”Las leyes son para los 'huincas' (blancos). Para nosotros la democracia aún no llegó”, dijo a IPS Mauro Millán, líder indígena del sur argentino, tras el fallo judicial que restituyó al grupo empresarial italiano Benetton 300 hectáreas reivindicadas por una familia mapuche.
Un juez de la austral provincia de Chubut falló el lunes por la noche contra Atilio Curiñanco y Rosa Rúa Nahuelquir, una pareja mapuche que había ocupado el predio en 2002 con sus cuatro hijos.
Los indígenas deben renunciar a esas tierras pues pertenecen a la Compañía de Tierras Sud Argentino, dueña de 970.000 hectáreas en la zona y controlada por la corporación italiana de la vestimenta Benetton, según el fallo.
La familia mapuche había presentado un pedido al Instituto Autárquico de Colonización (IAC) de Chubut para ocupar un terreno fiscal en el área que habitaron sus ancestros. Tras seis meses de trámites sin respuesta oficial formal, ocuparon el predio, araron y sembraron, repararon alambrados, comenzaron a criar ganado y levantaron una vivienda precaria.
Según Curiñanco, la familia presentó su proyecto por escrito al IAC, y éste los autorizó ”de palabra” a instalarse en agosto de 2002.
Pero dos meses después, una docena de policías, armados y con perros, irrumpió en el terreno, en la zona de Leleque, y los desalojó, argumentando que pertenecía a una finca del grupo Benetton.
La empresa demandó penalmente a la familia por resistir el desalojo, e inició otra querella para definir la cuestión de la propiedad de la tierra. Los Curiñanco-Rúa Nahuelquir rechazaron los intentos de acuerdo extrajudicial iniciados por la compañía.
Aunque fueron sobreseídos en el proceso penal, perdieron el juicio por la ocupación del predio.
El portavoz de la compañía, Alberto Mazzucchelli, sostuvo que ”ahora el gobierno nacional y el provincial tendrán que abocarse a solucionar el problema de vivienda de la comunidad mapuche. Nosotros somos una empresa que otorga principalmente puestos de trabajo”, subrayó.
El caso había despertado expectativa, convertido en prueba del cumplimiento de los derechos indígenas consagrados en leyes provinciales y en la Constitución de este país de 37 millones de habitantes, con una población aborigen de entre 800.000 y dos millones de personas, según estimaciones no oficiales.
Las normas nacionales garantizan a los indígenas ”la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan” y aseguran que ”ninguna (de esas tierras) será enajenable”, según reza la carta magna.
Pero la justicia avaló el violento desalojo de los mapuches, en el cual fueron detenidos y se les secuestraron sus herramientas de labranza (el arado y la yunta de bueyes).
Y ahora otorga la ”restitución definitiva” de las tierras a Benetton, tomando como base de la sentencia un registro catastral que data de 1896, cuando los mapuches de esa zona del país resistían una campaña militar conocida como la ”conquista del desierto”.
En aquella ofensiva, miles de aborígenes murieron a manos del ejército que, mientras conquistaba tierras, las entregaba a particulares para su explotación.
En 1896, en plena conquista, las 970.000 hectáreas de marras (controladas por Benetton desde 1991), fueron ”obsequiadas” por el gobierno a la Compañía de Tierras Sud Argentino, de origen británico.
Los mapuches creen que esa cesión debería ser investigada por el Congreso legislativo porque esa empresa se creó simultáneamente a la entrega de las fincas.
”En el siglo XIX, Argentina se abría a la inmigración extranjera, pero a los indígenas nos exterminaban, por eso se obsequiaron las tierras de la Patagonia a los ingleses con todas nuestras comunidades en el interior”, remarcó Millán, de la Organización de Comunidades Mapuche-Tehuelche 11 de Octubre.
El líder indígena se refería a la preponderante presencia de terratenientes de origen británico en esa zona austral del país, rica en ganadería ovina, petróleo y gas natural.
Millán esperaba una sentencia favorable a los mapuches, que hubiera dado pie al regreso a sus tierras de miles de indígenas, desplazados a las grandes ciudades patagónicas en busca de empleo.
Pero eso no ocurrió porque ”la justicia y las leyes son de los huincas”, dijo.
Antes de que los españoles llegaran a lo que hoy son Argentina y Chile, en el siglo XV, los mapuches (en su lengua, gente de la tierra) vivían en las zonas australes de ambos territorios.
En Chile, subsisten un millón y medio de mapuches, pero en Argentina se reducen a 200.000 personas, 94 por ciento de las cuales no tienen títulos de propiedad de sus tierras, según una investigación realizada por el católico Equipo Nacional de Pastoral Aborigen.
”Las comunidades mapuches de Argentina fueron arrinconadas y empujadas a vivir en las peores tierras, las más áridas e inhóspitas. Solo se les permite ocupar predios fiscales, pero no se las asiste para realizar los trámites de tenencia definitiva como indica la ley provincial”, explicó a IPS el abogado Gustavo Macayo, patrocinante de la familia Curiñanco-Rúa Nahulequir.
En otro caso en el que intervino, Macayo logró enjuiciar por mal desempeño al magistrado que había dispuesto el desalojo de los mapuches. En el proceso, el juez Eduardo Colabelli fue destituido por sus frecuentes fallos racistas y un total desconocimiento del derecho, según indicó el tribunal.
Mientras aún estaba en funciones, el juez Colabelli ordenó la expulsión de Curiñanco y su familia.
”Más allá de este resultado adverso, el tema de fondo debe seguir. Aún está pendiente una exhaustiva investigación sobre esa cesión de tierras que dio origen a un feudo equivalente a casi un quinto de la provincia de Chubut”, dijo Macayo, defensor de mapuches y tehuelches en varias querellas por tenencia de tierras, discriminación y problemas laborales.
”La mayoría de los mapuches viven hacinados en cordones urbanos en las ciudades de Esquel, Comodoro Rivadavia o El Maitén, y son víctimas de constantes desalojos, en muchos casos violentos”, detalló el letrado.
”Sin embargo, la inacción del Estado es permanente, es una desidia absoluta que deja el campo libre para que los estancieros (hacendados) vayan avanzando”, agregó.
El problema lleva más de un siglo y continuará, por la precaria situación legal de los indígenas respecto de sus tierras, estimó Millán. Sus abuelos, recordó, fueron desalojados de un predio comunitario, y sus padres fueron empleados de una hacienda de la Compañía de Tierras Sud Argentino.
”Nuestra gente solo puede tener acceso a tierras fiscales sin títulos de propiedad, los títulos son para los recién llegados, sean italianos, alemanes o suizos, pero nosotros, que habitamos estas tierras desde siempre, no tenemos ese derecho”, subrayó el dirigente.
Millán fue procesado por protestar contra los desalojos. En su opinión, el Estado sólo se hace presente cuando se trata de despojar a los indígenas de sus derechos, mediante la policía y la justicia.
”Me pregunto siempre, ¿qué pasa cuando una familia mapuche decide ejercer su derecho de volver a su tierra y a sus costumbres? Parece que no tenemos esa libertad. Se habla mucho de democracia y derechos humanos, pero para nosotros, los indígenas, ese momento todavía no llegó”, lamentó el líder indígena.
