El destino de las personas desaparecidas durante la dictadura de Brasil (1964-1985) comienza a ser un problema para el gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Luis Francisco Carvalho Filho, el renunciante titular de la gubernamental Comisión Investigaciones sobre Muertes y Desapariciones Políticas, entregará a comienzos de la próxima semana a Lula un informe sobre su gestión, en el que detallará las críticas que se hacen a la actuación del gobierno en torno a la investigación de las violaciones a los derechos humanos en el periodo militar. Carvalho Filho, quien deja el cargo por razones personales, admitió que falta voluntad política de la actual administración para avanzar en la materia.
