El Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil sostuvo por primera vez que debe prohibirse extraer, industrializar, vender y usar asbesto, como en otros 36 países, porque causa cáncer pulmonar y otras enfermedades respiratorias irreversibles.
Si esa prohibición se concreta, será un triunfo personal de Fernanda Giannasi, inspectora de Trabajo y la más conocida militante en Brasil contra el asbesto, que en el país se llama comúnmente amianto, como el mineral similar y más flexible.
Pero aún falta que el Poder Ejecutivo formule un proyecto y que el parlamento lo discuta, seguramente con resistencias empresariales.
Giannasi teme que se conceda a la industria un largo plazo para eliminar el asbesto, como el quinquenio fijado por la Unión Europea que terminará al final de este año.
El Ministerio del Trabajo creó a fines de marzo un grupo técnico con 90 días de plazo para detallar la cadena de producción y los usos de la fibra. Eso ayudará a una comisión con representantes de seis ministerios a definir los términos de la prohibición.
Cinco años es demasiado, espero la proscripción inmediata o en un año como máximo, porque las empresas ya ganaron mucho tiempo, comentó Giannasi, invitada a asesorar a esa comisión.
El asunto ya fue muy discutido, falta una decisión política, dijo a Tierramérica. En opinión de la inspectora, no corresponden nuevas postergaciones porque los daños a la salud causados por el asbesto están comprobados, y hay materias primas y tecnologías alternativas.
En colaboración con la Asociación Brasileña de Expuestos al Amianto, Giannasi registró entre esos daños 52 muertes y centenares de casos de cáncer, asbestosis (enfermedad pulmonar crónica) y otros males que causan invalidez permanente.
La Sociedad Anónima Minería de Amianto (Sama), única productora del mineral, y las industrias que lo emplean sostienen que no es peligroso el uso controlado de asbesto, de acuerdo con leyes vigentes. En Brasil sólo se emplea el llamado asbesto blanco o crisotila, la variedad menos tóxica, permitida en muchos países, arguyen.
El año pasado, la Sama exportó 140.000 toneladas de asbesto, dos tercios de su producción, y sus ingresos fueron 110 millones de dólares.
Esa empresa señaló que tiene derecho a explotar 60 años más el yacimiento de Minaçú, en el interior del centrooccidental estado de Goiás, y alegó que si el gobierno se lo prohíbe deberá indemnizarla.
La industria transformadora sostiene que sustituir el asbesto elevaría costos, pero algunas empresas ya prueban alternativas porque el mercado lo demanda. Una de ellas es Infibra/Permatex, que usa fibras vegetales y sintéticas para producir el fibrocemento con que hace depósitos de agua.
Eso aumenta 10 por ciento el costo, pero hay consumidores que lo prefieren, dijo a Tierramérica Luiz Fernando Marchi, director industrial de esas empresas. Pero la producción alternativa, con tecnología desarrollada por la Universidad de Sao Paulo, es muy minoritaria en Infibra/Permatex, que usa asbesto en 90 por ciento de sus productos.
El fibrocemento también se usa para hacer tejados, y la alternativa, con tecnología importada de Austria, cuesta 40 por ciento más sin resolver el problema de la ondulación de las tejas, explicó Marchi.
El asbesto es componente de más de 3.000 productos, entre ellos aisladores térmicos y acústicos, ropas de protección, frenos y embragues de vehículos, filtros industriales y papeles especiales. Es difícil hallar sustitutos con similares cualidades de resistencia a golpes y altas temperaturas, durabilidad y flexibilidad.
La industria argumenta que el bajo porcentaje de la fibra en los productos reduce sus riesgos, pero el director del Departamento de Seguridad y Salud del Ministerio de Trabajo, Virgilio Cesar Alves, subrayó en un artículo que no hay límite seguro de exposición para evitar el cáncer provocado por el asbesto.
De los 36 países que prohibieron el uso del mineral, la mayoría son europeos. En América Latina sólo lo hicieron Argentina, Chile y El Salvador, pero se espera que se sumen pronto Ecuador y Perú.
La eliminación en Brasil puede ser gradual, dijo a Tierramérica Alves, que consideró razonable el plazo de cinco años temido por Giannasi.
Una solución como la adoptada por Canadá, al prohibir el asbesto internamente pero permitir su exportación, puede salvar a municipios como el de Minaçú, de 34.000 habitantes, que depende de la minería por más de 800 empleos directos y muchos otros indirectos, observó.
En Brasil hay cerca de 300.000 personas directamente expuestas a ese mineral tóxico, por trabajar en empresas que lo utilizan, según Fundacentro, organismo sanitario del Ministerio de Trabajo. Pero el problema de salud pública es mucho mayor, porque fibras liberadas de los productos o en su transporte o de los productos pueden dispersarse a largas distancias, señaló Alves.
Las enfermedades causadas por el asbesto pueden aparecer hasta 30 años después de la exposición, y por eso el auge de los casos en Brasil se espera de 2005 a 2015, ya que la producción se intensificó en los años 70, explicó. (
