El informe anual de la organización no gubernamental Amnistía Internacional, con sede en Londres, cuestiona el hecho de que que en Uruguay nadie haya sido condenado aún por los abusos y otros delitos contra la humanidad cometidos durante la dictadura (1973-1985) y condena la existencia de leyes que alejaron a los uniformados responsables de esos crímenes, en calara violación a acuerdos internacionales ratificados por este país. También indica que persisten las prácticas de torturas en comisaría y cárceles contra detenidos y adviertes sobre los riesgos de motines en las prisiones debido a la superpoblación.
