La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela desautorizó a la Sala Electoral del cuerpo, que había dado aliento a un posible referendo contra el presidente Hugo Chávez.
Los cinco poderes que tiene el Estado venezolano, según la Constitución, quedaron así enzarzados desde el miércoles en un conflicto de desenlace impredecible.
La Constitución de 1999, impulsada por Chávez, agregó, a los clásicos poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Poder Ciudadano o Moral Republicano, que reúne a la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, y el Poder Electoral, dirigido éste por un Consejo Nacional de cinco miembros.
La Sala Constitucional, con el voto de tres de sus cinco magistrados, ordenó a la Sala Electoral paralizar el proceso con el que atendió un pedido de la oposición para que diera luz verde al referendo, y exigió la inmediata entrega de todo el expediente.
La Sala Electoral había ordenado el lunes validar 876.017 firmas de la solicitud de referendo, que el Consejo Electoral consideraba dudosas y prevé someter a una ratificación por los firmantes, y sumarlas a las 1.832.493 que ya estaban validadas.
Esa cuenta arroja 2.708.510 firmas válidas, y las que se necesitan para convocar el referendo sobre si Chávez debe continuar o no en la presidencia son 2.436.083, es decir 20 por ciento del padrón electoral, según la Constitución.
En paralelo, Francisco Carrasquero, presidente del Consejo Electoral, solicitó a la Sala Constitucional que suspenda la sentencia de la Sala Electoral y ratifique la competencia del órgano que dirige para conducir el proceso del referendo, según sus propias normas.
"Acatamos la decisión de la Sala Electoral pero también acataremos lo que decida la Constitucional, que es la que nos va a despejar el panorama", declaró Carrasquero.
El enfrentamiento de poderes comienza con el Ejecutivo, cuyo gobierno central dirige Chávez con amplias facultades. Pero Venezuela es una república federal, y en estados y municipios ricos y populosos gobiernan alcaldes y gobernadores que son férreos opositores y tienen policías bajo su mando.
El vicepresidente José Vicente Rangel dijo el martes que la decisión de la Sala Electoral "es subversiva, golpista, mafiosa e inmoral. Es Don Corleone (nombre del protagonista de la novela y la película estadounidenses 'El Padrino', sobre la mafia) administrando justicia".
Para el Poder Ejecutivo, agregó Rangel, valdrá lo que diga la Sala Constitucional.
En el Poder Legislativo, la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional de 165 miembros es favorable al oficialismo por 84 a 81 escaños, pero las posiciones mineralizadas en los bloques impiden todo acuerdo para los asuntos que exigen una mayoría de dos tercios.
Por esa razón, por ejemplo, le fue imposible al parlamento aprobar una ley sobre referendos o nombrar el Consejo Nacional Electoral, figuras previstas en la Constitución de 1999.
La Sala Constitucional intervino en agosto de 2003 para destrabar el juego, designó al Consejo Electoral y le encargó redactar y aplicar las normas sobre referendos.
La directiva de la Asamblea, en manos oficialistas, condenó "la desafortunada sentencia de la Sala Electoral, por su abierta contradicción con la Constitución", e instó al Poder Ciudadano a iniciar un proceso de descalificación y remoción de los tres magistrados que elaboraron el fallo favorable a la oposición.
El Poder Ciudadano, integrado por el fiscal Isaías Rodríguez, el defensor del pueblo Germán Mundaraín y el contralor Clodosbaldo Russián, que favorecen al oficialismo, comenzó el procedimiento de calificar las presuntas faltas de los magistrados.
El oficialismo logró reunir mayoría también en el Consejo Electoral, en el que dos miembros son afines al oficialismo y dos simpatizan con la oposición, mientras Carrasquero, considerado el fiel de la balanza, se ha inclinado en las decisiones clave por la tesis gubernamental.
Pero en el Poder Judicial la correlación de fuerzas ha sido más pareja y en ocasiones muy adversa al gobierno, como en agosto de 2002, cuando el Tribunal Supremo decidió por 11 votos contra nueve exculpar a los jefes militares que desalojaron a Chávez del poder durante dos días de abril de ese año.
Los juristas coinciden en que si se sostiene el conflicto de competencias entre las Salas Electoral y Constitucional será preciso reunir la Sala Plena, es decir, la totalidad de los 20 miembros del Tribunal Supremo.
La correlación de fuerzas allí es de 10 a 10, recordó a IPS el jurista Carlos Escarrá. Por añadidura, cuando se delibere sobre el conflicto entre salas no podrán participar los ocho magistrados que integran las salas Constitucional y Electoral, por lo que deberá convocarse a suplentes.
El abogado opositor Herman Escarrá (hermano de Carlos, aunque sus criterios jurídicos difieren) dijo creer que reunida la Sala Plena con suplentes "habría una mayoría institucionalista", eufemismo para indicar que favorecería a la oposición.
Representantes de partidos oficialistas y opositores, por su parte, inundan al Tribunal Supremo con pedidos de amparo para sus respectivas causas y con acusaciones o recusaciones contra magistrados que consideran afectos a la otra parte.
Entretanto, delegados de la coalición opositora Coordinadora Democrática seguían negociando este miércoles con el Consejo Electoral las modalidades en que se cumplirán los "reparos", como se denomina el proceso de ratificación o no de poco más de tres millones de firmas presentadas en la solicitud contra Chávez, en diciembre.
La prisa de la oposición obedece a que si el referendo se efectúa antes del 19 de agosto —mitad formal del mandato— y Chávez lo pierde, se hará una nueva elección presidencial este año.
Si es después de esa fecha, entonces el vicepresidente, libremente designado por el actual gobernante completará el período, hasta enero de 2007.
El proceso conducido por el Consejo Electoral es observado en todas sus fases por misiones de la Organización de Estados Americanos y el estadounidense Centro Carter para la Paz, que discreparon del criterio de las autoridades electorales sobre los "reparos" pero pidieron acatar sus decisiones.
El grupo ad-hoc de países amigos de Venezuela (Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México y Portugal) pidió este lunes celeridad en el proceso que puede conducir al referendo.
Un miembro del Consejo Electoral, Jorge Rodríguez, pro oficialista, preguntó ante periodistas: "¿Por qué la oposición escoge la vía judicial, que es más larga?".
En Washington, un portavoz del Departamento de Estado, Adam Ereli, pidió que el proceso de revisión de firmas se realice "de forma transparente, constitucional y que refleje la voluntad del pueblo", pero respecto de lo que decidió la Sala Electoral comentó: "No somos expertos constitucionales venezolanos".
