El Banco Mundial cumple este año su 60 aniversario, en momentos en que crece el debate sobre su papel y el del Fondo Monetario Internacional en la promoción del desarrollo, y arrecia la demanda por promover la democratización de esas instituciones.
El vicepresidente del Banco para Desarrollo Sostenible, Ian Johnson, dialogó con Tierramérica durante la reunión de la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, en su sede en Nueva York.
—La asistencia oficial al desarrollo siguió declinando durante los años 90. En materia de agua, de los 15.000 millones de dólares anuales de inversión sólo 5.000 millones de dólares provinieron de la asistencia oficial. ¿Qué opina? —Esa asistencia debe aumentar. De lo contrario, es muy difícil imaginar cómo podríamos cumplir las Metas del Milenio y lograr desarrollo sustentable.
—Los ambientalistas son escépticos acerca del papel que podría desempeñar el sector privado en los esfuerzos mundiales por el desarrollo sostenible. ¿Cuál es su postura? —Consideremos las cuestiones del agua potable y el saneamiento. La inversión anual en esos sectores en el mundo en desarrollo es ahora de alrededor de 15.000 millones de dólares, y debería por lo menos duplicarse. El dinero no vendrá de una sola fuente. Debe llegar desde el sector público y del privado, las organizaciones no gubernamentales pueden desempeñar un papel, pero se necesita también inversión extranjera directa, inversión local directa y asistencia al desarrollo.
—¿Qué se puede hacer para lograr duplicar el gasto en agua? —Debemos comprender que el mundo es mucho más pequeño que hace 20 o 30 años, y estamos mucho más conectados que nunca. Eso significa que tenemos el deber moral de imaginar cómo podemos vivir todos felices en este planeta. Si no aportamos el tipo de recursos necesarios para que los países pobres se enriquezcan, las personas pobres estarán muy rápidamente llenando las puertas de entrada de las naciones ricas.
—El gasto militar mundial ya es más de 900.000 millones de dólares anuales. ¿Estamos ante un creciente desequilibrio en las prioridades? —El presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, ha sido muy claro sobre ese asunto. ¿Cómo podemos pensar en un mundo estrechamente conectado, y gastar esa cantidad de dinero en destruirnos unos a otros? La gente debería decir: si podemos gastar tanto en defensa, seguramente podemos destinar 100.000 millones de dólares a desarrollo, agua o educación. No es sólo una cuestión económica o social, es una cuestión moral, creo que la gran cuestión moral de nuestra época.
—Varias organizaciones ambientalistas critican al Banco Mundial por financiar proyectos que pueden generar daños en el entorno, por ejemplo, las grandes represas que no sólo desplazan masivamente a poblaciones indígenas, sino que también destruyen equilibrios ecológicos. ¿Hay algún indicio de que esa política vaya a cambiar? —Ha cambiado, en un proceso de varios años. En la actualidad, nuestras exigencias ambientales y sociales para aprobar proyectos están entre las más estrictas del mundo. Eso no significa que hagamos todo a la perfección, pero tratamos de realizar un buen trabajo, con responsabilidad social y ambiental. Incluso hay un organismo independiente de supervisión del Banco, aunque no lleguemos tan lejos como algunas personas desearían.
—¿Por qué no? —Una de las razones es que los países en desarrollo necesitan infraestructura. La economía no puede crecer si la generación de energía no aumenta a la par. Es preciso contar con carreteras, vías férreas y también generadores.
—¿A qué precio? Por ejemplo, la construcción de la represa Nam Theun en Laos, apoyada por el Banco Mundial, desplazó a unas 120.000 personas, según algunos informes. —Esa cifra es una exageración. De todos modos, hay casos en que los gobiernos, no el Banco, deciden que algunos efectos negativos valen la pena para lograr desarrollo, con o sin financiamiento del Banco Mundial. Cuando eso sucede, tratamos de actuar con la debida diligencia, consultamos a las personas afectadas, y consideramos medios de subsistencia alternativos para los afectados y desplazados. Eso no siempre conduce a que se alcancen perfectamente los objetivos de todos, pero en muchos casos incide para que los gobiernos avancen en materia de responsabilidad social y ambiental. (
