El canciller de México, Luis Ernesto Derbez, aseguró este lunes que las relaciones con Cuba permanecen abiertas y aún pueden regresar a cauces normales, pero analistas entienden que la interrupción es prácticamente un hecho y que se extenderá al menos hasta 2006.
Tras 102 años de buenas e ininterrumpidas relaciones, que dieron a México la fama de ser uno de los países más solidarios y afectuosos con Cuba, el presidente mexicano Vicente Fox decidió enfriar esos vínculos al máximo posible, provocando, entre otras reacciones, el abucheo generalizado de partidos locales de izquierda y centroizquierda.
Aunque la relación diplomática formal se mantiene con Cuba, en la realidad hay una ruptura histórica adoptada con razones válidas y ajustadas a la ley, opinó para IPS Jorge Chabat, experto en relaciones internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Los pasos formales dados por el gobierno de Fox hasta ahora incluyen el anuncio el domingo por la noche de la decisión de retirar a su embajadora en La Habana, Roberta Lajous, y de pedir la salida del país del representante cubano, Jorge Bolaños, tras considerar que el gobierno de ese país había intervenido en asuntos internos de México.
La relación con Cuba fue reducida a un nivel mínimo, aunque los canales se encuentran abiertos y pueden regresar a la normalidad si se encauzan con respeto y cordialidad, declaró Derbez. Pero analistas mexicanos creen poco probable que regrese a los cauces anteriores.
Chabat cree que, molesta por las actitudes del gobierno mexicano, Cuba ha ido tensando la cuerda hasta casi romperla y eso no cambiará hasta 2006, cuando termine la gestión de Fox.
La medidas anunciadas el domingo por el gobierno de Fox fueron en respuesta a declaraciones del presidente cubano, Fidel Castro, realizadas el sábado y en las que sostuvo que el prestigio de la política exterior mexicana está en cenizas y sometida a Estados Unidos.
Empero, los desencuentros entre ambos países datan de 2001, cuando Fox cuestionó la política de derechos humanos del país caribeño y el gobierno de Castro reaccionó con críticas y hasta insultos.
México no podía seguir soportando que Cuba continúe con su escalada de afrentas y por eso es entendible su última decisión, apuntó la politóloga Gloria Avella.
En cambio, dirigentes del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del centrista Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el gobierno por siete décadas hasta fines de 2000, también acusaron a la administración de Fox de someterse a la voluntad de Estados Unidos en su relación con La Habana.
Ambos partidos anunciaron que reclamarán un viraje en el trato a la isla de régimen socialista. Sin embargo, el gobierno dijo que no cederá y que mantendrá firme su posición con base al derecho que le otorga la ley para definir la política internacional del país.
Mientras, grupos menores de izquierda anunciaron que realizarán masivas movilizaciones a favor de Cuba y de su gobierno, que ya iniciaron este lunes, pero con escasa concurrencia.
Cuba no se va, Cuba sí, yanquis no, al pueblo cubano lo quiere el mexicano y Fox piensa, nos das pura vergüenza, coreaban este lunes los manifestantes.
La reacción de los grupos de izquierda es parte del guión, pero el gobierno de México hizo lo lógico al darse por enterado de los señalamientos de Castro y de sus movimientos poco amistosos, expresó Chabat.
Entre las medidas anunciadas el domingo, México declaró persona no grata a Orlando Silva, consejero para asuntos políticos de la embajada cubana, y pidió su retiro inmediato del país.
Lo mismo ordenaron las autoridades mexicanas respecto de Antonio Arbesú, jefe del departamento de América del Comité Central del Partido Comunista cubano, y de Pedro Lovaina, quien dirige la sección México de ese mismo departamento, con el argumento de que ambos habían ingresado al país con pasaportes diplomáticos para realizar acciones ajenas a su investidura.
Según versiones corroboradas por IPS, esos funcionarios nunca se contactaron con el gobierno de Fox, pero sí mantuvieron reuniones con políticos del PRD para tratar el caso del empresario Carlos Ahumada, detenido en Cuba y requerido por la justicia mexicana por un escándalo de corrupción que involucra precisamente a esa agrupación y a la alcaldía de la capital.
