El juez español Baltasar Garzón abrió una puerta para arremeter contra la impunidad que rodea a los autores de matanzas, torturas y desapariciones forzadas en Guatemala de 1960 a 1996, con un saldo de 200.000 muertos, pero su esfuerzo podría tomar varios años.
Garzón anunció en abril que pretende visitar Guatemala en fecha próxima para recabar testimonios de militares y civiles acusados de cometer delitos de lesa humanidad, en el marco de una querella que sobre esos temas presentó a fines de 1999 en cortes españolas la guatemalteca Rigoberta Menchú, galardonada en 1992 con el Premio Nobel de la Paz.
Creemos que en dos o tres meses más, Garzón puede estar llegando a Guatemala para iniciar una nueva etapa en la lucha contra la impunidad, dijo a IPS el director de la Fundación Rigoberta Menchú, Gustavo Meoño..
La llegada del juez español se podría concretar una vez que logre sortear varios trámites en la cancillería española, en la guatemalteca y en la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano, que deberá avalar la presencia del magistrado.
Si lo logra, Garzón enfrentará seguramente la negativa a declarar de los inculpados, entre los que destacan los ex jefes de Estado y militares retirados Fernando Lucas García (1978-1982) Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Oscar Mejía (1983-1986), lo que podría extender el proceso por varios años.
Meoño reconoce esa posibilidad, pero se declara optimista. Somos sobre todo tercos y perseverantes, señaló, tras recordar que Menchú y su fundación llevan ya cinco años impulsando la querella que iniciaron en España.
Si Garzón logra iniciar los interrogatorios y notificar a los inculpados habremos dado un gran paso en la lucha contra la impunidad, sostuvo.
Aunque la represión y la guerra civil terminaron en Guatemala hace ocho años, con la firma de acuerdos de paz, la justicia de ese país no ha logrado llevar a la cárcel a ninguno de los jefes militares acusados de cometer graves violaciones de los derechos humanos, aunque hay varios procesos abiertos en su contra.
Durante la etapa de violencia, especialmente en los años 70, cuando el ejército se enfrentaba a grupos guerrilleros, 450 aldeas fueron arrasadas y hubo más de 600 masacres documentadas por la Comisión de Esclarecimiento Histórico, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas.
Además se reportaron de 40.000 a 55.000 personas desaparecidas y 200.000 muertas, 85 por ciento de las cuales eran indígenas.
El sistema de impunidad en Guatemala mantiene una solidez total, es por eso que pusimos la mira en cortes extranjeras, pues se trata además de delitos que no prescriben y pueden ser perseguidos de manera universal, declaró Meoño.
Lo que Garzón pretende en Guatemala es interrogar a personas acusadas y a testigos de la muerte de tres españoles y otras 34 personas que perecieron en el asalto que realizó el ejercito a la embajada de España en ese país centroamericano en 1980.
En la acción, realizada para desalojar a quienes ocupaban la sede diplomática, murieron el primer secretario de la delegación española, Jaime Ruiz del Arbol, el ex vicepresidente guatemalteco Eduardo Cáceres, el ex canciller Adolfo Molina y Vicente Menchú, padre de Rigoberta Menchú.
No soy súbdito de la corona (de España), alegó el ex dictador Ríos Montt al anunciar que no acudirá a la citación que prepara Garzón.
Yo tengo aquí una Fiscalía (o) un Ministerio Público que me podría citar, pero los otros señores representan a la corona, añadió el militar, que ha sido comparado con el ex dictador chileno Augusto Pinochet por su desparpajo para negar o justificar las violaciones que en sus mandatos se cometieron contra los derechos humanos.
Durante la gestión de Ríos Montt hubo al menos once masacres contra campesinos, que dejaron más de 1.200 personas muertas, indican investigaciones de grupos humanitarios. Además, en ese periodo se reportaron decenas de detenciones arbitrarias y hubo numerosas denuncias de torturas y desapariciones.
Sin embargo, el ex dictador de 77 años sostiene que no cometió ningún delito.
No sabemos cuánto puede tardar en llegar la justicia a Guatemala, pero esperemos que sea a tiempo, cuando aún los culpables estén vivos, señaló el director de la Fundación Menchú.
Uno de los más importantes procesos judiciales contra militares fue iniciado en junio de 2001 por la Asociación Justicia para la Reconciliación de Guatemala, por los delitos de genocidio y violaciones del derecho internacional humanitario.
Sin embargo, y a pesar de que han transcurrido casi tres años, ese juicio se encuentra empantanado y sin mayores posibilidades de avanzar.
Estamos seguros que con Garzón todo será diferente, dijo Meoño.
Garzón, juez que en 1998 logró la detención en Gran Bretaña Pinochet, asumió el caso de los militares guatemaltecos este año, luego de que estuviera a cargo del también español Guillermo Luis Polanco.
La denuncia de Menchú contra militares guatemaltecos fue inicialmente rechazada por la Audiencia Nacional (principal instancia penal española), pero gracias a varios recursos interpuestos, se logró reactivarla.
