Partidarios y oponentes del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, llegaron por fin este miércoles a la recta decisiva tras un año de carrera por un referendo que podría revocar el mandato del gobernante.
El Consejo Nacional Electoral convocó para los días 28 a 30 de mayo la reparación (ratificación o retiro) de millones de firmas de electores, con las que la coalición opositora Coordinadora Democrática solicitó el referendo.
Si la oposición pasa con éxito esa prueba, la consulta podrá realizarse el 8 de agosto, dijo el presidente del Consejo, Francisco Carrasquero.
La fecha es clave en la lucha por el poder, y para continuar o revertir la revolución bolivariana, el proceso que impulsa Chávez, porque si la consulta se hace antes del 19 de agosto y el mandatario es derrotado, dejará el cargo y se organizará una nueva elección presidencial.
Si el referendo se produce después de esa fecha, una eventual derrota de Chávez llevará a que su período presidencial, hasta enero de 2007, sea completado el vicepresidente que él haya designado.
Los seguidores de Chávez no deseamos el referendo, porque la estrategia de la oposición es desestabilizar el país. Si la consulta se hace y los opositores pierden, igual dirán que hubo fraude y tratarán de impedir la gobernabilidad, dijo Elías Jaua, ex secretario de la Presidencia y dirigente del oficialista Movimiento V República.
En la Coordinadora, una coalición de 27 partidos y otros 40 grupos, las posiciones están divididas entre aceptar o no el mecanismo de reparos definido por el poder electoral, pero la mayoría, impulsada por los partidos tradicionales, avalará ese camino, según declaraciones de portavoces y analistas.
Tenemos la oportunidad de ir a los reparos, estimó Alberto Quirós, quien durante cuatro semanas negoció con el poder electoral, a nombre de la Coordinadora, los términos del proceso. Su compañero en esa labor, Felipe Mújica, sostuvo que tras las decisiones del Consejo estamos en mejores condiciones de cumplir los trámites.
Las negociaciones entre las partes y el poder electoral fueron animadas y acompañadas por misiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del estadounidense Centro Carter para la Paz.
El actual proceso se deriva de un acuerdo entre las partes, orquestado por el secretario general de la OEA, César Gaviria, que se firmó un año atrás para buscar una salida a la crisis de gobernabilidad en Venezuela.
En abril de 2002 un golpe de Estado de dos días contra Chávez costó 60 vidas. Y entre diciembre de 2002 y febrero de 2003 una huelga opositora causó pérdidas por 10.000 millones de dólares.
En la Coordinadora, el influyente ex líder socialista Pompeyo Márquez pidió acudir al proceso de reparos. Tenemos que agotar todas las vías para una salida pacífica y electoral, que no se derrame una gota de sangre más por esta causa. Y en política no se hace lo que se quiere, sino lo que se puede, advirtió.
No queda otra opción que revalidar nuestras firmas en un acto masivo, estimó Emilio Rondón, dirigente de la socialdemócrata Acción Democrática (principal de la oposición). Y el jefe del partido socialcristiano Copei, César Pérez, dijo que si es viable concretar la cifra requerida para la consulta, somos partidarios de los reparos.
De casi 3,5 millones de firmas presentadas en diciembre para solicitar el referendo, el Consejo Electoral validó 1.910.965, rechazó 375.241 y envió a reparo 1.192.914.
Para convocar la consulta se necesitan 2.436.083 firmas válidas, 20 por ciento del padrón electoral, recordó Carrasquero.
La oposición debe agregar 525.118 rúbricas válidas, 44 por ciento de las enviadas a reparo.
Pero se prevé que los oficialistas lograrán retirar miles de firmas de ciudadanos que alegan utilización indebida de su nombre. Entonces, la Coordinadora necesitará movilizar a unas 600.000 personas para revalidar aproximadamente la mitad de las que fueron puestas en duda.
Mientras los partidos tradicionales, incluidos los socialistas moderados, se inclinan por aceptar los reparos, se rehúsan otros pequeños y más jóvenes, como los derechistas Primero Justicia y Proyecto Venezuela y los centristas Causa Radical y Bravo Pueblo.
Las firmas no pertenecen a los partidos ni a la Coordinadora, sino a los ciudadanos, y no pueden negociarse, insistió el parlamentario opositor Carlos Berrizbeitia, de Proyecto Venezuela, en tanto Andrés Velásquez, de Causa Radical, denunció que el Consejo Electoral ha perpetrado una estafa al pueblo y a la democracia.
Los grupos no partidistas de la Coordinadora también están divididos. Leonardo Carvajal, de Asamblea de Educación, apoyó la negociación, pero Cecilia Sosa, de Asamblea de Ciudadanos, consideró que ir a reparos es ir al cadalso.
Creo que la Coordinadora está atrapada en una jaula que le diseñaron la OEA y el Centro Carter, dijo Sosa, ex presidenta del máximo tribunal del país.
Analistas políticos como Fausto Masó creen que la Coordinadora terminará aceptando la vía de los reparos pues si no, lo que le queda es la insurrección.
Teodoro Petkoff, editor del vespertino opositor Tal Cual, estimó que a la opción que hoy parece abrirse no hay alternativa.
Las dudas en torno a los reparos obedecen a que de los casi 1,2 millones de firmas que la oposición debe ratificar, cerca de 900.000 fueron rechazadas por planas, es decir, por tener caligrafía similar, lo que sembró las dudas del Consejo Electoral acerca de si en verdad los ciudadanos firmaron o sus datos fueron falseados por activistas.
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia sentenció que las firmas planas debían agregarse a las válidas, lo que en la práctica equivalió a ordenar que el Consejo Electoral -un poder independiente- convocase el referendo, pero la Sala Constitucional del mismo tribunal invalidó ese fallo.
Se ha planteado un conflicto entre salas en el máximo tribunal, prácticamente imposible de resolver porque una Sala Plena, que reúna a los 20 magistrados para zanjar la controversia, requiere un quórum de 16 jueces y esa cota no se alcanzará con la actual correlación de fuerzas en el Supremo, de 10 oficialistas y 10 opositores.
Abogados de Primero Justicia pidieron a la Sala Electoral que ordenara una ejecución forzosa de su sentencia, pero tanto oficialistas como opositores advirtieron que ese puede ser el camino más largo. Nuestro objetivo ha sido salvar la posibilidad de referendo para antes del 19 de agosto, insistió Mujica.
Por otra parte, el Consejo Electoral, cuyas estimaciones en 2003 apuntaban a que el referendo podría efectuarse en mayo, aplazó para el 26 de septiembre las elecciones regionales y municipales que había convocado para el 1 de agosto, en previsión de que la oposición pueda validar firmas para la consulta contra Chávez y evitar así que se solapen distintos comicios.
Los partidos de la Coordinadora critican por parcial al Consejo Electoral (donde se ha formado una mayoría de tres a dos miembros, favorable al oficialismo), pero todos han inscrito miles de candidatos para las elecciones regionales y municipales.
Además de buscar un referendo contra Chávez, los partidos de oposición recogieron firmas para solicitar consultas revocatorias contra algunos diputados oficialistas, y los seguidores de Chávez hicieron lo propio contra parlamentarios opositores.
Aunque la atención a esas solicitudes es absolutamente marginal en los predios políticos y de la prensa, esas rúbricas también deberán ir a reparos, los que se verificarán entre el 21 y el 23 de mayo.
