El gobierno de España dispuso fuertes inversiones para restaurar tierras y otras medidas de preservación ambiental, ante el grave peligro de desertificación que afecta a 31,50 por ciento del territorio nacional.
Entre las medidas previstas se cuentan implementar reforestaciones, tratamientos silvícolas de conservación, mejora de la cubierta vegetal y deslinde de las costas de mares y ríos para evitar construcciones irregulares en sus orillas que, además de ser ilegales, las contaminan y erosionan, explicó a IPS la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.
En la actualidad, solamente uno por ciento de los miles de kilómetros de los cauces de los ríos españoles están deslindados, señaló Narbona. En cambio, esa demarcación de tierras alcanza en las costas marítimas al 60 por ciento.
Sin embargo, los deslindes por sí solos no evitan los problemas pues, según Ecologistas en Acción, que agrupa a tres centenares de organizaciones no gubernamentales, en España existen más de 40.000 construcciones ilegales (casas, edificios de viviendas, campamentos, polideportivos e incluso colegios) que ocupan zonas de alto riesgo de inundación.
El turismo es el sector que más ingresos proporciona a la economía de este país, con 41 millones de habitantes y que recibe más de 55 millones de visitantes cada año, en especial en la época estival.
Esa actividad turística es también la que más afecta negativamente a las zonas costeras, tanto del océano Atlántico al norte y de las Islas Canarias, frente a la costa occidental de Africa, como del mar Mediterráneo.
En ese sector la expansión urbanística desenfrenada ha desbordado la capacidad de carga de los sistemas costeros y ha congestionado sus espacios turísticos, según Fernando Prats, arquitecto urbanista y director de varios proyectos medioambientales.
Narbona ha planteado ya en el seno del gobierno una medida que contribuirá a evitar ese desenfreno, combatiendo el recurso muy utilizado de provocar incendios en zonas boscosas y después, al quedar baldíos los terrenos, solicitar y obtener permisos de los municipios para construir edificios.
La ministra propone una ley que establezca un plazo mínimo de treinta años para cambiar la calificación de los suelos.
Otro problema enfrentado por el nuevo gobierno, encabezado por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, surge de la escasez de agua dulce, en un país con tradición e industria agropecuaria fuertes, lo que hace que ese sector consuma 80 por ciento del total de los recursos hídricos.
Ese consumo ha hecho que España sea el cuarto país del mundo con mayor número de grandes represas, al tener más de 1.200 y que ningún río esté sin regular desde su nacimiento hasta la desembocadura. Precisamente la decisión del gobierno de anular la decisión de su antecesor de trasvasar el río Ebro es una de las más importantes y polémicas a la vez.
El río Ebro nace en la cordillera Cantábrica, ubicada sobre la costa norte de España, y tras atravesar 928 kilómetros y cubrir una cuenca de 84.000 kilómetros cuadrados desemboca en el mar Mediterráneo, en la nororiental costa española de Cataluña.
Este río es el segundo más caudaloso del país, con 614 metros cúbicos de agua por segundo y en su desembocadura tiene un delta de 320 kilómetros cuadrados.
El anterior gobierno español, del centroderechista José María Aznar, dispuso un trasvase de ese río hasta mil kilómetros al sur, para llevar agua a Valencia y Murcia, dos de las 17 comunidades autónomas que integran España y que están gobernadas por miembros su partido, el Popular (PP).
Narbona considera un absurdo hacer un trasvase de esa magnitud, máxime si se tiene en cuenta que para que llegue hasta Valencia y Murcia el agua debe ser bombeada hasta 1.000 metros de altura, a efectos de traspasar una zona montañosa que está a mitad de camino.
Además de afectar negativamente al delta del Ebro y a las zonas que actualmente utilizan su agua y de requerir 900 kilómetros de canales y tuberías, que son también un peligro para la salud medioambiental.
La alternativa dispuesta por el gobierno de Zapatero es construir plantas desalinizadoras para hacer potable agua del mar Mediterráneo y aportar 1.058 hectómetros cúbicos anuales a Valencia, Murcia, Cataluña y Andalucía, con una inversión superior a los 3.000 millones de euros (3.747 millones de dólares).
Los críticos de esta medida y en especial los gobiernos de Valencia y Murcia argumentan, entre otras cosas, que la sal quitada al agua al ser vertida nuevamente al mar creará depósitos salinos fuertemente contaminantes.
La ministra rechazó ese argumento pues, señaló, el problema se evita si las sales extraídas se licúan levemente antes de reintegrarlas al mar, lo cual está claramente contemplado.
De lo que se trata, añadió, es evitar el despilfarro de recursos y asegurar la estabilidad de un desarrollo más equilibrado, sostenible y concertado en todos los territorios a los que hubiera afectado el trasvase del Ebro.
El presidente del gobierno autónomo de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, consideró positivo construir desalinizadoras, pero sólo como complemento a un trasvase desde el Ebro, que sigue reclamando por la cual está dispuesto a llegar incluso hasta el Tribunal Constitucional, por considerar que el gobierno central no puede anular por decreto una ley, como la que dispuso el trasvase.
