Prostitutas de Madrid denunciarán ante la justicia a las autoridades de esta capital por prevaricación y coacción, debido a una campaña del municipio para impedirles contactar clientes en la calle.
Carmen Briz, portavoz de la organización Hetaira, dijo este miércoles a IPS que los acusados serán el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, la concejala de Acción Social Ana Botella (cónyuge del saliente presidente del gobierno José María Aznar), y el concejal de Seguridad, Pedro Calvo, todos del derechista Partido Popular.
Hetaira es una organización no gubernamental de asistencia a las prostitutas, integrada por mujeres que ejercen ese oficio y por otras que se solidarizan con ellas.
Las autoridades municipales iniciaron el lunes una campaña contra clientes y proxenetas en el barrio de La Montera, en pleno centro de la ciudad, entre la tradicional Gran Vía y la plaza de la Puerta del Sol, donde tiene su sede el gobierno autónomo de la Comunidad de Madrid.
En esa zona, las mujeres ejercen la prostitución ofreciendo sus servicios en la calle, practicándolo en viviendas particulares, pensiones y hoteles de los alrededores, en los que además se hacinan inmigrantes de distintas etnias y nacionalidades.
El propósito esgrimido por el municipio es lograr la reinserción social de las trabajadoras del sexo. La prostitución no es ilegal en España.
Ana Botella presentó el operativo, calificado de plan contra la esclavitud sexual, señalando que su finalidad es hostigar a los clientes y a los proxenetas y prestar ayuda a las mujeres que deseen dejar el oficio.
Para ello, grupos policiales patrullan la zona las 24 horas del día, solicitando documentos e inspeccionando locales.
Una fuente de la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento informó a IPS de que hay siete personas detenidas y puestas a disposición de la policía nacional, la que a su vez las presentará al juez de turno. Entre los privados de libertad no hay ninguna prostituta, aseguran.
El municipio instaló también una furgoneta, con apoyo de la no gubernamental Asociación de Prevención y Reinserción de Mujeres Prostitutas (APRAMP), en la que ofrecen colaboración a quienes quieran dejar el oficio. Un centenar de mujeres pasaron por allí para informarse.
Una de ellas calificó la oferta de reinserción de tontería. Con lo que nos ofrecen, a los diez días estaríamos todas en la calle otra vez, dijo.
Las prostitutas somos personas y tenemos derechos humanos que deben ser respetados, y ese plan pasa por encima de nuestros derechos más elementales, observó a su vez Nereida León, una de las mujeres que trabajan en La Montera.
Si quieren perseguir a los proxenetas, es mucho más fácil y seguro hacerlo en los clubes de alterne (sucedáneos de los prostíbulos) que es donde peor se explota a las mujeres, afirmó otra de ellas, que prefirió no identificarse.
Se nos trata de forma inhumana como si estuviéramos cometiendo un delito por el hecho de captar nuestros clientes en la calle, agregó.
En un comunicado de prensa distribuido este miércoles, Hetaira destaca que la obligación de ejercer la prostitución en lugares cerrados beneficiaría a los empresarios, ya que se quedarían con un porcentaje de sus ingresos y les impondrían sus propias reglas.
Además, según Hetaira, el municipio las presiona de distintas maneras. No se nos permite caminar tranquilamente por la zona y menos detenernos en la acera, en función de nuestros rasgos físicos o nuestra vestimenta, acosándonos permanentemente con la demanda de identificación.
El fiscal jefe de los tribunales de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, afirmó que la prostitución es un oficio lícito que no está castigado en el código penal, y yo prefiero que siga siendo así. Quien intente que se penalice, que abra el debate en el parlamento, pero que no lo haga por la puerta de atrás.
Mientras, la asociación de los dueños de clubes de alterne preconiza la regularización del sector y la calificación de las meretrices como trabajadoras del sexo, con derecho de efectuar sus cotizaciones a la seguridad social y de ser cubiertas por las normas laborales vigentes.
Si las prostitutas callejeras fueran empleadas por unas 1.500 empresas afiliadas a esa asociación, el Estado recaudaría anualmente más de 3.000 millones de euros, unos 3.500 millones de dólares, según los empresarios.
De acuerdo con la guardia civil (policía militarizada), la prostitución mueve en España el equivalente a 21.000 millones de dólares al año.
La policía estima que en España hay unas 400.000 prostitutas. Setenta por ciento de las que trabajan en la vía pública son inmigrantes. De las españolas, 90 por ciento son drogodependientes y 10 por ciento se prostituyen al menos desde hace 15 años.
La mayoría de las mujeres inmigrantes que ejercen este oficio (latinoamericanas, asiáticas, africanas y de Europa oriental) llegaron a España engañadas por mafias que les prometen residencia legal y un trabajo honesto, por lo general en el sector de servicios.
Una vez en este país, alejadas de sus familias, sin dinero ni auxilio legal, son obligadas a prostituirse, frecuentemente en clubes de alterne y discotecas. Las que han logrado escapar de esta suerte de esclavización se encuentran bajo protección policial.
El operativo municipal contra la prostitución es denigrante, pues se utiliza a las meretrices para llevar a cabo un montaje de política-espectáculo, dijo la diputada Inés Sabanés, de Izquierda Unida (coalición basada en el Partido Comunista).
También se pronunció contra la medida el concejal socialista Oscar Iglesias, quien la tildó de demagógica, pero fue más lejos al pedir un verdadero plan para erradicar la prostitución no sólo en La Montera, sino en toda la capital española.
Hetaira y otras organizaciones similares procuran el reconocimiento de los derechos legales y sociales de las prostitutas y su ubicación en la sociedad. Pero lo hacen desde una perspectiva según la cual sólo las mujeres deben decidir si continúan o no en esa actividad.
