Las autoridades brasileñas investigan una red de corrupción que se arrastra desde los años 90 y que incluyó una estafa contra el Ministerio de Salud de ese país de unos 650 millones de dólares, utilizando para ello empresas que funcionan en Uruguay en una modalidad de sociedad anónima que le permite operar con las instituciones financieras externas de este país (bancos off shore).