– La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ordenó este lunes al poder electoral en Venezuela medidas que en la práctica llevarían a convocar un referendo revocatorio del mandato del presidente Hugo Chávez.
Pero los seguidores de Chávez apelaron de inmediato ante la Sala Constitucional del mismo máximo tribunal, y se planteó una batalla jurídica antes de que el Consejo Nacional Electoral presente los resultados de sus trabajos para verificar si los opositores que solicitaron el referendo reunieron firmas válidas suficientes.
Agregó combustible al torneo de decisiones y alegatos la convocatoria a una marcha oficialista y otra opositora para este martes ante la sede del Tribunal Supremo en Caracas.
En la cúpula del poder judicial se instala un conflicto entre salas, a resolver por el Tribunal en Sala Plena de los 20 magistrados que lo integran, pero sin avizorarse todavía una solución, pues 10 están alineados con el oficialismo y 10 con la oposición, es decir que hay un empate, dijo a IPS el jurista Carlos Escarrá.
La Sala Electoral del Supremo aceptó por completo un recurso de amparo que presentó la coalición opositora Coordinadora Democrática, y anuló normas dictadas por el Consejo Nacional Electoral para evaluar firmas por el referendo.
El órgano judicial ordenó al Consejo que sume 876.017 firmas que estaban en observación a las 1.832.493 que había declarado válidas, lo que da un total de 2.708.510 válidas.
Ese total es 11 por ciento superior a las 2.436.083 firmas válidas (20 por ciento del padrón electoral) que la Constitución requiere para que el referendo sea convocado.
Oficialismo y oposición pactaron en mayo de 2003, con auspicio de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el estadounidense Centro Carter, no gubernamental, buscar la vía de los referendos para zanjar la crisis política, luego de que Chávez resistió un breve golpe de Estado en abril de 2002 y una huelga del sector petrolero estatal y de empresarios privados en diciembre de 2002 y enero de 2003.
Misiones de la OEA y del Centro Carter observan el proceso de revisión de las firmas y median entre las partes.
La oposición recogió sus firmas a fines del año pasado y alega haber presentado 3.447.000, pero el Consejo Electoral afirmó en un informe preliminar hace dos semanas que recibió sólo 3.086.000.
Fueron rechazadas 377.503 firmas, 143.930 de ellas en forma definitiva. Las otras 233.573 quedaron en observación porque algún dato del elector se registró de modo incorrecto y son eventualmente reparables.
Pero la polémica mayor estalló por las 876.017 firmas colocadas bajo observación porque los datos fueron recogidos con caligrafía similar en planillas planas, llamadas así por su aspecto semejante a las tareas escolares en que un niño repite muchas veces la misma frase.
En otras palabras, tres de los cinco miembros del Consejo consideraron que esos registros pueden haber sido falsificados por activistas de la oposición. Por lo tanto, se convocó para fines de marzo a un proceso de reparos o ratificación de firmas de los solicitantes.
Representantes del gobierno y de la oposición se abocaron a negociaciones sobre las modalidades de esa fase, animados por representantes de la OEA y el Centro Carter, pero la decisión del Consejo fue seguida por protestas y desórdenes callejeros en los últimos días de febrero y primeros de marzo.
Esas protestas fueron reprimidas principalmente por la militarizada Guardia Nacional, con un saldo de por lo menos 10 muertos, medio centenar de heridos y 30 agitadores detenidos llevados ante los tribunales.
Dirigentes opositores y analistas independientes consultados por IPS coincidieron en considerar muy difícil que en pocos días centenares de miles de firmantes acudan a ratificar sus firmas, y en que el camino al referendo quedaría, en cambio, expedito si sólo debieran acudir quienes deseen excluirse del listado de solicitantes.
Esa inversión del procedimiento fue exactamente lo que ordenó este lunes la Sala Electoral del Supremo.
La Coordinadora había presentado un recurso amparo a esa sala de tres jueces, de los que dos simpatizan con la oposición y uno con el oficialismo.
Dirigentes y abogados del oficialismo recusaron a los magistrados opositores, y sus rivales de la oposición hicieron otro tanto con el simpatizante del oficialismo.
Entonces la Sala Constitucional, que hace las veces de tribunal constitucional, recibió un pedido del oficialismo para que conociera de la causa y envió una carta el jueves a la Sala Electoral para que se abstuviese de decidir y le entregase el expediente.
Sin embargo, el presidente de la Sala Electoral, Alberto Martini, invocó este lunes la igualdad legal de las distintas salas del Supremo y convocó al suplente del magistrado oficialista para efectuar la sesión en la que se ordenó un giro de 180 grados en los trabajos del Consejo.
Ahora tenemos un escenario diferente, se regocijó César Pérez, secretario general del partido opositor socialcristiano Copei. El Consejo Electoral debe simplemente organizar los reparos para que quien no desee figurar en las listas de firmantes retire su nombre, y no que cientos de miles acudan a las ratificaciones, agregó.
Enrique Mendoza, portavoz de la Coordinadora de oposición, leyó una declaración de la misma que saludó el rescate del estado de derecho y la independencia del Poder Judicial, y reclamó inmediato cumplimiento por parte del Consejo Electoral.
Pero Freddy Bernal, dirigente del oficialista Movimiento Quinta República, dijo que presentarán de inmediato ante la Sala Constitucional sendos recursos de amparo y de revisión del fallo de la Sala Electoral.
El abogado oficialista Jesús Caldera dijo a IPS que hay vías para reparar esta lesión gravísima a la Constitución, y recordó que cuando el Tribunal Supremo designó al Consejo Electoral en agosto le facultó para dictar las normas sobre referendos, pues no existe una ley que rija esa materia en Venezuela.
Con una medida cautelar, la Sala Electoral se pronunció sobre el fondo de la materia y de un plumazo ordenó, en la práctica, hacer el revocatorio, deploró Caldera.
La oposición busca que el referendo revocatorio se efectúe antes del 19 de agosto porque, según la Constitución, si Chávez lo pierde deberá hacerse una nueva elección presidencial, mientras que si tal supuesto ocurre después de esa fecha entonces el vicepresidente, designado por el mandatario, completará el periodo hasta enero de 2007.
