– La violencia callejera llegó en los últimos cuatro días a zonas residenciales de clase media en las principales ciudades de Venezuela, donde enfurecidos opositores s se enfrentan con fuerzas militares, en reclamo de un referendo que permita revocar el mandato del presidente Hugo Chávez.
Se nos acabó la paciencia, nos robaron las firmas y no aguantamos más trampas, dijo este lunes a IPS María Solórzano, un ama de casa en El Cafetal, del residencial sudeste de Caracas, mientras arrimaba basura como combustible para una fogata que impide el acceso de vehículos a su urbanización.
A pocos metros, docenas de vecinos gritaban consignas e insultos, agitaban banderas y golpeaban cacerolas vacías. No hemos podido ir al trabajo y no mandamos los muchachos a la escuela. Perdamos un día, pero no perdamos el país, comentó Arturo Martínez, quien dijo trabajar en un comercio de electrodomésticos.
Si Chávez quiere guerra, la va a tener, dijo a IPS Reinaldo, un jovencito que no quiso confesar su edad, mientras con otros mozalbetes trataba de romper adoquines en una acera próxima a la plaza Altamira, emblemático bastión opositor en el este de la ciudad. La intención era contar con proyectiles para arrojar contra una cercana barrera de la Guardia Nacional (policía militarizada).
Desde el 27 de febrero, durante cuatro días y parte de las noches, las barricadas y los enfrentamientos han sacudido a una docena de barrios de clase media de Caracas, y también áreas residenciales de las occidentales ciudades de Maracaibo, Barquisimeto, Valencia y San Cristóbal.
Los manifestantes protestan porque el Consejo Nacional Electoral (un poder independiente), por mayoría de tres contra dos, decidió colocar en observación centenares de miles de las firmas presentadas en diciembre por la oposición para pedir un referendo sobre la continuidad del mandato de Chávez, cuyo numero exacto, cercano a 3,5 millones según los promotores de la iniciativa, aún se desconoce.
El poder electoral duda de que esas firmas sean legítimas, y las que da por válidas son menos que las 2.436.083 (20 por ciento del padrón electoral) necesarias para convocar el referendo, por lo que el Consejo dará a los electores oportunidad este mes para que confirmen si firmaron o no, pero la coalición opositora Coordinadora Democrática considera que eso equivale a una estafa contra la buena fe de los firmantes.
Una marcha en defensa de las firmas reunió a miles de opositores el viernes 27 en Caracas, y grupos de vanguardia de esa movilización traspasaron el perímetro de seguridad que protegía la cumbre de mandatarios del llamado Grupo de los 15, formado por 19 países en desarrollo, en un céntrico hotel capitalino.
La Guardia Nacional repelió a esos grupos con gases lacrimógenos y balines plásticos, y se generalizaron enfrentamientos en varias calles y avenidas, tras lo cual las adyacencias de urbanizaciones residenciales que tradicionalmente nutren las marchas opositoras se convirtieron en polos de desorden.
Dos personas murieron baleadas, un simpatizante del oficialismo y un seguidor de la oposición, y decenas de personas han resultado heridas, varias por armas de fuego.
Gobierno y oposición se culpan mutuamente de generar la violencia, y por los muertos y heridos. Según los opositores, los victimarios son guardias y efectivos de la policía política, en tanto el oficialismo culpa a los agentes al mando de alcaldes opositores de varios municipios del área metropolitana.
Dos reporteros gráficos fueron heridos de bala. El camarógrafo Felipe Izquierdo, de la cadena estadounidense Univisión, recibió un balazo en un pie, y Juan Barreto, fotógrafo de la agencia francesa de noticias AFP, fue impactado en una mano y en el tórax.
Un jovencito que estaba en el grupo opositor me disparó al pecho con una pistola de 9 milímetros. Afortunadamente me salvó el chaleco antibalas, contó Barreto a IPS.
El general Julio Quintero, jefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada, aseguró este lunes: Mantendremos nuestra presencia hasta que los conserjes municipales, que son los alcaldes, se ocupen de la situación. Impondremos el orden y haremos valer la Constitución y la ley.
El domingo, Chávez congregó en la principal autopista de Caracas a unos 150.000 seguidores suyos, llegados de varias regiones del país, y anunció mano firme.
No voy a tolerar desorden ni anarquía, aseguró.
El presidente acusó a la Policía Metropolitana de Caracas, dependiente del alcalde opositor Alfredo Peña, y a otras fuerzas municipales de brindar protección a los revoltosos.
Si es preciso intervenirlas (a esas fuerzas policiales) con tanques de guerra, lo voy a hacer. Ya di las órdenes, enfatizó.
Ese mitin fue convocado para protestar contra la intervención estadounidense, pues el presidente sostiene que la oposición venezolana se guía por dictados de Washington, y trata de repetir el golpe de Estado que lo desalojó del poder durante dos días de abril de 2002.
El discurso de Chávez fue el más duro que ha pronunciado contra su homólogo estadounidense George W. Bush, y afirmó que si Washington interviene en su contra ni una gota de petróleo venezolano irá a Estados Unidos.
Venezuela exporta 1,5 millones de barriles diarios de petróleo al mercado estadounidense.
Chávez también evocó la posibilidad de una intervención militar estadounidense, y dijo que en tal caso aquí hay bastante montaña, bastante selva, bastante sabana, bastante dignidad y también bastantes cojones para enfrentar un ataque.
El líder de la Coordinadora Democrática, Enrique Mendoza, desoyó las advertencias de Chávez y pidió a la población manifestar su descontento durante toda esta semana en las principales ciudades del interior del país, sin mencionar Caracas, donde grupos de ciudadanos continuaron interrumpiendo el tránsito y enfrentando a los uniformados.
Grupos de activistas pintarrajean en calles, aceras y paredes el número 350, en alusión al último artículo de la Constitución de 1999 -impulsada por Chávez- que prevé el desconocimiento de las leyes y autoridades cuando se violen los derechos humanos.
El pueblo de Venezuela (…) desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios o garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos, reza el texto constitucional.
Unidades del ejército comenzaron a reforzar a las de la Guardia Nacional que tratan de despejar las principales vías bloqueadas por opositores en Caracas.
Los dirigentes de la oposición urgieron al Consejo Electoral a rectificar la decisión de enviar a reparación las planillas donde los datos de los firmantes presentan similar caligrafía e hicieron dudar al poder electoral de su autenticidad.
El Consejo busca una fórmula de acuerdo, con base en propuestas de la Organización de Estados Americanos y del estadounidense Centro Carter para la Paz, que han observado todas las fases del proceso, y la oposición está dividida acerca de aceptar o no una fórmula de transacción. (
