Mientras se dirige a su derruida escuela pública en Okhla, un suburbio industrial de la capital de India, Minu Tanwar sueña con el día en que pueda cambiarse a un elegante colegio privado.
Mi maestra dice que si sigo así tendré la oportunidad de ir a una linda escuela, con patios limpios y muchos libros, cuenta Minu, hija de una empleada doméstica.
Gracias a una orden de la Corte Suprema que exigió a las 260 escuelas privadas de Nueva Delhi reservar 25 por ciento de sus asientos para niños y niñas pertenecientes a hogares de bajos ingresos, el sueño de Minu podría convertirse en realidad.
India se enorgullece de ser la mayor democracia del mundo, con 1.000 millones de habitantes, pero el contraste en las condiciones de educación de niños de diferente extracción social revela un sutil pero rígido sistema de segregación que promueve y refuerza actitudes discriminatorias, según expertos.
Las 10 escuelas privadas más caras de la capital cobran cuotas mensuales de 250 dólares en promedio a cambio de educación de calidad, un ambiente físico agradable, clases de música y equitación, y aire acondicionado en las aulas y autobuses escolares, entre otras comodidades.
En contraste, las cerca de 250 escuelas administradas por la Corporación Municipal de Delhi son gratuitas y ofrecen como incentivo un desagradable ensopado a la hora del almuerzo. Muchos de estos institutos carecen de baños, y otros funcionan en tiendas de campaña.
Pero los días de la segregación escolar están contados. La Corte Suprema no sólo ordenó el 27 de abril que las escuelas privadas abrieran sus puertas a los niños pobres, sino que exigió a las poderosas asociaciones patrocinadoras que ofrecieran pruebas contables de su declarada condición de instituciones sin fines de lucro.
La idea era promover una mayor integración de los sectores rico y pobre de la sociedad y destacar que las instituciones educativas también tienen responsabilidades sociales, explicó Ashok Aggarwal, el abogado que presentó al tribunal la petición para promover una enseñanza igualitaria en la capital, en nombre de un grupo de ciudadanos.
Aggarwal, miembro de la organización de derechos humanos Social Jurist (Jurista social), opinó que la decisión de la Corte Suprema podría extenderse de la capital al resto del país, a través de gobiernos provinciales interesados en revertir la tendencia al cierre de escuelas públicas y la comercialización de la educación.
Hay pruebas de que el gobierno ha adoptado como política permitir el deterioro del sistema escolar, dijo a IPS Anil Sagdopal, profesora de educación de la Universidad de Delhi.
Sagdopal señaló el ejemplo de ciudad central de Indore, conocida por su floreciente industria y expuesta como modelo de globalización, donde el gobierno cerró al menos 30 escuelas públicas y entregó sus terrenos a sociedades privadas de educación.
Según Sagdopal, los padres de clase media no pueden costear la enseñanza privada para sus hijos, pero se ven obligados a hacerlo debido a la política gubernamental de privatización, no declarada pero evidente.
Desde mediados de la década de 1980, el gasto público en educación oscila entre tres y cuatro por ciento del producto interno bruto (PIB). El porcentaje resulta ínfimo ante la realidad de 100 millones de niños y niñas que no asisten a la escuela en India.
Un tercio de los niños trabajadores del mundo son indios, y esto significa que la mitad de los niños de este país son privados de su derecho a la infancia y terminan como trabajadores analfabetos, subrayó Shanta Sinha, educadora y ganadora del premio Ramón Magsaysay 2003 al liderazgo comunitario.
Sagdopal consideró que la orden judicial es un llamado de alerta a las autoridades acerca del sistema de enseñanza. Recuerda a los políticos que no han cumplido su obligación de equiparar la calidad de la educación para todos los niños, dijo.
En general, los directores de escuelas privadas celebraron la decisión judicial en público, pero algunos expresaron reservas y preguntaron quién financiará los gastos de los niños beneficiarios.
¿Se les está pidiendo a los padres de los otros estudiantes que asuman esta carga?, preguntó Jyoti Bose, director del colegio Springdales y presidente del Consejo Nacional de Escuelas Progresistas.
Por el momento, el departamento de educación del estado de Delhi está estudiando cómo implementar la orden judicial y analizando sugerencias para que el gobierno subsidie a los beneficiarios. (
