Los acreedores argentinos de la deuda pública, impaga desde hace 29 meses, ven avances en la oferta de reestructuración presentada el martes por el gobierno, pero están disconformes pues un pequeño bonista tendrá igual trato que un «fondo buitre».
"Nuestros bonistas, que tienen en promedio 65 años, no podrán esperar 42 para cobrar y se verán obligados a vender esos títulos a los buitres", advirtió a IPS Carlos Báez Silva, dirigente de la Asociación de Ahorristas de la República Argentina (AARA), creada tras la suspensión de pagos de diciembre de 2001.
Báez Silva se refería a los fondos buitres, especuladores financieros que compran papeles depreciados de deuda de países en desarrollo en el mercado secundario, para demandar luego el pago completo de la misma más los intereses capitalizados.
Los tenedores locales de deuda constituyen casi 40 por ciento de los acreedores damnificados por el cese de pagos argentino.
La mayoría son jubilados, profesionales, pequeños empresarios, proveedores del Estado, trabajadores o amas de casa. Están representados en tres entidades, una de las cuales reúne a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
Estas últimas -que administran e invierten aportes de trabajadores activos para sus futuras pensiones por retiro- tenían casi la mitad de su cartera colocada en bonos del Estado que cayeron en "default" (cese de pagos) a fines de 2001, cuando colapsó la economía argentina.
Ahora se les ofrece un nuevo bono (cuasi-par) en moneda local, con una plazo de entre 32 y 42 años, y un interés de 5,7 por ciento, pero que no tendrá en cuenta la inflación.
El ministro de Economía Roberto Lavagna anunció el martes una oferta mejorada de reestructuración de la deuda con acreedores privados, estimada en 81.200 millones de dólares.
El gobierno incluye ahora los intereses acumulados desde el default hasta el 31 de diciembre de 2003, lo que eleva el monto a refinanciar a 99.400 millones.
Sobre esta deuda de mayor volumen que la considerada en la primera oferta argentina de septiembre del año pasado (pues no incluía los intereses), Buenos Aires se propone aplicar una quita de capital de 75 por ciento, es decir 60.900 millones de dólares, lo que dejaría la nueva deuda en 38.500 millones.
Pero si la adhesión de los acreedores a los nuevos bonos es mayor a 70 por ciento, el Estado reconocerá ese esfuerzo incluyendo en el monto total los intereses devengados desde el 31 de diciembre de 2003 hasta el último día de junio de este año, elevando la deuda a reestructurar a 104.100 millones de dólares.
Entonces, al aplicar la quita de capital de 60.900 millones, la deuda con acreedores privados puede llegar a 43.200 millones.
Además, la propuesta establece tres tipos de nuevos bonos con distintas tasas de interés y monedas, y plazos de recuperación total del capital de entre 30 y 42 años.
El gobierno argentino propone asimismo para cada bono el pago de un cupón extra, si se registra un crecimiento del producto interno bruto superior a tres por ciento anual desde 2005 –lo que aumenta el eventual volumen de deuda a reestructurar-, pero advierte que no habrá pagos al contado, y que ésta es su última oferta.
Por otra parte, el Estado argentino mantiene otro endeudamiento de 80.000 millones de dólares -que honra regularmente- con agencias multilaterales de crédito y bonistas que compraron papeles después del cese de pagos, muchos de ellos bancos privados. En total, la deuda argentina ronda los 180.000 millones de dólares.
Varios acreedores extranjeros rechazaron la propuesta por "unilateral e inconsulta", mientras los tenedores locales se manifestaron más proclives a aceptar las mejoras y seguir negociando.
Para Báez Silva la propuesta "es un avance" respecto del plan lanzado por Lavagna a fines de septiembre en Dubai, Emiratos Arabes Unidos, durante la reunión conjunta del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pues no reconocía los intereses acumulados desde el cese de pagos.
Pero la AARA –con 400 socios y más de 2.000 adherentes- aún espera respuesta a su pedido de trato diferenciado a bonistas particulares e institucionales, iniciativa que había sido bien recibida por el Ministerio de Economía en una ronda de diálogo con los acreedores, en marzo.
Los bonistas de la AARA también reclaman que se reconozca a los tenedores individuales argentinos el precio real de compra del título que, en general, fue alto. La mayoría compró bonos por 85 y 95 por ciento de su valor, estimó Báez Silva, y algunos simplemente se vieron obligados a aceptar papeles como forma de pago.
"Muchos de nuestros socios son jubilados o proveedores del Estado que recibieron bonos como forma de cancelación de sus deudas", explicó el dirigente de la AARA.
Estos bonistas no estaban en el mercado financiero especulando para obtener ganancias, añadió.
"No pretendemos cobrar 100 por ciento de los bonos, pero una quita de 75 por ciento es el otro extremo", sostuvo.
El acreedor se mostró optimista respecto de que el gobierno considere el trato diferenciado. "Así como se flexibilizó la propuesta de Dubai, que parecía inamovible, también ahora puede haber nuevos cambios", opinó.
Habrá "una tercera ronda" de ofertas después de las conversaciones entre gobierno y acreedores de este mes. "Apuntamos a eso, porque descontamos que no habrá una aceptación de la propuesta de 70 por ciento (de los acreedores) como calcula el ministro Lavagna", vaticinó Báez Silva.
Otra agrupación de acreedores locales, la Asociación de Damnificados Argentinos por la Pesificación y el Default, vio en forma positiva la nueva oferta, pero anunció que seguirá negociando un pago en efectivo para los bonistas, que necesitan el dinero "para seguir viviendo".
