El gobierno de Venezuela involucró al comandante del ejército de Colombia, general Martín Carreño, en acciones opositoras contra el presidente de este país, Hugo Chávez, luego del arresto de 86 presuntos paramilitares colombianos en una finca cercana a Caracas.
Carreño negó este martes toda participación en el caso.
El vicepresidente venezolano José Vicente Rangel dijo el lunes que en el cuartel del Grupo Maza, de la nororiental ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, se reunieron en marzo Carreño e integrantes de la coalición opositora venezolana Coordinadora Democrática.
Rangel hizo el señalamiento al subrayar la gravedad de que paramilitares colombianos, muchos de ellos reservistas del ejército de su país, fuesen traídos de Cúcuta a Caracas por opositores radicales que urdirían un complot contra el gobierno.
Los paramilitares, desarmados y vestidos con uniformes del ejército venezolano, fueron capturados en una finca propiedad de Robert Alonso, un opositor de Chávez cuyo paradero se ignora, aunque algunos medios lo ubican en la ciudad estadounidense de Miami.
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Carreño dijo en Bogotá desconocer cualquier plan para derrocar a Chávez. Rechazo la acusación. Eso es sumamente grave. Absolutamente no sabía nada de esa situación (la captura de los paramilitares) y me enteré de ella por televisión, afirmó el jefe del Ejército colombiano.
Carreño fue a Cúcuta el 12 de marzo, a activar una fuerza de tarea conjunta, explicó. Soy oriundo de allí, mi familia vive allí, y tengo amigos y conocidos, agregó.
Reconoció haberse reunido con amigos venezolanos en el cuartel Maza, por razones de seguridad, pero negó que éstos pertenecieran a la oposición.
Entre las personas con las que me reuní no había políticos, ni gente de la oposición. Me reuní con gente que trabaja el campo, ganaderos, vecinos de Colombia y Venezuela, dijo Carreño.
El ministro de Información de Venezuela, Jesse Chacón, dijo este martes que sería interesante que el general Carreño dijera con quiénes se reunió. Y agregó: Nosotros lo sabemos.
Carreño rehusó precisar los nombres. No creo que sea conveniente, aseveró.
Según Chacón, los paramilitares capturados el domingo en las afueras de Caracas eran parte del plan Guarimba 2, destinado a crear una nueva ola de desórdenes en la capital y otras ciudades en las próximas semanas.
A fines de febrero e inicios de marzo, grupos de opositores levantaron barricadas y protagonizaron desórdenes en los accesos de urbanizaciones de clase media en Caracas y otras ciudades. Durante los disturbios y en su represión 10 personas murieron y medio centenar fueron heridas.
La técnica de obstruir con barricadas incendiarias los accesos viales fue llamada guarimba (refugio) por opositores radicales que, a través de Internet, propalaron consignas e instrucciones para sostener esa forma de lucha. Alonso fue uno de ellos.
El Bloque Democrático, un pequeño grupo opositor de derecha, sostiene que la población opuesta a Chávez debe activar una gran guarimba para provocar una salida total de las Fuerzas Armadas a las calles y que, en ese contexto, se produzca una desobediencia más o menos masiva de oficiales contra el alto mando y el gobierno.
El Bloque se separó más de un año atrás de la Coordinadora Democrática, que reúne a la mayoría de partidos y grupos opositores e impulsa un referendo revocatorio como vía para apartar a Chávez de la presidencia.
El coronel Miguel Rodríguez, jefe de la policía política, dijo que en algunos allanamientos a inmuebles de activistas opositores, se hallaron documentos dando cuenta de un plan contrarrevolucionario, del que no ofreció detalles pero que involucraría a dirigentes del Bloque y de la Coordinadora.
Uno de ellos es Rafael Marín, diputado que fue dos años atrás secretario general del opositor partido socialdemócrata Acción Democrática, del cual se apartó, dijo Rodríguez.
Efectivos de inteligencia militar intentaron allanar la residencia de Marín, pero desistieron cuando el dirigente les señaló su inmunidad de parlamentario.
En cambio, fue allanada la quinta La Ahumada (cercana a la finca de Alonso donde se encontraban los colombianos detenidos), perteneciente al ex presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993), condenado por corrupción en Venezuela y residente en el exterior.
En La Ahumada vive la ex esposa de Pérez, Blanca Rodríguez.
En 1992, cuando Pérez era presidente, el entonces teniente coronel Chávez dirigió una sublevación de varios batallones del ejército contra él.
Pérez dijo a la radioemisora colombiana Caracol que la captura de los colombianos es un montaje del señor Chávez, quien ya no sabe qué hacer para defenderse de la difícil situación en que se encuentra por el repudio del pueblo venezolano.
Chávez sólo saldrá por la fuerza. No es que yo sea partidario de la violencia, sino que no hay otro camino para salir de él, agregó.
El presidente de la Asamblea Nacional, Francisco Ameliach, presentó en el parlamento un vídeo con confesiones de algunos de los colombianos capturados. Estos declararon que esperaban en la finca de Alonso su traslado a otra propiedad donde se prepararían para asaltar en cuestión de días una base militar.
El plan era conformar una fuerza de unos 3.000 hombres, según uno de los detenidos. El gobierno informó que el grupo, del que se han capturado 86 hombres, estaba conformado por 130 paramilitares. El resto consiguió escapar.
Según el general Melvin López, secretario del Consejo de Seguridad y Defensa de la Nación, hay paramilitares colombianos en siete de los 23 estados de Venezuela, incluidos varios del oriente, lejano a la frontera con Colombia.
Rangel también dijo que opositores venezolanos se han reunido con Salvatore Mancuso, jefe militar de las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), principal formación de paramilitares en ese país, con conocimiento de responsables militares colombianos.
Según la Organización de las Naciones Unidas, los paramilitares son responsables de la mayor parte de los crímenes contra civiles desarmados en Colombia, país que vive una guerra civil de cuatro décadas.
Las AUC figuran en la lista de grupos terroristas del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos. Mancuso y Carlos Castaño (líder de las AUC desaparecido en abril) son requeridos por la justicia estadounidense para juzgarlos por narcotráfico.
Yo no tengo conocimiento de encuentros entre jefes de las Autodefensas y miembros de la oposición venezolana. Quiero que quede claro: no tenemos conocimiento de esos hechos, reiteró el comandante colombiano Carreño.
Tenemos un problema muy delicado en nuestro país y no nos metemos en un problema que no es de nuestra incumbencia. No tenemos ninguna intención de participar en ningún complot que afecte a otro país. Es la política clara de nuestro gobierno, añadió.
Los detenidos colombianos se encuentran en el principal cuartel de Caracas y son procesados por la justicia militar. Si fuesen condenados por cargos de rebelión militar podrían recibir penas de hasta 25 años de prisión.
