La oposición de Venezuela aceptó este miércoles el desafío de buscar, en un mes, las 525.118 firmas de ciudadanos que le faltan para conseguir un referendo sobre la presidencia de Hugo Chávez, con la meta de que esa consulta popular pueda efectuarse el 8 de agosto.
Sin embargo, la decisión no presagia merma de la conflictividad que vive el país desde hace dos años y medio, por la profunda desconfianza entre los bandos que disputan el poder, y de la oposición respecto del árbitro, el Consejo Electoral.
La confrontación entre opositores y chavistas mantendrá altas cotas en los próximos meses, porque las posibilidades de choques y trampas están en el aire, dijo a IPS Luis Salamanca, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central, la principal del país.
Por otra parte, la mayoría de la oposición entiende que la gente no se puede desmovilizar, y debe aprovechar cada capítulo de esta historia para evitar que sus seguidores se dispersen, desactiven o depriman, agregó Salamanca.
Varios de los partidos de la coalición opositora Coordinadora Democrática decidieron marginarse de la fase de reparos (ratificación o retiro de la firma en la solicitud del referendo, por parte de los ciudadanos), prevista para finales de mayo.
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Pero la mayoría de los jefes opositores aceptó el reto, después que el brazo técnico de la Coordinadora, el grupo Súmate, estimó en 85 por ciento las probabilidades de éxito para validar las firmas que faltantes, según su portavoz María Corina Machado.
Vamos a los reparos (ratificación o retiro de firmas) bajo protesta, denunciando ante el país y el mundo la vocación fraudulenta de la mayoría del Consejo Nacional Electoral, proclamó el líder de la Coordinadora, Enrique Mendoza, de tendencia socialcristiana y gobernador del estado de Miranda, al este de Caracas.
Lo flanqueaban gran parte de los jefes de los 27 partidos y 40 grupos que conforman la Coordinadora, y en la cual se impuso el punto de vista favorable a los reparos de los partidos tradicionales, como el socialdemócrata Acción Democrática y el socialcristiano Copei, que gobernaron Venezuela entre 1959 y 1994.
Fuerzas más nuevas y pequeñas, como el derechista Proyecto Venezuela y el centrista Causa Radical (de origen obrero) se marginaron de la estrategia opositora.
No acompañaremos esa farsa, es un suicidio político dijo el líder obrerista Andrés Velásquez. Y Henrique Salas, de Proyecto Venezuela, rechazó toda negociación de las firmas de los ciudadanos.
Otros grupos, como el derechista Primero Justicia (derecha) y Gente del Petróleo (de ex gerentes de la empresa petrolera estatal), con gran presencia en los medios de comunicación, pidieron rechazar el proceso de reparos pero se acogieron a la decisión de la mayoría.
La Coordinadora alega haber recogido en diciembre casi 3,5 millones de firmas para solicitar el referendo, pero el poder electoral validó sólo 1.910.965, rechazó 375.241 y envió a reparo 1.192.914 rúbricas, por dudas sobre su autenticidad o defectos en los datos presentados.
Para convocar el referendo se necesitan 2.436.083 firmas válidas, 20 por ciento del padrón electoral, según la Constitución de 1999 que por iniciativa de Chávez estableció la posibilidad de revocar el mandato a todo cargo electo tras cumplirse la mitad de su período.
Chávez aconsejó a la oposición acudir a los reparos porque es el árbitro el que los está ordenando, y la actitud de un verdadero demócrata es aceptar la decisión del árbitro.
Si dicen (los opositores) haber recogido cuatro millones de firmas en cinco días, ¿cómo es que en tres días no van a poder ratificar menos de 600.000, en más de 3.000 puntos de recolección, con todas las garantías?, se preguntó el presidente.
Delegados de la Coordinadora negociaron durante semanas con las autoridades electorales los detalles técnicos, logísticos y reglamentarios de la fase de reparos, así como un cronograma que podría habilitar el referendo el 8 de agosto, según dijo el presidente del Consejo Electoral, Francisco Carrasquero.
El Consejo Electoral, uno de los cinco poderes independientes que dirigen el Estado venezolano, está integrado por cinco rectores, y la correlación de fuerzas para la mayoría de las decisiones es de 3 a 2 a favor del oficialismo.
Si el referendo se celebrara antes del 19 de agosto y el mandatario lo perdiese, se organizaría una nueva elección presidencial.
Pero si la consulta y eventual revés del gobernante se produjeran después de esa fecha, entonces el vicepresidente designado por Chávez completará su período, hasta enero de 2007.
Mendoza dijo este miércoles que en 10 días la Coordinadora organizará 10.000 comandos de campaña en los 335 municipios del país, para movilizar a centenares de miles de seguidores que deben ratificar su firma entre el 28 y el 30 de mayo.
El Comando Ayacucho, coalición de los partidos que apoyan a Chávez, se propone de su lado llevar a los centros de reparación a decenas de miles de personas que alegan uso fraudulento de sus nombres y firmas, y que se excluirán del listado de solicitantes.
Por ello, la Coordinadora necesitará contactar, motivar y movilizar en un mes a por lo menos 600.000 personas, uno de cada dos de los 1,2 millones de electores cuyas firmas quedaron en observación, hasta alcanzar el número mágico de 2.436.083 rúbricas válidas.
Todo el proceso es seguido por misiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del estadounidense Centro Carter para la Paz.
La alternativa del referendo revocatorio fue pactada 11 meses atrás por gobierno y oposición, a iniciativa del secretario general de la OEA, César Gaviria, como vía para superar la crisis de gobernabilidad en Venezuela, que padeció un breve golpe de Estado en abril de 2002 y una huelga petrolera y empresarial de dos meses, en diciembre de 2002 y enero del año pasado.
