Los trabajadores ganaron este jueves un motivo más para protestar contra la política económica del gobierno presidido por el ex obrero metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva, en los actos de este sábado 1 de Mayo.
El salario mínimo nacional, que entrará en vigencia en mayo, será de solo 260 reales (88 dólares), decidió Lula después de seis reuniones con al menos nueve de sus ministros desde la semana pasada, para discutir la decisión, sucesivamente postergada.
Es ?lamentable? que las autoridades financieras hayan triunfado una vez más dentro del gobierno, imponiendo la ?corrección mínima del mínimo?, reaccionó Luiz Marinho, presidente de la Central Unica de Trabajadores (CUT), mayor organización sindical del país, fundada por Lula y cercana al gobernante e izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).
Calificando la decisión de ?error gravísimo?, Marinho acusó el gobierno de abandonar el salario mínimo como instrumento para reducir las desigualdades sociales en Brasil.
El aumento de 8,3 por ciento sobre el valor vigente desde abril del año pasado es ?una vergüenza?, especialmente para un gobernante que prometió doblar el valor real de ese piso salarial hasta 2006, opinó Paulo Pereira da Silva, presidente de otra central, Fuerza Sindical.
La decisión representó un pequeño incremento del valor real, ya que la inflación oficial acumulada en los doce últimos meses fue de 5,89 por ciento. Pero las dos mayores centrales sindicales brasileñas reclamaban llevar el salario mínimo a 300 o 320 reales (102 a 107 dólares).
Y el tema promete enardecer los actos de este sábado, Día Internacional de los Trabajadores.
Para cumplir su finalidad constitucional, asegurando alimentación, vivienda, salud, educación y esparcimiento a una familia de cuatro miembros, el sueldo legal más bajo del país debería ser de 1.400 reales (476 dólares), según el Departamento Intersindical de Estudios y Estadísticas Socioeconómicas (DIEESE).
Esa es una suma deseable, que sólo se puede alcanzar a largo plazo, a través de una política nacional de recuperación del salario mínimo, cuyo poder adquisitivo era razonable en la década de 1950, pero se deterioró mucho a partir de los años 80, dijo a IPS Ilmar Ferreira da Silva, técnico del DIEESE.
Hay un obstáculo fiscal que impide cualquier generosidad gubernamental en esta materia. Un aumento mayor agravaría el déficit del sistema previsional, principal factor de desequilibrio en las cuentas públicas, argumentan las autoridades.
El salario mínimo constituye la remuneración de dos tercios de los más de 20 millones de jubilados y pensionistas de este país de 178 millones de habitantes. Su elevación representa gastos públicos adicionales, exigiendo recortes en el presupuesto o aumentos de impuestos que ya no puede tolerar el sector productivo.
Para ablandar la frustración de los trabajadores, el gobierno decidió elevar el salario-familia (un subsidio por cantidad de hijos), de 13,48 a 20 reales (4,58 a 6,80 dólares) mensuales por cada hijo menor de 18 años, como forma de mejorar el ingreso de jefes de hogar sin agravar el déficit previsional.
Al contrario que los sindicatos, los empresarios aprobaron el nuevo valor del piso salarial. Fue una decisión ?responsable?, ?compatible con la realidad fiscal del país?, opinó Armando Monteiro Neto, presidente de la Confederación Nacional de la Industria (CNI).
Un aumento mayor pondría en riesgo la estabilidad económica, generando inflación que afectaría principalmente a los trabajadores, argumentó, señalando que muchas alcaldías de ciudades pequeñas también enfrentarían dificultades para elevar el sueldo de sus funcionarios.
El impacto en la industria es pequeño, porque casi todas sus empresas pagan salarios superiores al mínimo legal, acotó.
Pero se trata de un valor de referencia que influye en los acuerdos salariales de muchos sectores, especialmente los que emplean mano de obra no muy calificada y pagan poco más que el salario mínimo, como la construcción, el comercio y algunos servicios, contrarrestó Ferreira da Silva.
El DIEESE, un centro de investigación de apoyo a los sindicatos, defiende mayores aumentos del piso salarial como instrumento de redistribución de la renta nacional e impulsor del crecimiento económico, mediante el aumento del consumo de la población pobre.
Hasta ahora, el salario mínimo ha sido un reflejo de la desigualdad del desarrollo nacional. De 1940 a 2003 el producto interno bruto por persona se multiplicó por cinco en este país, mientras el salario mínimo perdió dos tercios de su valor real en ese período, según un estudio del DIEESE.
Es necesario buscar alternativas para la recuperación gradual del valor del piso salarial, en un debate nacional sobre un conjunto de medidas, sostuvo Ferreira da Silva. El crecimiento económico, que eleve la recaudación del sistema previsional, es una de las condiciones indispensables, reconoció.
Pero poco se avanza en ese proceso repitiendo las polémicas anuales en vísperas o luego del anuncio del nuevo salario mínimo, cuando su valor ya está determinado y limitado por el presupuesto estatal, aprobado el año anterior, concluyó el especialista.
