Antes de partir este lunes desde República Centroafricana hacia Jamaica, el ex presidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide, acusó ante un tribunal francés a los gobiernos de Estados Unidos y Francia de haberlo derrocado y forzado al exilio.
La demanda presentada por un equipo internacional de abogados ante un tribunal de París afirma que existió una conspiración de esas dos potencias para derrocar a Aristide, asediado durante varias semanas por una insurgencia armada, y que el presidente haitiano fue obligado a abandonar la capital Puerto Príncipe y partir hacia República Centroafricana.
En Bangui, capital de ese país africano, el abogado estadounidense Ira Kurzban se reunió con Aristide para discutir la estrategia legal a seguir. Kurzban y su socio francés Gilbert Collard anunciaron luego en París que demandarían a los gobiernos de Estados Unidos y Francia.
En la petición judicial, los abogados afirman que en la noche del 28 al 29 de febrero pasado, el embajador de Estados Unidos James Foley se reunió con el primer ministro haitiano Yvon Neptune, y que éste declaró tras la reunión que la situación era extremadamente preocupante.
Más tarde esa noche, el vice-embajador estadounidense Luis Moreno, acompañado por seis agentes especiales, se reunió con Aristide. Bajo presión de Moreno, sostiene la demanda, el presidente firmó una carta que decía: Si mi renuncia puede evitar un baño de sangre, acepto dejar el poder en la esperanza de que triunfe la vida, y no la muerte.
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Moreno guió luego a Aristide hacia un avión que lo llevo a él y a su esposa hacia República Centroafricana.
Estados Unidos y Francia, que habían dejado a Aristide abandonado a su suerte mientras insurgentes dirigidos por ex líderes paramilitares sembraban el caos en Haití, decidieron luego de la partida del presidente desplegar tropas en ese país caribeño, para restaurar el orden.
Aristide culpa ahora a Foley, a Thierry Burkard, embajador de Francia en Haití, a su predecesor Yves Gaudel, y a los enviados especiales Régis Debray y Veronique Albanel, hermana del canciller francés Dominique de Villepin, de conspirar para derrocarlo.
Albanel y Debray, un escritor que se hizo famoso por su estrecha relación con el revolucionario argentino Ernesto Che Guevara durante la fracasada campaña guerrillera de éste en Bolivia, fueron designados enviados especiales de Francia a Haití el año pasado. Ambos negociaron con Aristide formas de poner fin a la crisis política en el país caribeño.
Debray presidió el comité de deliberación sobre las relaciones franco-haitianas, creado por el gobierno francés. Albanel, presidenta de la desconocida organización no gubernamental Fraternidad Universal, era miembro del comité.
Hervé Ladsous, portavoz de la cancillería francesa, justificó la participación de Albanel con el argumento de que varias personalidades fueron invitadas a participar en las deliberaciones debido a su experiencia profesional.
Collard sostiene que Debray y Albanel presionaron al presidente haitiano para que renunciara y abandonara el país. El gobierno de Estados Unidos quería derrocar a Aristide, y el gobierno de Francia hizo de cómplice, declaró el abogado a la prensa.
Según Collard, la carta de renuncia de Aristide es inconstitucional. Aristide estaba rodeado de agentes extranjeros fuertemente armados, y en medio de la noche, recordó.
Además, el avión que sacó a Aristide y su esposa de Haití pertenece al gobierno de Estados Unidos.
Los secuestros de Aristide y su esposa fueron cometidos por funcionarios de Estados Unidos, aparentemente por orden del vice-embajador estadounidense Luis Moreno, y muy probablemente del secretario de estado adjunto de Estados Unidos para América Latina, Roger Noriega, del secretario de Estado (canciller) Colin Powell y del secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, dijo Kurzban a la prensa en París.
Hasta mediados de febrero, tras varias semanas de enfrentamiento armado entre el gobierno y la oposición, ni Washington ni París pedían la renuncia de Aristide. Francia reclamaba una misión internacional de paz, mientras que Powell decía que, aunque Aristide era incompetente y corrupto, había sido elegido en forma democrática y no debía ser obligado a renunciar.
Pero el 25 de febrero, De Villepin urgió abiertamente al presidente haitiano a dimitir. Aristide tiene una gran responsabilidad en esta situación. Su gobierno está estancado, y más allá de toda norma constitucional, declaró el canciller en París ese día.
Tres días después, Washington se plegó a la nueva posición francesa, y ése fue el último día de Aristide en la presidencia.
Ante el avance de los rebeldes, Aristide pidió a comienzos de febrero reforzar su guardia personal, que estaba a cargo de la firma estadounidense Steele Foundation.
Pero la empresa rechazó el pedido. Según un diplomático citado por el diario francés Le Monde, una llamada telefónica de Washington a San Francisco (la sede de Steele Foundation) arregló el asunto.
Los marines de Estados Unidos no irán a rescatar a sus hombres (los guardias de Aristide) si son atacados por los rebeldes, advirtió Foley a Steele Foundation, según Le Monde.
Varios informes de prensa sugirieron que la postura de París contra Aristide fue una respuesta a amenaza del presidente haitiano de demandar compensación ante un tribunal internacional por el precio que los ex esclavos haitianos debieron pagar para obtener la independencia en 1804. El diario Le Parisien estimó que la compensación demandada ascendería a 28.000 dólares.
La cooperación de Francia y Estados Unidos va más allá del despliegue militar en Haití tras la salida de Aristide. Ambos gobiernos bloquean los intentos de investigar las circunstancias que rodearon la renuncia de Aristide.
El regreso de Aristide a la región del Caribe causó polémica en Haití y en la comunidad internacional.
La versión oficial es que Aristide viajó a Jamaica para reunirse con su familia, pero los detractores del ex presidente aseguran que su presencia en un país vecino puede volver más volátil la situación en Haití.
