El gobierno de Chile está recuperando posiciones en América Latina, luego de una etapa en que vio multiplicarse señales de aislamiento por el rebrote de los seculares conflictos limítrofes con Bolivia y Perú, así como por diferencias de nuevo cuño con Argentina y Brasil.
La decisión de otorgar una zona franca de 1.700 metros cuadrados a Paraguay en el septentrional puerto chileno de Antofagasta para el tránsito de exportaciones e importaciones fue considerada en Santiago una expresión concreta de nuevo acercamiento a los gobiernos de la región.
La cesión de la zona franca, materializada en Asunción el 14 de este mes por los presidentes Ricardo Lagos, de Chile, y Nicanor Duarte Frutos, de Paraguay, fortalece la política exterior chilena de cara a la 35 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), programada del 6 al 8 de junio en Quito.
El acuerdo de Lagos y Duarte es una clara demostración de que, cuando trabajamos con países que quieren seriamente que se les facilite el acceso al océano Pacífico, lo hacemos con mucho gusto y trabajamos con ellos con mucho esmero, dijo el vicecanciller chileno Cristián Barros.
Fue un mensaje para Bolivia, que desde fines de 2003 volvió a situar como uno de los ejes de su política exterior la reivindicación de una salida soberana a la costa del Pacífico, a través de territorios conquistados por las tropas chilenas en la guerra de 1879 a 1883, en la cual derrotaron a los ejércitos peruano y boliviano.
Desde comienzos de año, en Perú se comenzó a denunciar un supuesto rearme de las Fuerzas Armadas chilenas, mientras el gobierno de Lagos veía aproximarse desde el este nubarrones con la crisis energética de Argentina, que en abril sumaría nuevos ingredientes al diferendo con Bolivia.
El presidente boliviano, Carlos Mesa, accedió el mes pasado a vender gas natural a Argentina, a condición de que el gobierno de Néstor Kirchner no utilizara esos suministros para reponer los recortes del combustible a Chile, lo cual fue considerado en Santiago un atropello a las prácticas del libre comercio y a los principios de la integración latinoamericana.
También en abril, Lagos se alineó con México y América Central para aprobar una resolución de condena a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), distanciándose así de Argentina y Brasil, cuyos gobiernos se abstuvieron en la votación en la sesión anual del organismos en Ginebra.
En marzo, a su vez, Santiago se apresuró a enviar un contingente de 300 militares para una fuerza de pacificación a Haití, a solicitud del Consejo de Seguridad de la ONU, lo cual fue visto como un gesto favorable a Estados Unidos, mientras otros países de América Latina optaban por postergar una decisión al respecto.
Varios países dudaron en aceptar ese pedido tras la caída el 29 de febrero del presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide, elegido democráticamente, reemplazado por un gobierno interino apoyado por Washington y con escaso mando sobre el territorio, donde proliferan las bandas armadas.
Aristide, exiliado en Jamaica tras dos semanas en República Centroafricana, denunció que fue obligado a dejar el gobierno por efectivos estadounidenses, aspecto que fue llevado para su investigación a la ONU por organizaciones no gubernamentales y por la Comunidad del Caribe, de la que Haití es parte.
A pesar de ello, desde el 1 de junio habrá una renovación de la fuerza internacional en ese país caribeño, integrada ahora por efectivos de Argentina, Brasil y Uruguay bajo el mando de oficiales brasileños, que aportarán 1.200 hombres, a la orden de la ONU.
Será una fuerza combinada en la que participará Chile, si el Senado de este país aprueba el día 19 el desplazamiento a Puerto Príncipe de 585 efectivos del ejército y 36 policías, que sustituirán al contingente enviado en marzo.
Lagos valoró el aporte de los países del Mercosur (Mercado Común del Sur que también integra Paraguay) en este segunda fase de la presencia militar en Haití, como un compromiso con la comunidad internacional que le corresponde asumir a América Latina. Si nosotros no estamos (en Haití), otros de fuera de la región harían ese rol (de pacificación), sostuvo.
En Chile existía también preocupación de que Bolivia promoviera en la asamblea de la OEA una resolución de apoyo a su demanda marítima. Sin embargo, el propio canciller boliviano, Juan Ignacio Siles, descartó una gestión en ese sentido el día 14.
Siles señaló que son más que suficientes las resoluciones en apoyo al reclamo de Bolivia aprobadas por el organismo hemisférico en 1979, 1980, 1982 y 1983, aunque aclaró que su gobierno insistirá en Quito en los perjuicios del enclaustramiento mediterráneo.
Edgardo Condeza, presidente del Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos, insistió en la necesidad de que el gobierno chileno trabaje por la integración de América Latina, que evitará los gastos irracionales en instrumentos de la muerte y contribuirá a solucionar los graves problemas sociales de sus habitantes.
Condeza, un médico y socialista al igual que Lagos, dijo a IPS que su movimiento considera un hecho muy positivo a favor de la integración la entrega de la zona franca a Paraguay en Antofagasta, puerto situado 1.200 kilómetros al norte de Santiago.
Tanto en el gobierno chileno como en círculos políticos y académicos se analizó en las últimas semanas el posible retorno al aislamiento del vecindario latinoamericano, que caracterizó a este país bajo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
Claudio Fuentes, investigador y coordinador académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), advirtió que sería erróneo un endurecimiento diplomático ante supuestas políticas discriminatorias de los países latinoamericanos para privilegiar relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea, con base en los tratados comerciales suscritos en el último tiempo.
Según Fuentes, es un mito sostener que Chile ha prestado poca atención a América Latina y que ahora estaría pagando los costos de ese desinterés.
En un documento de trabajo al cual tuvo acceso IPS, el investigador citó los acuerdos comerciales, culturales y de cooperación establecidos con los países latinoamericanos desde 1990.
Una de las particularidades de este nuevo ciclo de integración en la región, es que no es un proceso centralizado o guiado por los Estados, como se pretendió en el pasado, sino que involucra a una serie de actores no estatales que han establecido relaciones transnacionales al margen del dictamen de los Estados, señaló.
Resulta paradójico que mientras se observa una crisis entre Chile y Argentina (por los suministros de gas natural), las inversiones privadas chilenas en ese país han experimentado un aumento explosivo en el último trimestre, comentó el investigador.
También es un mito decir que Chile no tiene intereses específicos en la región, advirtió Fuentes, quien destacó la importancia estratégica de América Latina para este país.
El experto indicó que América Latina representa entre 27 y 25 por ciento del intercambio comercial de Chile y es receptora de 14 por ciento de las exportaciones de este país, según estadísticas que excluyen a México, considerado para estos efectos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al cual va 24 por ciento de las ventas externas.
Otro dato aportado por Fuentes indica que entre 1990 y el primer trimestre de 2003 las inversiones chilenas en América Latina llegaron a 27.763 millones de dólares, distribuidos 50 por ciento en Argentina, 15 por ciento en Brasil, 14 en Perú, cinco por ciento en Venezuela e igual porcentaje en Colombia.
Por último, la integración regional es fundamental para el turismo. En 2003 se registró 1.612.970 ingresos de extranjeros, de los cuales 77 por ciento correspondió a latinoamericanos y caribeños, concluyó el investigador de Flacso.
