El cumplimiento en América Latina y el Caribe del programa de acción acordado 10 años atrás en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo muestra más sombras que luces, según la reunión internacional de balance que culminó este viernes en Santiago de Chile.
Más de 300 delegados de América Latina, el Caribe, América del Norte y Europa aprobaron por aclamación una declaración final que insta a los países a redoblar los esfuerzos para mejorar el desarrollo y bienestar de la población, pero a la vez demanda apoyo financiero internacional para alcanzar estos objetivos.
La delegación de Estados Unidos fue la única que se abstuvo de respaldar la declaración, que exhorta también a la prestación de servicios integrales de salud sexual y a garantizar el ejercicio responsable de los derechos reproductivos, asuntos que contradicen la visión conservadora del gobierno de George W. Bush.
El encuentro fue organizado por la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y el Fnuap (Fondo de Población de Naciones Unidas), al cumplirse 10 años de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) de El Cairo.
Aquel encuentro estableció un programa de acción para los siguientes 20 años y este balance de medio camino permite evaluar su cumplimiento también en el contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que la Organización de Naciones Unidas (ONU) trazó en 2000 con metas hacia 2015.
Marisela Padrón, directora del Fnuap para la región, recordó que una de las metas fundamentales del milenio es reducir en 50 por ciento la pobreza extrema, propósito lejos de alcanzar para América Latina y el Caribe, donde 33 por ciento de los habitantes vive con menos de dos dólares diarios, indicó.
Es bien sabido que en América Latina y el Caribe la distribución del ingreso es la menos equitativa del planeta, recalcó Padrón en la inauguración del encuentro, el miércoles
La desigualdad social expresada en la alta concentración del ingreso, así como las diferencias entre países, impiden que lleguen a todos los avances que la región registra en salud y mortalidad, según señaló Fabiana del Popolo, experta de la División de Población de Cepal.
José Luis Machinea, secretario ejecutivo de Cepal, y Padrón coincidieron en que junto a la persistencia de la pobreza, los latinoamericanos y caribeños deben afrontar el desafío de graves problemas de salud, en particular la expansión del VIH-sida que afecta en forma creciente a las mujeres y los jóvenes.
La lucha contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), transmisor del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), está vinculada al fortalecimiento de la capacidad de decisión de las mujeres en la familia, la comunidad y la sociedad y a la ampliación de su acceso a los servicios de salud.
El balance del cumplimiento del plan de acción adoptado en El Cairo presentado por Del Popolo, señala avances en las metas de salud y mortalidad, pero con diferencias importantes entre países y al interior de éstos, tanto en términos de áreas geográficas como de grupos sociales.
Varios países de la región deberán esforzarse aún más para alcanzar las metas que se refieren a demanda insatisfecha de planificación familiar, atención al parto por personal calificado, esperanza de vida y mortalidad infantil, indicó así mismo la experta.
En materia del pleno ejercicio de derechos reproductivos, entendido como el acceso a métodos anticonceptivos para espaciar los nacimientos o limitar el tamaño de la familia, un balance sobre 12 países muestra retrocesos o estancamientos en Bolivia, Guatemala y Jamaica.
El Salvador, Haití y Paraguay tienen un avance lento que les impediría cumplir la meta del plan de acción, en tanto Nicaragua, Perú y República Dominicana exhiben logros importantes que los aproximan al objetivo. Por último, Colombia, Ecuador y Honduras están en condiciones de cumplir las metas acordadas en El Cairo.
Las conclusiones de la experta de la División de Población de Cepal indican que persisten vacíos de información para un mejor control de las políticas, tanto en la calidad de las estadísticas, como en su oportunidad.
La declaración final de la reunión pidió intensificar esfuerzos para fortalecer la equidad de género y los derechos de la mujer e incorporar los aspectos demográficos en las estrategias de desarrollo sustentable y en la elaboración de políticas y planes públicos.
Conocer mejor los efectos de las migraciones internacionales, continuar los programas y políticas de apoyo a las familias en su pluralidad de formas, incluidas las monoparentales, es otro requerimiento para los gobiernos.
La declaración abogó igualmente por revisar e implementar la legislación que garantice el ejercicio responsable de los derechos reproductivos e incorporar en las reformas del sector salud políticas públicas que promuevan la prestación de servicios integrales de salud sexual y reproductiva.
Prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas es otra de las recomendaciones de la declaración final, que del mismo modo criticó los efectos sociales negativos de las políticas de ajuste estructural, adoptadas en el marco de la liberalización de las economías.
La fragmentación de las políticas sociales, la pesada carga del servicio de la deuda externa, la persistencia de altos índices de pobreza y las desigualdades asociadas con el género, el origen indígena y la etnia, están entre esos efectos negativos que atentan contra la construcción de modelos de desarrollo inclusivos y equitativos.
La declaración final expresó preocupación por la disminución del apoyo financiero internacional para América Latina y el Caribe, lo cual es un obstáculo para cumplir las metas comprometidas 10 años atrás en El Cairo.
En ese sentido, la reunión acordó pedir a la comunidad mundial que se ponga en práctica lo acordado en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en Monterrey en 2002, para impulsar así los flujos financieros hacia la región.
