La Comisión Chilena pro Derechos Juveniles (Codeju) considera muy importante la advertencia formulada este lunes al gobierno de Chile por expertos de la ONU en el sentido de educar a las Fuerzas Armadas en la erradicación de torturas y maltratos.
Alejandro Gutiérrez, subsecretario nacional y encargado de Denuncias de Codeju, dijo a IPS que este es un asunto de gran importancia en la democratización del país, en particular en las reformas que los jóvenes reclaman al servicio militar obligatorio.
El Comité contra la Tortura de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU inició este lunes en Ginebra el examen de las políticas adoptadas en Chile para la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El comité escuchó presentaciones de la relatora para el caso de Chile, la estadounidense Felice Gaer, y de otros especialistas, como el danés Ole Vedel Rasmussen, así como un informe de la presidenta de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), la psiquiatra María Paz Rojas.
Codepu es una organización humanitaria creada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y su informe tiene un carácter alternativo del reporte oficial que presentaba este martes en Ginebra el representante del gobierno de Chile, Juan Martabit.
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El comité entregará el 19 sus recomendaciones al gobierno chileno, que preside el socialista Ricardo Lagos, quien consiguió en abril la aprobación en la Cámara de Diputados de un conjunto de leyes sobre derechos humanos, pendientes aún de la votación en el Senado.
Una de las leyes prevé un sistema de compensaciones políticas y morales, además de simbólicas en términos económicos, para los chilenos torturados durante la dictadura, no contemplados en anteriores medidas de reparación.
Fuentes de la Comisión Etica contra la Tortura señalaron a IPS que bajo el régimen de Pinochet fueron encarceladas y sometidas a diversos abusos unas 500.000 personas, y entre 30.000 y 150.000 podrían ser acreedoras del futuro sistema compensatorio.
El informe alternativo de Codepu, al cual tuvo acceso IPS, señala que esta corporación tramita nueve querellas judiciales en representación de 134 sobrevivientes de torturas bajo el régimen dictatorial.
El organismo humanitario advierte que en Chile no se ha dado un expreso reconocimiento constitucional a los instrumentos internacionales de derechos humanos por sobre las leyes internas, lo cual perjudica este tipo de acciones legales.
Si bien el documento de Codepu reconoce que la práctica sistemática de torturas finalizó en Chile con el advenimiento de la democracia en marzo de 1990, niega que haya sido erradicada definitivamente, como plantea el informe gubernamental.
En el último año, este organismo presentó 164 denuncias ante cuerpos policiales y querellas en los tribunales en representación de 281 personas afectadas en su integridad física por efectivos de las policías de Carabineros (militarizada) e Investigaciones (civil), Gendarmería (vigilantes carcelarios) y guardias privados.
El informe consigna igualmente que las torturas y maltratos de que son objeto reclutas y otros subalternos en las Fuerzas Armadas están amparados por el Código de Justicia Militar, que remite esos casos a tribunales castrenses.
"Nuestra institución ha recibido denuncias de la existencia de ejercicios de guerra denominados 'Campo de Prisioneros' o 'CP' por el que se enseña y somete a tormentos a cadetes", afirma el informe de Codepu y cita el caso de Cristóbal Auger (de 19 años), de la Escuela Militar, que sufre estrés post traumático por tormentos padecidos en 2002.
"En el foro que tuvimos como Codeju sobre el servicio militar obligatorio con el gobierno, el Ministerio de Defensa y representantes de las Fuerzas Armadas en el año 2000, planteamos la capacitación de los militares en derechos humanos y prevención de torturas y nos dijeron que eso ya se estaba llevando a cabo", dijo Gutiérrez a IPS.
"Sin embargo, no hemos visto que esto se traduzca en las mallas de los planes de estudio de las escuelas matrices de formación de oficiales y suboficiales", advirtió el dirigente juvenil.
Gutiérrez indicó que si bien ha disminuido, sigue habiendo maltrato contra reclutas. "Por eso hemos planteado que en la nueva ley del servicio militar obligatorio los casos de torturas y maltratos al interior de las Fuerzas Armadas no sean vistos por las fiscalías (tribunales) militares, sino por la justicia ordinaria".
El dirigente explicó que en las fiscalías, a cargo de oficiales de alta graduación, los militares son jueces y parte y que además los sumarios son muy prolongados y poco transparentes, ya que consisten en investigaciones internas.
"Lo más grave es que los resultados de esas investigaciones no se entregan a la comunidad y a veces ni a los propios afectados, y que las sanciones a los responsables de torturas son mínimas, a menudo se reducen a anotaciones en su hoja funcionaria", señaló Gutiérrez.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó la propuesta de traspasar los casos de torturas y maltratos en las instituciones castrenses a la justicia ordinaria, "lo cual es un gran triunfo de la sociedad civil", según el dirigente del Codeju.
Gutiérrez se quejó sin embargo de la lentitud del proceso legislativo desde que se plantearon las reformas al servicio militar obligatorio en 2000, y reclamó del gobierno una calificación de mayor urgencia al proyecto de ley para lograr que sea aprobado este año.
