Opositores y autoridades electorales de Venezuela buscan un acuerdo de procedimiento que pueda conducir a un referendo sobre el mandato del presidente Hugo Chávez, mientras el asunto es objeto de un enmarañado proceso en el Tribunal Supremo de Justicia.
Tratamos de lograr un mecanismo que nos permita salvar la fecha del 19 de agosto, dijo a IPS Alberto Quirós, uno de los negociadores de la coalición opositora Coordinadora Democrática. Buscamos que el procedimiento sea transparente y viable, pues de lo contrario la oposición podría retirarse del proceso de reparos, agregó.
Según la Constitución, para activar el referendo se necesitan las firmas de poco más de 2,4 millones de electores, y la Coordinadora presentó en diciembre 3,4 millones de rúbricas. Pero el Consejo Nacional Electoral, un poder independiente, validó sólo 1,8 millones de firmas, rechazó unas 300.000 y envió 1,3 millones a un proceso de ratificación.
Los electores deberán ratificar si efectivamente firmaron la solicitud -por las dudas que expresó el Consejo- y también podrán acudir a miles de centros en todo el país si sostienen que no firmaron y que se falsificaron sus rúbricas.
El 19 de agosto Chávez cumplirá cuatro años de mandato. Si la oposición gana un referendo celebrado antes de ese día, el presidente deberá dejar el cargo y se hará una nueva elección, pero si ocurre después de esa fecha y el gobernante pierde la consulta, entonces dejará el puesto pero su vicepresidente completará el sexenio.
El tiempo no es retórica. Si no llegamos a un acuerdo esta semana, no iremos al 19 de agosto, observó a IPS otro negociador, Felipe Mujica. No quiero discutir ahora qué hará la oposición si el referendo queda planteado para después de esa fecha, agregó.
Jorge Rodríguez, uno de los cinco miembros del Consejo Electoral considerado por la prensa como el conductor de la mayoría del cuerpo a favor de las tesis oficialistas, estimó por su parte que si no surge un acuerdo en los próximos dos días se alejará la posibilidad de referendo antes del 19 de agosto.
Una fuente del área técnica del Consejo dijo a IPS que el organismo prepara la fase de reparos para mediados de mayo, lo que de acuerdo con un calendario estimado para la consulta haría factible el referendo entre el 8 y el 15 de agosto.
Durante tres días de mayo los firmantes -Venezuela tiene 25 millones de habitantes y poco más de 12 millones de electores- podrán acudir a unos 2.700 centros habilitados por el Consejo para ratificar o rechazar las rúbricas.
La oposición negocia el número de mesas que atenderán a los votantes en cada centro, si el proceso será manual o automatizado y otros detalles que faciliten sumar más 600.000 firmas al grupo de válidas, para que pueda convocarse el referendo.
Luis León, de la encuestadora Datanálisis, que trabaja con la oposición, dijo a IPS que según una encuesta suya de marzo, 59,7 por ciento de votantes consultados favorecen revocar el mandato de Chávez, en tanto 37,5 por ciento votarían por ratificar al presidente en su cargo, lo que podría traducirse en hipotéticos 4,9 millones de votos contra el gobernante y 3,2 millones a su favor.
Chávez fue elegido en 2000 -después de haber impulsado una nueva Constitución con la inédita figura del referendo revocatorio- con 3,7 millones de votos.
El ministro de Información, Jesse Chacón, dijo a corresponsales extranjeros que de acuerdo con encuestas de su despacho el presidente es aprobado por más de 55 por ciento de los consultados.
En las negociaciones que conduce el poder electoral también participan representantes del oficialismo, y son presenciadas por observadores de la Organización de Estados Americanos y el estadounidense Centro Carter para la Paz.
Las tratativas son impulsadas por la mayoría de partidos y líderes de la Coordinadora, aunque algunas pequeñas organizaciones han rechazado lo que entienden como una negociación indebida de las firmas de los ciudadanos.
La mayor polémica se da respecto de las llamadas planillas planas (deber escolar repetitivo), en las que los nombres, datos e incluso rúbricas de los solicitantes aparecen escritos con caligrafía similar, por lo que puede presumirse que fueron llenadas por una sola persona quizás sin la aquiescencia del elector.
Por considerarlas dudosas, el Consejo Electoral envió a reparos 870.000 firmas en esas planillas planas. Si las hubiese sumado al bloque de 1,8 millones de rúbricas válidas, el referendo estaría técnicamente convocado.
Fuera de la Coordinadora, pequeños grupos opositores reunidos en un Bloque Democrático, que incluye a militares retirados, llamaron nuevamente este martes a rechazar el proceso de reparos y pidieron en un comunicado de prensa que la oposición asuma una desobediencia ciudadana contra todos los poderes para forzar la salida de Chávez e instaurar un gobierno de transición cívico-militar.
En paralelo, el proceso para convocar referendo se encuentra en un limbo jurídico en el Tribunal Supremo de Justicia, pues la Sala Electoral de ese cuerpo, donde son mayoría los magistrados identificados con la oposición, ha ordenado al Consejo que agregue al bloque de firmas válidas las de las planillas planas y acepte para reparos las 300.000 que rechazó.
Pero la Sala Constitucional de la misma corte, que hace las veces de tribunal constitucional, declaró nula la sentencia de la Sala Electoral, decidió avocarse al tema y ratificó la competencia del Consejo para articular la fase de reparos y todo el proceso, como ha hecho hasta ahora.
Si la controversia entre salas llegase a la Sala Plena de 20 magistrados del Supremo, el conflicto podría incluso prolongarse, porque la correlación de fuerzas en el máximo tribunal es pareja: cada bando es respaldado por 10 jueces.
Mientras tanto, el Consejo activó el proceso para los comicios regionales y municipales del 1 de agosto, cuando deberán elegirse 22 gobernadores de estados e igual número de legislaturas estaduales, así como 335 alcaldes. Se han inscrito unos 6.000 candidatos de todos los partidos, incluidos los que en la Coordinadora rehúsan negociar sobre el referendo.
El Consejo considera una solicitud de su brazo operativo, la Junta Electoral Nacional, para que esos comicios se pospongan hasta septiembre.
