La última negativa de la dictadura birmana a recibir la visita de un observador de la ONU deja en evidencia las grandes divisiones del régimen militar respecto del proceso de reconciliación nacional.
Dos semanas después del inicio de las sesiones de una convención constituyente y a un año del arresto de la líder opositora Aung San Suu Kyi, Rangún optó por aislarse del mundo al rechazar la visita del relator especial de la ONU sobre derechos humanos, Paulo Sergio Pinheiro.
El gobierno birmano desperdicia la oportunidad de que sus puntos de vista se incorporen en mi informe, dijo a IPS el funcionario de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
Pinheiro presentará su informe sobre Birmania a la Asamblea General de la ONU en julio. El relator confiaba en reunirse con el primer ministro general Khin Nyunt, sus ministros, Aung San Suu Kyi, otros líderes prodemócratas y con representantes de minorías étnicas.
La prioridad del funcionario, que visitó Birmania por última vez en diciembre pasado, era analizar la marcha de la Convención Nacional constituyente, que comenzó a sesionar el 17 de mayo.
Al profesor Pinheiro no se le prohibió entrar, sino que se le solicitó que esperara por un momento conveniente para hacer su visita, dijo un portavoz del gobierno militar.
Pero ésta es la segunda vez en tres meses que se le niega el ingreso al relator de la ONU. Antes, quiso visitar Birmania en marzo para informar a la Comisión de Derechos Humanos del foro mundial en abril, en Ginebra.
Entonces hubo negociaciones secretas entre Aung San Suu Kyi y los generales, así como reuniones entre la líder detenida y dirigentes de su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND). El sector resolvió en abril boicotear la Convención Nacional.
La reticencia del régimen a permitir la visita de Pinheiro se relaciona con las grandes divisiones entre los generales sobre cómo implementar los planes de reforma política.
El primer ministro Khin Nyunt cree en la necesidad de que el denominado proceso de reconciliación nacional incluya a Aung San Suu Kyi y a los partidos prodemocráticos.
Diplomáticos asiáticos concluyen que no hay duda en cuanto a la existencia de profundas diferencias entre las principales figuras del régimen en torno de cómo tratar con la LND.
Than Shwe ha dicho en reiteradas ocasiones que los partidos políticos son innecesarios en el proceso de redacción de una constitución.
Los partidos políticos competirán en las elecciones, luego de que la nueva constitución esté aprobada, dijo Than Shwe al enviado especial de la ONU a Birmania, Ismail Razali, en visitas anteriores a Rangún.
Mientras los uniformados de línea dura no ven un papel para los partidos, el primer ministro, a la cabeza de los elementos más pragmáticos en la inteligencia militar y en la administración pública, creen que un proceso que incluya a la oposición permitiría obtener el respaldo de la comunidad internacional.
En los últimos meses, el primer ministro Khin Nyunt dijo a Razali y al canciller de Tailandia, Surakiart Sathirathai, que todas las decisiones finales sobre el proceso de reconciliación nacional están en manos de Than Shwe, quien, de todos modos, no está solo.
El poderoso militar estableció un comité que incluye a los generales Khin Nyunt, Maung Aye, Thura Shwe Mann, Soe Win y Thein Sein, con el fin de supervisar todos los aspectos del proceso de reconciliación nacional.
Nada se hace sin el aval de Than Shwe.
Miembros de la Convención Nacional han sido advertidos de que no deben informar a nadie ajeno al órgano sobre la marcha del debate, y hasta fueron amenazados con hasta 20 años de cárcel si critican los procedimientos internos o hacen comentarios opositores.
Los medios de comunicación controlados por el gobierno insisten en que la Convención marca un momento histórico, pero ni Than Shwe ni Khin Nyunt participaron en la ceremonia de apertura.
Al parecer, los generales no quieren que se los vincule demasiado con una discusión cuyo contenido, de todos modos, dominan.
Khin Nyunt no quiere discutir los avances de la Convención Nacional, ni que la Convención Nacional lo critique. Y eso es algo que no habría podido evitar si Pinheiro concretaba su visita, dijo un diplomático occidental radicado en Rangún.
El primer ministro tampoco está dispuesto a contestar preguntas de Pinheiro sobre el encarcelamiento de Aung San Suu Kyi, a quien el régimen quiere mantener aislada por temor a que condene abiertamente la Convención, según un alto funcionario de la ONU.
Pinheiro no fue el único funcionario internacional a quien se negó el ingreso a Birmania. Al enviado especial del gobierno indonesio, el ex canciller Alí Alatas, se le prohibió visitar el país en abril. Tampoco Razali pudo viajar a Rangún.
El nerviosismo en filas de la inteligencia militar es extremo, dijo un funcionario de la ONU. Parece que todos corrieran a cubrirse en previsión de una reacción violenta contra ellos.
En las elecciones de 1990, la LND obtuvo 80 por ciento de los sufragios.
Desde esas elecciones, la dictadura dejó sin efecto las libertades políticas y reprimió a cualquier persona que percibiera como una amenaza para su poder. Aung San Suu Kyi es una de las víctimas habituales, pues fue puesta en arresto domiciliario en varias ocasiones.
La falta de vocación democrática de la junta volvería a salir a la luz en la Convención Nacional, porque la ley 5/96 de la dictadura prohíbe cualquier manifestación crítica a la modalidad de discusión diseñada por los militares para el órgano.
Aun peor, la norma prohíbe a los convencionales diseñar un proyecto alternativo a la constitución que establezca el régimen, y fija restricciones a los discursos, que deben ser escritos de antemano y aprobados por la junta.
Los que violen la ley 5/96 pueden ser condenados a penas que van de los cinco a los 20 años de prisión.
El proyecto de constitución de los militares asigna a las fuerzas armadas un papel central en la política nacional, según Bejoy Sen, del no gubernamental Consejo de Abogados de Birmania.
Las sesiones de la Convención Nacional que se abrieron en 1993 para redactar una constitución terminaron de forma abrupta cuando la LND se retiró del órgano en 1996 en protesta por la represión que sufría el país.
En esa ocasión, un poarlamentario fue condenado de acuerdo con la ley 5/96 a 20 años de prisión por distribuir copias de un discurso que no había sido aprobado por las autoridades militares.
Suu Kyi y altos dirigentes de la LND fueron arrestados en mayo de 2003, el mismo día en que matones simpatizantes de la dictadura los atacaron violentamente. Se trata, apenas, de la última detención a la que fue sometida la líder desde la irrupción de los militares en el poder, en 1988.
