Cuba no da por enterrado el debate sobre los prisioneros de la base naval estadounidense de Guantánamo, pese a que este jueves retiró una moción que pedía investigar la situación jurídica de esas personas bajo detenciones arbitrarias ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Cuba mantendrá abierto el debate y presentará nuevamente su proyecto en el foro internacional que estime pertinente, dijo el canciller Felipe Pérez Roque.
Este jueves debía ser sometido a tratamiento de la Comisión un proyecto de resolución de Cuba para investigar las condiciones de vida y estatus jurídico de más de 600 personas de varias nacionalidades recluidas en ese enclave militar estadounidense.
Sin embargo, la delegación cubana desistió a última hora de ese escrutinio. Pérez Roque dijo en conferencia de prensa que Cuba no retiró su proyecto, sólo decidió no insistir en que se votara sobre el mismo.
Vamos a seguir impulsando este tema en la comunidad internacional, añadió.
El gobierno de Fidel Castro entiende que así logró frustrar la presentación de una moción de no acción por parte de Washington, que habría evitado la consideración del asunto y de hecho habría bloqueado su discusión no sólo ahora, sino para el futuro, dijo el canciller.
Pérez Roque fustigó a países europeos y latinoamericanos que, aseguró, se aprestaban a apoyar a Estados Unidos en sus maniobras para evitar el debate en el máximo órgano de derechos humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), con sede en Ginebra, que concluirá sus sesiones anuales este viernes.
La semana pasada, la Comisión aprobó una resolución presentada por Honduras, según La Habana por encargo de Washington, sobre el respeto de los derechos humanos en Cuba gracias al voto favorable de la Unión Europea (UE) y de varios países de América Latina.
La resolución insta a La Habana a aceptar la visita de una enviada especial para constatar la situación humanitaria en el terreno.
El canciller contrastó la postura de esas naciones respecto de Cuba, con la adoptada frente a la moción sobre los presos de Guantánamo, con la cual evadieron todo tipo de compromiso. Estos son los paladines de los derechos humanos, ironizó.
Pérez Roque añadió que la delegación cubana tuvo informes de un embajador europeo, según los cuales la UE no sólo votaría a favor la moción de no acción, sino que uno de los 15 países del bloque europeo estaba encargado de su presentación.
Al impedir que la Comisión se pronunciara sobre este tema los países de la UE, Australia, otros países aliados de Estados Unidos y varios latinoamericanos se han convertido en cómplices de la aberración que acontece en Guantánamo, consideró.
A juicio de Pérez Roque ver un crimen sin combatirlo es también razón de complicidad. Pero la situación jurídica de los prisioneros de Guantánamo ya no podrá ser borrada de la Comisión y quedó abierta a futuros debates.
Según la Cruz Roja Internacional, en ese enclave militar permanecen recluidos 660 detenidos, entre ellos algunos menores de edad, procedentes de 40 países y de 16 lenguas diferentes, todos capturados tras la invasión de octubre de 2001 a Afganistán, liderada por Estados Unidos.
Washington no les reconoce estatus de prisioneros de guerra, pero tampoco los ha sometido a la justicia ni ha formulado cargos contra ellos. Los detenidos, algunos por más de dos años, no tienen acceso a abogados ni pueden ver a sus familias.
Una ayuda memoria sobre el proyecto cubano entregado a la prensa señala que unos pocos prisioneros excarcelados han narrado los horrores de ese campo de concentración, donde se practican repudiables formas de tortura y tratos crueles, degradantes e inhumanos.
En opinión del gobierno cubano, la lucha contra el terrorismo, emprendida por Washington tras los ataques suicidas del 11 de septiembre de 2001, no puede llevarse a cabo mediante el terror que imponen la negación de derechos y el ejercicio de un llamado derecho unilateral de hacer la guerra.
Según La Habana, la base de Guantánamo ha sido convertida en almacén de presos, sin juicios y sin causas, sin abogados y sin la más mínima señal del debido proceso.
El dominio estadounidense sobre la base situada en el extremo oriental de la costa sur cubana, 920 kilómetros al este de La Habana, data de 1903, cuando Washington firmó con Cuba un tratado, perfeccionado en otro documento en 1934 y por el cual se prolongó la posesión del enclave a perpetuidad.
Cuba no reconoce ese tratado y considera ilegal la ocupación de esa porción de su territorio. En las primeras décadas del gobierno encabezado por Fidel Castro, iniciado en 1959, la zona vivió momentos de gran tensión.
A una pregunta de IPS, el jefe de la diplomacia cubana descartó que el diferendo diplomático con Estados Unidos en Ginebra hubiera afectado la comunicación entre autoridades militares cubanas y estadounidenses de la base naval.
Se mantiene el clima de respeto mutuo entre los militares cubanos y norteamericanos en la frontera y un ambiente incluso de cooperación que en los últimos años se ha desarrollado, señaló Pérez Roque.
Al respecto, insistió en que no existen tensiones, entre los militares de ambos países impera un ambiente de respeto y comprensión, porque comprenden claramente que no están en guerra.
El proyecto de resolución que La Habana intentó introducir en Ginebra solicita a Washington que informe sobre las condiciones de vida y estatus jurídico de los detenidos y acerca de los pasos que ha dado para garantizar el respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Así mismo, demanda que se ocupen del caso el relator especial sobre tortura, el relator especial sobre la independencia de los jueces y el grupo de trabajo sobre detención arbitraria del foro mundial.
