A pesar de las críticas de grupos ambientalistas y de las denuncias judiciales de organizaciones indígenas, el gobierno de la noroccidental provincia argentina de Salta desafectó una reserva natural de 20.000 hectáreas, la loteó y la otorgó este jueves en subasta a varias empresas agrícola-ganaderas.
Decenas de activistas de la organización no gubernamental (ONG) Greenpeace, vestidos como vampiros, protestaron este jueves ante el edificio del Ministerio de Salud en Buenos Aires y montaron un irónico brindis para celebrar el remate de la reserva Pizarro, en la localidad salteña de Anta.
En ese espacio protegido creado por el gobierno provincial en 1995 viven cerca de 3.000 habitantes que deberán migrar, entre ellos un centenar de miembros de una etnia indígena wichi. Los vampiros de Greenpeace agradecieron a las autoridades nacionales su inacción frente a las denuncias contra la desafectación de la reserva.
El ejecutivo provincial, a cargo del gobernador Juan Carlos Romero, envió en marzo un proyecto de ley al congreso del distrito para desafectar la reserva y colocarla a la venta, con el argumento de que necesita obtener recursos para pavimentar rutas provinciales. Los legisladores aprobaron el proyecto.
Desde entonces, las comunidades indígenas, los pobladores de Pizarro, legisladores nacionales y ONG ecologistas como Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Fundación Vida Silvestre reclaman que se ponga freno al proceso de venta de esas tierras.
Pero esos pedidos fueron desoídos y finalmente comenzó la subasta. El gobierno dividió la reserva en siete lotes y en menos de 24 horas entregó todas las tierras a tres empresas distintas, todas dedicadas a la explotación agrícola-ganadera.
En diálogo con IPS, Emiliano Ezcurra, representante de la campaña Biodiversidad de Greenpeace, señaló que la reserva constituye uno de los últimos remanentes del bosque nativo de yungas (la llamada selva de montaña, o selva nublada, vinculada con la cordillera de los Andes), que será arrasado por las empresas en busca de la expansión de la frontera agrícola-ganadera.
Las organizaciones defensoras del ambiente denuncian desde hace casi dos años las consecuencias que tiene la expansión de los cultivos, particularmente de soja, que arrasan con bosques y tierras de comunidades indígenas en provincias al norte del país.
Para justificar la venta, el gobierno de Salta argumenta que es una reserva degradada, saqueada por la población del lugar, pero eso es falso, es un bosque en plena expansión, y además, si fuera cierta la degradación, ¿donde estaba el gobierno que no la preservó?, comentó Ezcurra.
El dirigente, que participó de la protesta realizada este jueves, señaló que el gobierno nacional no puede ignorar este problema y debe intervenir para evitar que la fiebre de la soja siga destruyendo el último tercio de bosque nativo que queda en Argentina, y el desalojo de pobladores de esas tierras, remarcó.
Las comunidades que viven dentro de la reserva y los pobladores que utilizan los recursos del bosque para su supervivencia presentaron un recurso de amparo ante la justicia por afectar los derechos indígenas a la tierra, su participación en la gestión de los recursos naturales y el derecho de todos a vivir en un ambiente sano.
Comenzó un juicio para determinar si es legal la venta de la reserva, pero no se aceptó el pedido de frenar la subasta. ONG ambientalistas también presentaron sin éxito recursos de amparo judiciales, y están a la espera de sentencias.
Los grupos opuestos a la venta, además de presentar esos recursos, realizaron protestas en Salta y Buenos Aires, se reunieron con autoridades provinciales, y finalmente reclamaron este jueves ante el Ministerio de Salud, del que depende la Secretaría de Medio Ambiente.
El gobierno nacional hace tres meses que sabe que esta reserva se iba a vender y no hizo nada, debería actuar urgentemente, tratando de encontrar una salida política a este problema, en lugar de ampararse en el argumento de la potestad de las provincias para administrar sus recursos naturales, alegó Ezcurra.
El diario La Nación destacó en su editorial de este jueves que el de Pizarro es el primer caso en el que una provincia argentina decide pasar por alto el estado jurídico asociado a los bienes naturales que integran el patrimonio permanente de la ciudadanía con un fin sólo económico y coyuntural.
La legitimidad de esta decisión provincial resulta cuestionable desde el punto de vista legal, porque introduce una nueva forma de violación del Estado de derecho en el país, en un ámbito en el que ningún gobernante se había animado a violar hasta ahora: el de las áreas protegidas, añadió. (
