En América Latina, signada por la creciente desigualdad, ya es común que gobernantes se involucren en millonarios casos de corrupción y que, además, rehusen someterse a la justicia tras dejar el cargo, un fenómeno que mina los pilares de la democracia.
Esa es una de las principales conclusiones del Informe Global de la Corrupción 2004 (IGC-2004), preparado por la organización Transparencia Internacional (TI) y cuya versión en español fue lanzada este viernes en la Feria del Libro de Buenos Aires, que finalizará este domingo.
La investigación de TI hizo foco en esta edición en la corrupción de los gobiernos y su impacto social, con un detalle sobre los fondos malversados por diversos presidentes en las dos últimas décadas.
En América Latina observamos una tendencia que se afianza con la democracia y es la de ver a presidentes involucrados en la corrupción, un fenómeno que afecta al sistema porque socava la confianza de los ciudadanos, sobre todo si los acusados se niegan a someterse a la justicia como ocurre en algunos casos, dijo a IPS Mario Rejtman Farah, presidente de Poder Ciudadano.
Rejtman Farah representó a la organización no gubernamental Poder Ciudadano, responsable del capítulo argentino de TI, en el acto de presentación de este informe en español sobre corrupción, que será distribuido en toda América Latina.
Si bien las sanciones no son suficientes para eliminar la corrupción, es necesario que los acusados se presenten ante la justicia para poner fin a la intolerable impunidad de algunos de ellos, señaló el activista. Pero eso no lo hacen ni el ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), refugiado en Japón, ni el argentino Carlos Menem (1989-1999), residente en Chile.
Fujimori está acusado de enriquecimiento ilícito, asociación ilícita para delinquir y otros delitos. TI calcula que el ex mandatario peruano malversó unos 600 millones de dólares y la justicia, que pidió su extradición sin éxito hasta ahora, cree que tiene al menos 207 millones de dólares en cuentas bancarias ocultas en Europa.
Su asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos fue procesado y se logró en su caso repatriar mas de 70 millones de dólares que habían sido desviados a cuentas suyas del exterior. Pero Fujimori no sólo no se presenta ante los tribunales sino que advierte con volver a presentarse a competir por la presidencia nuevamente.
Por su parte, Menem es investigado por el tráfico ilegal de armas argentinas a Ecuador y Croacia en la primera mitad de los años 90, por omisión maliciosa de una cuenta bancaria en Suiza y otras causas por fraude al Estado. Empero y pese a dos pedidos de extradición ya en curso, permanece en Chile, donde sólo da explicaciones a la prensa, dice ser un perseguido político y promete volver a Argentina.
En Nicaragua, el ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2002) fue condenado a 20 años de cárcel tras comprobársele que tenía cuentas bancarias en Panamá, utilizadas para lavar el dinero malversado al país, que suman al menos 100 millones de dólares, según alerta el informe de TI.
Esos fondos no fueron recuperados aún por el Estado nicaragüense. No obstante, Alemán goza de una pensión vitalicia de 10.000 dólares mensuales que le fue restablecida por la Corte Suprema de Justicia de su país tras suspendérsela durante el juicio, como indicara la organización Probidad que lucha contra la corrupción.
En la lista de 10 casos paradigmáticos este año aparecen tres latinoamericanos: Alemán Fujimori el ex dictador haitiano Jean Claude Duvalier (1971-1986), acusado de apropiarse entre 300 y 800 millones de dólares del Estado. Menem no aparece porque los pedidos de extradición en su contra son posteriores a la terminación del estudio de TI.
En el listado figuran además los ex gobernantes Alí Suharto (1967-1998), de Indonesia, el fallecido Ferdinand Marcos (1972-1986) y Joseph Estrada (1998-2001), de Filipinas, el desaparecido Mobutu Sese Seko (1965-1997), de la entonces Zaire y hoy llamada República Democrática del Congo, el también fallecido Saní Abacha (1993-1998), de Nigeria, Slobodan Milosevic (1989-2000), de Yugoslavia, y Pavlo Lazarenko (1996-1997), de Ucrania.
El informe destaca avances de países para combatir la corrupción y celebra en especial la aprobación en diciembre de la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas, sometida ahora a la firma de los estados.
Se trata del primer instrumento global, dice, para combatir la corrupción, y es considerado un bienvenido avance para la cooperación internacional en la devolución de activos.
TI denuncia además que siete de 10 países con alto nivel de corrupción son latinoamericanos. El dato surgió de una encuesta de opinión de ejecutivos del Foro Económico Mundial 2003 sobre una base de 102 países. Fueron mencionados entre los primeros Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Haití, Panamá y Paraguay.
En la actualidad, América Latina sirve como terreno de pruebas para ver qué tan efectivos son los sistemas legales penales a nivel nacional e internacional para castigar a los políticos corruptos, añade el informe en torno de advertencia.
En su tradicional indicador de percepción de la corrupción, que esta vez pasó de abarcar 102 países a 133, aparecen nuevamente como más transparentes las naciones industrializadas, mientras que recién en el puesto 20 se ubica Chile pese a recientes denuncias en contra del gobierno del socialista Ricardo Lagos, que involucraron a ministros y secretarios de Estado.
Entre los países latinoamericanos le sigue Uruguay, en el lugar 34, Cuba en el 43, Costa Rica en el 50, y en la segunda mitad del listado aparecen Brasil, en el lugar 54, Colombia en el 59, Perú en el 62, México en el 64, República Dominicana en el 72, Nicaragua en el 90, Argentina en el 93, Guatemala en el 100, Bolivia en el 106, Ecuador en el 115, Paraguay en el 130 y Haití en el puesto 131.
Una nueva medida del nivel de corrupción en el informe de este año es el barómetro que complementa con encuestas el indicador al respecto. En ese estudio, los consultados ponen en primer lugar a los partidos políticos en cuanto a la entidad a eliminar primero para terminar con la corrupción.
Si tuvieran una varita mágica, 29 por ciento de los encuestados en 45 países se inclinaría por hacer desaparecer a los partidos, pero si se observan los resultados por cada país en particular es Argentina la que se destaca con más de 50 por ciento de los entrevistados a favor de barrer a los políticos del escenario, según la firma Gallup Internacional para el barómetro de TI.
También Argentina gana con la mayor proporción de respuestas que señalan a la corrupción con un efecto muy significativo sobre la vida social y política del país, ese mismo que este viernes fue escenario del lanzamiento del informe en español.
