Los pocos esfuerzos realizados hasta ahora por el desarme de Haití se han concentrado en los simpatizantes del ex presidente Jean-Bertrand Aristide, pero poco se ha hecho para cesar la beligerancia de los grupos insurgentes que acosaron su gobierno.
Sin desarme, la democracia en Haití seguirá en peligro, dijo al visitar ese país el secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell.
Llamamos a todos los bandos en pugna a abandonar sus armas y a permitir a las autoridades debidamente constituidas imponer el estado de derecho, agregó.
Pero muy cerca de Powell, en una conferencia de prensa en el aeropuerto de Puerto Príncipe, el primer ministro interino Gerard Latortue ensayó el día 5 un enfoque más suave: Pedimos a aquellos que tienen armas a abstenerse de usarlas.
No puede tenerse acceso al proceso político ni al poder a través del uso de las armas y de la violencia, dijo el gobernante.
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Estados Unidos se ha comprometido en reiteradas ocasiones a desarmar a los rebeldes que encabezaron la revuelta que rodeó el 29 de febrero el fin de la presidencia de Aristide, quien asegura desde su exilio en Jamaica haber sido depuesto y secuestrado por Washington.
Pero los acontecimientos que se suceden en Haití, e incluso declaraciones de los estadounidenses integrantes de la fuerza multinacional de paz en este país, desmienten ese compromiso.
Los propios hechos sugieren que ni el nuevo gobierno haitiano ni las potencias que lo respaldan están seriamente interesados en el desarme.
Jóvenes de Les Cayes sacan a relucir sus armas ante el menor altercado, advirtió la semana pasada la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Todavía está vigente el toque de queda desde la medianoche hasta las cinco de la madrugada. Las fuerzas policiales aún carecen de personal suficiente en todo el país, agrega el informe.
Numerosas actividades delictivas —secuestros, robos, violación, ejecuciones sumarias y saqueo— a manos de bandas armadas siguen impunes. Los simpatizantes de Aristide se sienten amenazados, indica el estudio.
La organización humanitaria Amnistía Internacional se manifestó particularmente preocupada por la seguridad de jueces, fiscales, investigadores penales, víctimas, testigos y defensores de los derechos humanos involucrados en procesos relacionados con abusos del pasado.
El juez Napela Saintil, a cargo de procesar a los responsables por la masacre de hasta 30 personas en la localidad de Raboteau en abril de 1994, fue gravemente golpeado el 30 de marzo por un hombre armado , indicó la organización.
El juez dijo a delegados de Amnistía que su atacante le había amenazado por la condena en ausencia de Louis Jodel Chamblain, uno de los participantes en la matanza realizada durante el régimen militar iniciado con el anterior desalojo del poder de Aristide, en 1991, y concluido con una intervención militar estadounidense.
Chamblain se unió a comienzos de este año a la revuelta contra Aristide, liderada por el ex policía Guy Philippe. Junto con el también líder insurgente Jean Pierre Baptiste (conocido como Jean Tatoune), Chamblain fue condenado a trabajos forzados de por vida.
Hace una semana, el ministro de Justicia Bernard Gousse advirtió que si la mal equipada policía trata de desarmar a los insurgentes se encendería la mecha otra vez.
Se me critica porque no arresté suficientes personas, pero no quiero un linchamiento judicial. Quiero respeto al debido proceso, dijo Gousse a la agencia de noticias Reuters.
El no gubernamental Grupo de Apoyo a Haití calificó tal postura de inaceptable.
Este razonamiento es exactamente el mismo que el exhibido por el gobierno de Aristide cuando se lo presionaba para desarmar a los autodenominados 'chimeres', las milicias entonces favorables al gobierno, sostuvo la organización con sede en Gran Bretaña.
Los magros esfuerzos por el desarme se han concentrado hasta ahora en áreas pobres pro-Aristide en la capital, y ni siquiera se ha tocado a las fuerzas irregulares comandadas por Guy PHilippe, Louis-Jodel Chamblain, Gilbert Dragon, Joseph Jean-Baptiste y otros, agrega.
Al mismo tiempo, las autoridades haitianas arrestaron a funcionarios del gobierno de Aristide, como su ministro del Interior, Jocelerme Privert.
Powell y las autoridades francesas hablaron sobre la necesidad del desarme, pero no tomaron las acciones requeridas. La comunidad internacional debe tomar el desarme con seriedad y trabajar con la policía haitiana para lograrlo, indicó Amnistía.
Decir que el desarme no es lo prioritario, sino la estabilidad, permite que muchos digan: 'Conservaremos nuestras armas por si las necesitamos', dijo a IPS Rachel Stohl, experta del Centro de Información de Defensa con sede en Washington.
