Miembros de comunidades minoritarias y opositores políticos de India acusaron al gobierno de perseguirlos mediante una aplicación abusiva de la Ley de Prevención del Terrorismo, aprobada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.
Mohammed Haneef Abdul Razak Sheikh afirmó que estuvo detenido en virtud de esa ley por distribuir alimentos entre las víctimas de la persecución antiislámica que tuvo lugar en el occidental estado de Gujarat hace dos años.
Además, señaló, los 287 detenidos en el marco de la ley antiterrorista en Gujarat tras la violencia fueron musulmanes.
Los hindúes constituyen 83 por ciento de los 1.000 millones de habitantes de India, y los musulmanes forman la mayor de las minorías religiosas, con 11 por ciento.
La persecución antiislámica en Gujarat comenzó luego de que una turba de musulmanes matara en febrero de 2002 a 59 hindúes al incendiar en la localidad de Godhra un tren lleno de fieles que regresaban de la ciudad de Ayodhya, donde pretendían construir un templo sobre las ruinas de la mezquita de Babri, demolida por fundamentalistas hindúes 10 años antes.
Las represalias contra los musulmanes dejaron más de 2.000 muertos y 500.000 desplazados.
Activistas de derechos humanos y dirigentes islámicos acusaron al gobierno estadual encabezado por el hinduista Baratiya Janata Party (BJP), el partido que encabeza la coalición federal de gobierno, de tolerar e incluso alentar la persecución antiislámica.
La esposa de Sheikh, Yasmeen, afirmó que antes de la detención de su marido, la policía fue a su casa, y al no encontrarlo, detuvio al hermano de Sheikh y lo arrastraron hacia afuera, además de cometer abusos contra otros miembros de la familia y saquear la vivienda.
Sheikh fue una de las personas que ofrecieron testimonio en marzo en un tribunal popular organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y una coalición de activistas.
”En los últimos dos años, la Ley de Prevención del Terrorismo fue utilizada contra jóvenes, viejos, 'dalits' (personas fuera del sistema de castas), comunidades adivasi (aborígenes), mujeres, opositores políticos y aquelos que luchan por sus derechos socioeconómicos”, afirmó Colin Gonsalves, uno de los organizadores del tribunal.
La ley, aprobada en India en cumplimiento de una resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se usa para arreglar cuentas políticas y para perseguir a minorías religiosas y étnicas, concluyó el tribunal.
Luego de escuchar los testimonios, el abogado Ram Jethmalani, que era ministro de Leyes al momento de la aprobación de la ley, admitió que se equivocó al apoyar la medida en abril de 2002.
”Apoyé la aprobación de la ley porque había que cumplir una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, pero ahora me arrepiento”, declaró.
Jethmalani dijo que, como otros, confió en los políticos que le aseguraron que la norma no sería un instrumento para cometer abusos. ”Hoy en día no tengo dudas de que debería derogarse”, expresó.
Políticos y miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos también manifestaron preocupación por el abuso de la ley.
Otras víctimas de Gujarat afirmaron que la policía invariablemente hacía los arrestos de madrugada, detenía a familiares de los sospechosos y se llevaba documentos indispensables para probar su identidad.
Habib Bhai Karimi dijo que estuvo detenido cuatro días sólo porque su hijo Kalim era amigo de su vecino, un predicador religioso.
Om Prakash, un niño de 10 años detenido en mayo de 2003 tras el asesinato de un jefe de aldea en el septentrional estado de Uttar Pradesh, dijo que su único delito fue ”ser integrante de la comunidad dalit”.
Muchos de los detenidos en Uttar Pradesh fueron personas que luchaban por el derecho a la tierra y no tenían nada que ver con el terrorismo, afirmaron críticos de la ley.
La mayoría de los casos se registraron en el central estado de Jharkhand, donde 3.200 personas fueron detenidas en virtud de la ley. Casi todas eran aborígenes o dalits.
