Dos líderes del izquierdista PRD de México, que durante 15 años puso sangre y coraje para conseguir cambios políticos, renunciaron este miércoles a su partido, arrastrados por un escándalo de corrupción que salpica a la joven y opaca democracia local.
Rosario Robles, ex presidenta del PRD (Partido de la Revolución Democrática), y Raúl Sosamontes, ex secretario de Alianzas de su Comité Ejecutivo Nacional, renunciaron a su militancia mientras eran enjuiciados por sus correligionarios por corrupción.
La política mexicana, que a fines de 2000 tuvo una inflexión histórica por la salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del poder que retenía desde 1929, enfrenta hoy un terremoto por la difusión de vídeos donde se observa a dirigentes y funcionarios- del PRD en situaciones comprometedoras.
Robles, jefa del PRD entre 2001 y 2003 y alcalde interina de la capital de 1999 a 2000, reconoció tener una relación personal con el empresario de origen argentino Carlos Ahumada, contra quien pesa una orden de captura de la Procuraduría General (fiscalía) por lavado de dinero y fraude.
Según se observa en varios vídeos exhibidos por televisión en las dos últimas semanas, Ahumada, dueño de constructoras, dos equipos de fútbol y del diario El Independiente, aportó grandes sumas de dinero para apoyar al PRD en campañas electorales, que no fueron reportadas a las autoridades como la ley manda.
La presunta intención del empresario nacionalizado mexicano era recibir a cambio la primera opción en las licitaciones para la construcción de obras públicas en el municipio de la capital, donde sus empresas tienen ya varios contratos en marcha.
El autónomo Instituto Federal Electoral (IFE) anunció este miércoles que impulsará reformas legales para obligar a los partidos a hacer más transparentes sus actividades, recibir menos dinero del Estado y a mantener autonomía frente a financiamientos privados.
En 2003, los partidos políticos mexicanos recibieron del Estado alrededor de 500 millones de dólares para financiar sus actividades, que por ley pueden complementarse con dinero privado, pero en montos y condiciones que son controladas por el IFE.
El Instituto está preocupado por la supuesta corrupción y la mala imagen que están dando a la sociedad los partidos, que son el eje de la democracia, señaló su presidente, Luis Carlos Ugalde.
Tras el triunfo de Vicente Fox en las elecciones de 2000, el primero de un candidato ajeno al PRI en siete décadas, la democracia brilló en México por el entusiasmo que el cambio político despertaba en los electores y por la limpieza inusitada en que se desarrollaron las campañas electorales y las votaciones.
Sin embargo, en las elecciones de julio pasado, cuando se votó para renovar el Congreso legislativo, el desencanto y el rechazo a los políticos se expresaron en una abstención sin precedentes, de casi 60 por ciento de los 65 millones de habilitados para votar.
Hoy, todas las encuestas que se conocen indican que los mexicanos están muy decepcionados de los políticos y de la democracia, a la que identifican con actos de corrupción. Es lamentable, pero es la realidad, dijo a IPS el politólogo Marcelo Carbonell, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El PRD, fundado en 1989 a partir de una escisión del PRI, es considerado uno de los principales impulsores de los cambios institucionales de los últimos 10 años, entre ellos las reformas legales que transparentaron los procesos de elección.
Su líder moral, Cuauhtémoc Cárdenas, quien ganó la alcaldía de la capital en 1997 y la cedió en 2000 interinamente a su colaboradora Rosario Robles para contender por la presidencia, es uno de los políticos más respetados del país.
El PRD tiene entre sus principales postulados la lucha contra la corrupción política, una bandera que enarboló con fuerza en los años en los que el PRI gobernaba y con la que logró ser la fuerza política más votada en la capital de México y la tercera en el ámbito nacional.
Hasta 1999, 600 militantes del PRD fueron asesinados por enemigos políticos, según afirma su historia oficial. Pero hoy ese partido está en el centro de los escándalos.
Vivimos ahora nuestra peor crisis, reconoció su presidente, Leonel Godoy.
La fiscalía mantiene vigente una orden de detención contra el empresario Ahumada e investiga a varios militantes de ese partido y a funcionarios del municipio de la capital, exhibidos en vídeos cuando recibían dinero de ese empresario.
El alcalde Andrés López Obrador, que encabezaba holgadamente semanas atrás todas las encuestas nacionales sobre aprobación ciudadana, se sufre un grave deterioro por esas imágenes en las que se reiteran sus colaboradores y compañeros de partido.
Para capear el temporal, López Obrador centra sus argumentos en señalar que los vídeos son parte de una campaña en su contra diseñada por la derecha política, al tiempo que alega no conocer nada de los supuestos actos ilícitos de sus colaboradores.
Los vídeos fueron entregados a los medios de comunicación por personas vinculadas a Ahumada, quien habría entrado en conflicto con el alcalde al no conseguir más ventajas para sus empresas.
Ahumada, quien denunció que era chantajeado por funcionarios de la alcaldía, fue al parecer azuzado por un senador del conservador y gobernante Partido Acción Nacional, y por funcionarios del estatal Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
En uno de los vídeos aparece René Bejarano, ex secretario particular y ex jefe de campaña electoral de López Obrador, recibiendo dinero de Ahumada y colocándolo en portafolios y en los bolsillos de su chaqueta.
En otra cinta se ve al ex jefe de finanzas del municipio, Gustavo Ponce, apostando en un casino de Las Vegas, y en otras aparece Carlos Imaz, jefe de la delegación municipal de Tlalpan, en la capital, y militante del PRD, conversando con Ahumada mientras recibe fajos de billetes en bolsas de plástico.
López Obrador, el PRD y la política en general han sufrido un descalabro por el destape de la corrupción, que no es algo nuevo, pero que ahora vemos hasta en televisión, dijo Carbonell.
Para la mayoría de analistas, es preferible que estos delitos se conozcan, y que se apliquen sanciones a los culpables, lo que permitiría sanear las instituciones democráticas.
