Cámaras ocultas desnudan en México a políticos y funcionarios en presuntos actos de corrupción, un mal enraizado en la cultura de este país, donde cada familia destina en promedio siete por ciento de sus ingresos a pagar algún tipo de soborno.
La corrupción del gobierno es proverbial en el país, pero los vídeos, filmados por desconocidos y ampliamente difundidos por los medios de comunicación, comprometen a partidos opositores.
La temporada de escándalos empezó a fines de febrero, cuando televisoras locales difundieron un vídeo en el que se ve al líder del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que se apartó en 2001 del gobierno, cuando al parecer negocia un soborno con un empresario, y siguió el miércoles con la transmisión de otro en el que se ve en la misma situación a un político opositor de izquierda.
El presidente Vicente Fox prometió el jueves que haría todo lo que esté a su alcance para combatir la corrupción y promover la rendición de cuentas ante la ciudadanía. Lo mismo dijeron políticos de diversas orientaciones, que se declararon indignados con los últimos escándalos.
Fox afirmó en una reunión con empresarios de Canadá que México está en una transición del ocultamiento a la apertura, de la apatía a la denuncia, de la transa (ilegalidad) impune al castigo.
Pero la herida de la corrupción está supurando, está supurando pus y pronto el cuerpo sanará, aseguró.
El especialista José Antonio Crespo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, dijo a IPS que la corrupción de funcionarios da vergüenza, pero la buena noticia es que ya no se puede ocultar como en el pasado, pues ahora hay zonas de transparencia y libertad de prensa que alientan la rendición de cuentas.
La corrupción es el aceite que permite el funcionamiento de la sociedad mexicana, sostuvo hace más de 15 años el escritor brasileño-estadounidense Alan Riding, al referirse a lo que entonces se sospechaba que ocurría en el gobierno y la política, y se palpaba en la vida cotidiana.
La frase de Riding molestó sobremanera al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó el país durante siete décadas hasta 2000 sin combatir con eficacia la corrupción, según coinciden observadores políticos.
Fox prometió entablar una lucha a muerte contra la corrupción cuando asumió el cargo. Con ese fin, concertó en 2001 con el Congreso una ley de transparencia y la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información, para abrir al público los registros del Estado.
La ley garantiza el derecho ciudadano de solicitar y recibir documentos relacionados con la operación de cualquier órgano del Estado, sin necesidad de justificar los propósitos de la solicitud.
Hasta diciembre de 2003 se presentaron más de 24.000 solicitudes de información a oficinas públicas, 28 por ciento provenientes de académicos, 16 por ciento de empresarios y 7 por ciento de medios de comunicación.
El Instituto Federal vela por el cumplimiento de la ley y vigila que los órganos del Estado coloquen en Internet información sobre ingresos y egresos de dinero, datos de licitaciones y actividades, si bien esta información está restringida a materias no estratégicas ni de seguridad nacional.
Hasta diciembre, el Instituto recibió poco más de 600 recursos de ciudadanos, de los cuales resolvió 450. Ochenta por ciento fueron resoluciones que ordenaron entregar la información inicialmente negada por la repartición correspondiente.
El gobierno mantiene en los medios de comunicación una campaña con mensajes e imágenes que pretenden crear conciencia social sobre los efectos negativos de la corrupción.
Todas estas medidas parecen haber tenido un efecto mínimo en la práctica cotidiana de sobornar.
Un estudio realizado por el capitulo mexicano de la organización no gubernamental Transparencia Internacional, con base en encuestas, indicó que en 2003 cada consultado había destinado, en promedio, 9,8 dólares mensuales a sobornar funcionarios municipales, estatales y federales.
Esa suma es dos centavos de dólar menor que la calculada para 2002 mediante encuestas similares.
¿Pagó usted un soborno o no?, fue una de las preguntas que se hicieron a 14.000 personas.
En cuanto al Indice de Percepción de Corrupción, que elabora Transparencia cada año, México ocupó en 2003 el lugar 64 entre 133 países, posición de la que el gobierno y los políticos se declaran avergonzados.
No sé si estamos ahora realmente mejor que en el pasado, pero lo cierto es que ahora podemos ventilar la corrupción de forma abierta y los medios de comunicación están jugando en ello un papel fundamental, expresó Crespo.
Hasta mediados de los años 90, la mayoría de medios de comunicación mexicanos estaban alineados con el gobierno, al punto que muchos de sus dueños reconocían ser militantes del PRI. Hoy, luego de que ese partido dejó de gobernar, incluso esos empresarios se declaran independientes.
Uno de los vídeos conocidos en los últimos días muestra a Gustavo Ponce, jefe de finanzas del municipio de la capital, gobernado por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuando apostaba cientos de dólares en un casino de la sudoccidental ciudad estadounidense de Las Vegas.
Se sospecha que el funcionario, destituido de forma inmediata por el alcalde Andrés Manuel López Obrador cuando se difundió la filmación, usaba dinero público para ir las casas de juego, y que es responsable de un desfalco en las oficinas que comandaba. Ponce se esfumó de la luz pública sin que ninguna autoridad hubiera pedido su detención.
López Obrador aparece en las encuestas de opinión como el político más popular del país, y firme candidato a la presidencia para las elecciones de 2006.
Mientras, Jorge González, líder del PVEM, la cuarta fuerza política del país, se mantiene visible y sostiene que todo es una trampa política en su contra.
El vídeo en el que se ve a González preguntando a un empresario cuánto nos toca por facilitar unos permisos de construcción en el caribe mexicano, muestra una auténtica conversación, pero la intención no era aceptar el soborno sino ver hasta dónde llegaban los empresarios y luego denunciarlos, afirmó ese dirigente político.
El otro filmado cuando parece estar en falta es René Bejarano, ex líder del PRD en la Asamblea Legislativa de la capital, a quien se ve cuando recibía grandes cantidades de dinero en efectivo del empresario Carlos Ahumada, dueño de dos equipos de fútbol, una empresa constructora y el diario El Independiente.
Según algunas versiones, el empresario era beneficiado, a cambio de sus pagos, con contratos de construcción en el municipio de la capital. Pero Bejarano también se mantiene a la luz pública, y asegura que aclarará todas las acusaciones en su contra.
El caso también enlodó a López Obrador, pues en el pasado Bejarano fue su secretario particular y jefe de campaña electoral.
El alcalde dijo que tiene las manos limpias y que la difusión de vídeos que vinculan a sus colaboradores y ex colaboradores forman parte de un campaña dirigida a desprestigiarlo.
González pidió licencia en el Senado para afrontar las investigaciones que realizan autoridades judiciales y electorales, mientras Bejarano hizo lo mismo en la Asamblea Legislativa de la capital y además renunció a su militancia en el PRD, la tercera fuerza política del país.
Lo que hoy estamos viendo no es nada nuevo, siempre sucedía, pero antes no lo podíamos ver, sostuvo el historiador e investigador Lorenzo Meyer, del Colegio de México.
La corrupción es un mal que acompaña a México desde hace 500 años, cuando llegaron los españoles a su territorio trayendo una cultura donde el soborno, el robo y la compra de cargos públicos eran considerados normales.
Esas prácticas se enraizaron a tal punto que algunos académicos que investigan la historia mexicana, como el estadounidense Stephen Niblo, afirman que para entender los procesos políticos de este país hay que introducir la corrupción como una variable central más, junto a otras como las económicas y demográficas.
