox.
De acuerdo con la información disponible, las leyes reservadas de la dictadura están vinculadas a manejos financieros y administrativos en beneficio de los intereses militares en el período dictatorial, señaló el jurista.
Estas leyes aluden a todo lo que se debía esconder en esos momentos por la seguridad nacional, pero también debe haber muchas acerca de la privatización de la economía y la política exterior del país, concluyó el director en Chile de Transparencia Internacional, especializada en el combate a la corrupción.
Durante la dictadura, Pinochet ejerció la jefatura del Estado, mientras que el Poder Legislativo radicó en la Junta de Gobierno, integrada por los comandantes de la armada, la fuerza aérea, la policía de carabineros y el vicecomandante del ejército, cargo que se eliminó en marzo de 1998.
La Junta se sometió casi permanentemente a los dictados de Pinochet, quien impuso la hegemonía del ejército sobre las otras ramas castrenses y la utilizó para avalar tanto la implantación de un régimen represivo como para crear un marco legal de sustento al modelo económico neoliberal.
En las tres oleadas privatizadoras, que implicaron un desmantelamiento del aparato estatal productivo, financiero y de servicios, fueron favorecidos militares de alto rango y civiles afines a la dictadura, incluyendo a familiares de Pinochet. Algunas de esas privatizaciones fueron avaladas por leyes secretas.
El régimen recurrió asimismo a las leyes secretas durante el período de tensiones bélicas que se vivió entre 1978 y 1983, con conatos de conflictos con Perú y Bolivia en la frontera norte de Chile y con Argentina en el austral Canal de Beagle.
En esos años, que coincidieron también con la guerra de 1982 entre Argentina y Gran Bretaña por las australes islas Malvinas, se habrían expedido la mayoría de las disposiciones secretas que hoy aparecen rotuladas como de interés para la seguridad nacional.
La desclasificación es una iniciativa muy importante, porque nos va a permitir conocer las leyes de la dictadura y porque es fundamental recuperar la memoria histórica. Ojalá fueran reveladas todas las leyes secretas, comentó Viviana Díaz.
Nos gustaría saber (a través de la desclasificación) el accionar de los órganos represores, lo que los militares hacían, agregó la activista.
Es probable que a través de la esperada desclasificación se conozcan en detalle los decretos que dieron nacimiento a los organismos represores, como la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) y la CNI (Central Nacional de Informaciones) y que las dotaron de recursos para perseguir a los opositores a la dictadura.
Durante el régimen de Pinochet unas 3.000 personas fueron víctimas de violaciones de derechos humanos, entre desaparecidos, asesinados y fusilados en juicios de cortes marciales.
La abogada Ana Piquer, presidenta de la sección chilena de Amnistía Internacional, valoró también el acuerdo de la Cámara de Diputados.
Amnistía Internacional siempre ha dado su apoyo al conocimiento de la verdad como elemento esencial en la defensa de los derechos humanos, señaló Piquer a IPS.
Creemos que en la medida en que haya claridad respecto de los hechos y las decisiones que se toman o se tomaron en cualquier período de nuestra historia sobre materias de trascendencia para el país, se podrá avanzar como sociedad, sentenció.
La iniciativa parlamentaria que permite conocer las leyes secretas puede ser un avance en ese sentido, subrayó.
