Más de 1.500 muertos, 250 desaparecidos y miles de personas sin techo. No es el saldo de un desastre natural, sino de la guerra civil de Nepal, luego del colapso del cese del fuego hace ocho meses.
El conflicto en este pobre reino del Himalaya, de 26 millones de habitantes, se ha convertido desde agosto pasado en uno de los más letales de Asia.
El saldo de muertes de la guerra civil saltó de 6,56 por día antes de la tregua a 11,6 luego de la reanudación de las agresiones, según la organización de derechos humanos Centro de Servicios del Sector Informal.
Desde el comienzo de los enfrentamientos en febrero de 1996, los muertos han sido al menos 9.130.
Este es, por lejos, el conflicto más violento en Asia meridional. Las muertes diarias se duplicaron desde la reanudación de las hostilidades, dijo el experto Deepak Thapa.
El último ciclo de violencia comenzó luego de siete meses de cese del fuego, por la intransigencia de los dos bandos en pugna: el gobierno y el insurgente Partido Comunista Maoísta, inspirado en la guerrilla peruana Sendero Luminoso.
Dos meses después del colapso de la tregua, las autoridades se embarcaron en un ambicioso plan para contener la insurgencia y que incluía la creación de un comando unificado a cargo del Ejército Real, con el fin de dar coherencia a la miríada de organismos de seguridad oficiales.
Además, los militares recibieron del primer ministro Surya Bahadur Thapa carta blanca para realizar operaciones en distritos rurales donde actúan desde 1996 los insurgentes maoístas, que pretenden abolir la monarquía e instaurar una república.
Pocos meses después, este pobre reino sufre las graves consecuencias de la creciente militarización.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional aseguró haber documentado más de 250 casos de desaparición, la mayoría a manos del Ejército Real.
La tendencia constatada en los últimos meses al aumento de las desapariciones y asesinatos indiscriminados en choques armados alienta versiones según las cuales el ejército persigue una política de exterminio, para cuya implementación apela a escuadrones de la muerte.
No existen evidencias al respecto, pero altos oficiales militares admiten en privado su estrategia de aterrorizar a los terroristas.
Lo que está claro luego de ocho años es que el conflicto ya puede calificarse de una guerra sin cuartel.
Los maoístas sometieron a las fuerzas del gobierno a grandes pérdidas en los primeros ocho años de guerra civil, y la respuesta del gobierno a sus propias fallas operativas fue el actual proceso de militarización.
Eso hizo mella en la capacidad militar de los rebeldes, pero a un alto costo humano y político para el gobierno.
La atención de la población se concentra ahora en las violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad, aunque los insurgentes maoístas están lejos de ser inocentes, pues mataron a civiles ajenos al conflicto, entre ellos activistas políticos y familiares de soldados.
Algunos informes de la prensa indican que los rebeldes se han impuesto como meta el reclutamiento de hasta 50.000 niños.
La guerra civil devastó las jóvenes instituciones democráticas del país.
Nepal carece de parlamento y de autoridades locales desde hace dos años por falta de elecciones, y sí posee un Poder Judicial muy politizado, una débil sociedad civil y una prensa servil y dominada por la autocensura.
Y, sobre todo, esta nación tiene un rey que pretende más poder que el meramente simbólico.
La situación se está convirtiendo en un gran dolor de cabeza para el gobierno, que se decidió este mes a llamar a elecciones. Urjo a mi partido rastrilla Prajatantra a prepararse para los comicios este año, dijo el primer ministro Thapa.
Pero muy pocos creen que puedan celebrarse elecciones libres y justas con tal inseguridad.
Participaremos en cualquier elección con seguridad, libertad y transparencia, pero no creemos que el gobierno pueda garantizarlas, dijo el dirigente opositor Prakash Saran Mahat, del Partido del Congreso Nepalí.. (
