La carta enviada el viernes por seis diputados de Estados Unidos a senadores de Uruguay, exhortándolos a votar contra un proyecto que despenalizaba el aborto en este país fue una presión indebida y grave, según legisladores y activistas.
Se trató de una forma de "comunicación no habitual entre legisladores de diferentes países", y al aparecer "en medio del debate sobre la ley fue una presión indebida y grave", dijo a IPS la senadora socialista Mónica Xavier, promotora del proyecto de ley de defensa de la salud reproductiva.
"Lo alentamos en este momento histórico para su país a votar contra este proyecto pro abortista y a rechazar que se lo someta a referéndum", dice la carta de una carilla y media, redactada en inglés y enviada por fax desde el despacho del representante Christopher Smith.
La misiva a la que tuvo acceso IPS, fue firmada por los congresistas Smith, Todd Akin, Jo Ann Davis, Mike Pence, Steve King y Joseph Pitts, todos del gobernante Partido Republicano.
El proyecto "que el Senado está por votar legalizaría la muerte violenta de niños no nacidos y la explotación de las mujeres a través del aborto en las 12 primeras semanas de embarazo", agrega la carta.
La preocupación de los legisladores estadounidenses por la sanción de la ley en Uruguay fue divulgada el martes por diario montevideano La República.
Xavier, de la coalición centroizquierdista Encuentro Progresista-Frente Amplio, dijo a IPS que enviará este viernes una nota al canciller de Uruguay, Didier Opertti, para que su cartera defina si la carta da mérito a alguna reacción del Poder Ejecutivo ante el gobierno de Estados Unidos.
El proyecto de ley, que contaba con media sanción de la cámara baja, fue derrotado el miércoles de madrugada en el Senado al reunir sólo 13 votos favorables y 17 en contra.
Algunos legisladores consultados por IPS recibieron la carta, pero admitieron que el asunto no fue objeto de debate en la cámara alta. El senador Guillermo García Costa, del centroderechista Partido Nacional y contrario a la ley, dijo no recordar exactamente su contenido.
Para la senadora Xavier, la falta de más reacciones podría atribuirse "al mar de mensajes, cartas y hasta filmaciones que recibimos, algunas de una agresividad y violencia sorprendentes", durante el tratamiento del proyecto.
Las declaraciones del arzobispo católico de Montevideo, Nicolás Cotugno, por ejemplo, pusieron "un techo tan alto a las presiones, cuando nos acusó (a los promotores de la ley) de terroristas", muy difícil de igualar.
"¿Qué diferencia hay entre un joven de 18 años que vuela por los aires despedido de un tren en Madrid a consecuencia de kilos de dinamita y un ser humano de dos meses de gestación que está dentro de su madre, y meten una pinza que le aplasta su cabeza y luego lo sacan de a pedazos y lo tiran a un tacho de basura?", había dicho Cotugno en truculenta referencia al atentado del 11 de marzo en España.
En cambio, la carta de los congresistas despertó iras en la sociedad civil de Estados Unidos.
El martes, cuatro organizaciones no gubernamentales con sede en ese país dirigieron al Senado uruguayo otra misiva en la que "repudian" lo que consideran "una flagrante injerencia a la soberanía y el proceso democrático de la República del Uruguay en su debate legislativo y ciudadano" sobre la ley.
"Los legisladores que han tomado la acción de inmiscuirse en los asuntos internos de su país representan 1,4 por ciento del Congreso de Estados Unidos", añadieron International Women's Health Coalition (Coalición Internacional por la Salud de las Mujeres), Católicas por el Derecho a Decidir, Planned Parenthood Federation America (Federación Estadounidense de Planificación Familiar) e Ipas, agencia que trabaja por terminar con el aborto inseguro en los países pobres.
La presidenta de Ipas, Elizabeth Maguire, consideró el hecho como "un continuo asalto a los derechos reproductivos de las mujeres dentro y fuera de Estados Unidos", en este caso a cargo de "seis extremistas miembros del Congreso estadounidense contrarios al derecho a decidir".
Estos cabildeos "interfieren con un proceso democrático promoviendo propaganda falsa, basada en ideología. Nuestra experiencia en Estados Unidos y en el mundo muestra claramente que los abortos legales y seguros salvan las vidas de las mujeres, no las destruyen", añadió.
En Uruguay, con una población de 3,4 millones de personas, se practican 33.000 abortos por año contra 55.000 nacimientos, según la investigación "Condena, tolerancia y negación; el aborto en Uruguay", del Centro Internacional de Investigación e Información para la Paz (CIIIP). Esto supone una proporción de cuatro abortos por cada 10 embarazos.
El aborto se ha convertido así en un método anticonceptivo y de control de la natalidad, y su ilegalidad es apenas nominal en el país, señala el estudio.
Pero para acceder a un aborto en condiciones de seguridad, hay que pagar entre 500 y 600 dólares a clínicas clandestinas, monto inalcanzable para las mujeres pobres.
Así, mientras el promedio mundial de mortalidad materna por abortos riesgosos es de 13 por ciento, el de Uruguay es de 27,7, contra 21 por ciento en América Latina y 24 por ciento en América del Sur, según cifras de la Organización Mundial de la Salud.(