Los roces entre México y Cuba, cuyas relaciones cumplirán 102 años el 20 de mayo, volvieron a los primeros planos en abril cuando el gobierno de Fox votó por tercera vez consecutiva una resolución que cuestiona a la isla en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en su sesión anual que realiza en Ginebra.
Pero eso no ha sido el peor momento. Uno de los más críticos se registró en abril de 2002, cuando Castro dio a conocer la grabación de una conversación telefónica privada que mantuvo con Fox.
En esa charla, difundida sin autorización de México, Fox pidió a Castro recortar el tiempo de su participación en la Conferencia Internacional de Financiación al Desarrollo, realizada en marzo de 2002 en la septentrional ciudad mexicana de Monterrey, y no criticar en esa cita al presidente estadounidense George W. Bush.
El hecho puso en evidencia que entre Cuba y México ya nada era como en el pasado. Castro preparó en territorio mexicano, con el permiso del gobierno de entonces, el movimiento guerrillero que derrotó al dictador Fulgencio Batista en 1959 y lo llevó al poder.
También México defendió a la isla caribeña a capa y espada en foros internacionales de los que fue marginada tras declararse socialista, como fue su suspensión a comienzos de los años 60 de la Organización de Estados Americanos.
Castro no soporta que en México haya un gobierno abierto, democrático y ya no dispuesto a cerrar los ojos a lo que pasa en Cuba, consideró el senador del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Medina.
El PAN, al que pertenece Fox, el primer presidente ajeno al PRI en siete décadas, sostiene al igual que varios analistas independientes, que, molesto por la última votación en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Castro decidió usar la carta de la detención de Ahumada para golpear al gobierno mexicano.
Por el contrario, el alcalde de la capital de México, Andrés López Obrador, del PRD, sostiene que Ahumada es parte de un complot preparado en su contra por el gobierno de Fox y por la derecha para detener su ascendente marcha como político y potencial candidato presidencial en 2006.
Ahumada fue abruptamente deportado por el gobierno de Castro con un pronunciamiento en el que indicó que se trata de una persona vinculada a un caso de connotaciones políticas y tras afirmar que el empresario declaró que la operación realizada con empleo de vídeos sobre corrupción, difundidos en México, fue calculada deliberadamente para alcanzar objetivos políticos y planificada con meses de antelación.
México reclamó a Cuba por esos comentarios sobre política interna y los calificó de falsos.
La deportación interrumpió un proceso de extradición en marcha iniciado por México y permitió que el acusado, quien denunció que Cuba lo presionó para hacer declaraciones que dijo son falsas, sea procesado no sólo por el delito de fraude, por el que era requerido ante La Habana, sino por varios otros hechos más, como lavado de dinero y estafa.
Este lunes, el gobierno de Cuba anunció también la deportación de Antonio Martínez Ocampo, arrestado en ese país desde el 5 de abril en relación con el caso del empresario Ahumada, pero que en México no enfrenta ninguna acusación formal.
El anuncio fue hecho en una declaración de la cancillería cubana que omitió toda referencia a la crisis bilateral que afrontan ambos países.
En los videos de Ahumada, difundidos en marzo, se observa a empresarios entregar cientos de dólares a René Bejarano, ex secretario particular de López Obrador y jefe de la bancada del PRD en la Asamblea Legislativa de la capital, y a otros miembros de ese partido.
Además, se difundió que Rosario Robles, ex presidenta del PRD, mantenía una relación amorosa con el empresario y se denunció que varias obras de infraestructura física contratadas por autoridades capitalinas habrían sido entregadas a firmas de Ahumada sin licitación.
El PRD sostiene que en el caso de Ahumada no pactó nada con el gobierno cubano. No obstante, y tras negarlo en varias ocasiones, reconoció que su dirigencia mantuvo diálogos con funcionarios de la isla para tratar asuntos propios de su partido.
