Un tribunal de segunda instancia de Uruguay confirmó la sentencia primaria de coautoría de homicidio especialmente calificado a Juan Carlos Blanco, el canciller de los primeros años de la dictadura cívio-miltitar que fue de 1973 a 1985. La causa es por el secuestro en 1976 y posterior asesinato de la maestra Elena Quinteros, quien fue apresada por fuerzas de seguridad dentro de la sede de la embajada de Venezuela en Montevideo provocando el inmediato cese de relaciones diplomáticas de ese país con Uruguay. Blanco, a quien la corte de apelaciones mantuvo su libertad condicional, es el único que enfrenta un proceso del total de acusados de violar los derechos humanos en esa época y, además, fue nombrado por el presidente Jorge Batlle como futuro miembro de un tribunal de controversias en el Mercosur. Esa nominación ya provocó el enojo del gobierno argentino.
