Brasil trata de promover una reforma agraria en un panorama de gran informalidad rural y desconocimiento de la realidad de la propiedad de la tierra, factores que favorecen la violencia.
Casi un cuarto del territorio nacional (200 millones de hectáreas equivalentes a la superficie de México) no tiene dueños conocidos, ya que no hay registro legal de su propiedad.
Además, viven en el campo 1,2 millones de familias de ”posseiros”, campesinos que ocupan tradicionalmente un pedazo de tierra y tienen derecho a su propiedad, pero no poseen títulos que les aseguren la ocupación legal de los predios.
Mientras, nueve millones de trabajadores rurales son, ellos mismos, indocumentados.
Estos datos fueron destacados este martes por el ministro del Desarrollo Agrario, Miguel Rossetto, en su testimonio ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre cuestiones agrarias y violencia rural.
Rossetto aseguró que cumplirá la promesa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de otorgar predios rurales a 400.000 familias en los cuatro años del actual gobierno, hasta fines de 2006. En 2003 fueron asentadas 37.000, y la meta de este año es alcanzar a 115.000 familias, un cuarto de las cuales ya recibieron su tierra.
Son objetivos factibles, sostuvo el ministro, porque hay tierra disponible en extensión más que suficiente y se aceleró el proceso de asentamiento, que antes demoraba 505 días, a un promedio de sólo 166.
Rossetto prometió también un gran esfuerzo para legalizar la propiedad de los posseiros y de antiguos esclavos de origen africano, que viven en comunidades aisladas en el interior de Brasil.
El movimiento de los campesinos, sin embargo, vivió una intensa agitación en los últimos meses, ante la lentitud de los asentamientos desde la asunción del actual gobierno, en enero de 2003. Durante la administración anterior, el promedio anual de asentamientos alcanzaba a 80.000 familias, mientras el año pasado sólo se efectuaron 37.000.
En marzo y abril, la más activa organización campesina, el Movimiento de los Sin Tierra (MST) protagonizó 135 ocupaciones de haciendas, con la participación de 33.411 familias en 20 de los 26 estados brasileños.
El MST estima en 200.000 las familias que viven actualmente en campamentos precarios, en propiedades ocupadas o locales públicos, a la espera de tierras. El gobierno anunció que su asentamiento será prioritario.
En los últimos tiempos se multiplicaron asimismo las organizaciones campesinas, adoptando las mismas formas de lucha del MST, como ocupaciones de predios rurales y oficinas estatales, y manifestaciones que incluyen largas marchas por las carreteras.
Ante la presión, el gobierno anunció la meta de asentar a 400.000 familias de 2003 a 2006, además de propiciar mejores condiciones a los nuevos colonos, como acceso a créditos.
El ministro Rossetto reconoció que menos de la mitad de los asentados logran acceder a créditos para la pequeña agricultura familiar y asistencia técnica.
La violencia rural es otra queja de los campesinos sin tierra.
El 17 de abril, mes tradicional de movilizaciones, se instituyó el Día Mundial de Lucha Campesina, en recuerdo de la masacre de 19 manifestantes perpetrada en 1996 en Eldorado de Carajás, septentrional estado de Pará. Casi todos los policías que cometieron ese crimen están impunes.
La Comisión Pastoral de la Tierra, órgano de la Iglesia Católica, registró 71 asesinatos de campesinos y sus defensores el año pasado, contra 41 casos en el año anterior, indicando que recrudeció la violencia en conflictos por la tierra en el actual gobierno del izquierdista Partido de los Trabajadores, al que el MST aún considera ”un aliado”.
Más de 40 por ciento de esos asesinatos tienen lugar en Pará, lo cual exige una actuación concentrada de las autoridades en ese lugar, dijo el diputado Joao Alfredo Melo, relator de la CPI.
Hay ”indicios” de que podría ocurrir una nueva tragedia en Pará, similar a la del municipio de Eldorado de Carajás, advirtió el diputado.
El Poder Judicial es una traba al proceso de reforma agraria y de reducción de la violencia, había dicho en mayo el presidente de la Comisión Pastoral, obispo Tomás Balduino, en declaraciones a la CPI.
Además de contribuir a la impunidad de los asesinatos, pues casi todos sus responsables no han sido juzgados, la justicia en general impide la expropiación de tierras improductivas que deberían destinarse a la reforma agraria, sostuvo el obispo.
