La expulsión de España de dos inmigrantes argentinos sin papeles fue suspendida este lunes, tras escuchar el juez Jaime Guilarte Martín-Calero a la defensa, que invocó la aplicación de tratados bilaterales, uno de ellos del siglo XIX todavía en vigor.
El dictamen deja sin efecto la resolución administrativa del Ministerio del Interior contra Mauricio Herman Martínez Vulcano y Pablo Omar Luna y toma en cuenta los tratados existentes, que son ignorados por el gobierno. Los dos afectados serán puestos en libertad y se iniciará un proceso para regularizar su residencia en España.
”Esto es magnífico, porque saldremos en libertad y porque para miles de argentinos en situación irregular es una buena noticia saber que la justicia reconoce validez a los tratados bilaterales que nos dan derecho a vivir y trabajar en España”, dijo Luna a IPS, minutos después de conocer el fallo.
Martínez Vulcano y Luna fueron detenidos el 11 de febrero junto con el uruguayo Raúl Posse, cuando estaban trabajando sin permiso de residencia como albañiles en una obra en construcción en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, archipiélago español de las islas Canarias frente a la costa noroccidental de Africa.
El Ministerio del Interior decretó su expulsión el mismo día, por lo que la jueza Laura González ordenó que se los recluyera a los tres en un centro de internamiento de extranjeros hasta su salida del país.
Posse, quien además colaboraba con la Cruz Roja como voluntario por su profesión de enfermero, fue liberado quince días después tras las gestiones de la cónsul general de su país, Marta Echarte.
Los dos argentinos continuaron presos hasta este lunes, aunque la semana anterior el juez Guilarte Martín-Calero suspendió la orden de expulsión, a la espera de que la defensa presentara su alegato.
España tenía en 2003 más de 1,6 millones de inmigrantes legales, de los cuales 514.000 eran de origen latinoamericano. Aunque las autoridades no dan cifras sobre inmigrantes indocumentados, se estima que estos ronda el millón de personas.
En más de 92.000 extranjeros repatriados en 2003, unos 23.000 lo fueron tras iniciárseles un expediente de expulsión por residencia o trabajo indocumentado, como el caso de los argentinos.
Luis Pérez Leira, dirigente de la Asociación de Argentinos en el Exterior, señaló a IPS que es muy importante que el juez haya fundado su resolución, entre otras cosas, en los tratados bilaterales que son ignorados por los organismos gubernamentales.
El auto del juez puntualizó a ese respecto que para dictar la orden de expulsión no se averiguó si los afectados tenían arraigo en España (domicilio, trabajo, familia), ”pues se ha acordado la expulsión sin más trámite”.
Además, al decretarse el internamiento de ambos en el centro para extranjeros ”se les ha impedido el ejercicio pleno del derecho de defensa”.
En sus consideraciones, el juez señaló que ”está en vigor el Tratado General de Cooperación y Amistad entre España y la República Argentina de 3 de junio de 1988, cuyo artículo 8 establece que cada una de las partes facilitará a los nacionales del otro país la realización de actividades profesionales en pie de igualdad con los nacionales del Estado de residencia”.
”Hay que añadir que la infracción administrativa imputada (à) puede ser sancionada no sólo con la expulsión sino también con una mera sanción pecuniaria”, añadió.
José Alberto Díaz, abogado de los dos argentinos, invocó ese tratado y otros, comenzando por el suscrito el 21 de septiembre de 1863, que dispone que ”los súbditos de ambos países podrán ejercer libremente sus oficios y profesiones en los mismos términos y bajo iguales condiciones y adeudos que usan o usaren los de la nación más favorecida”.
Organizaciones de argentinos residentes en España esperan con impaciencia cambios en la conducción de su embajada, anunciados por la cancillería durante la visita del presidente Néstor Kirchner, a fines de enero. Mientras el consulado uruguayo se volcó de inmediato en apoyo de su ciudadano detenido, la oficina argentina equivalente tomó el asunto con excesiva calma, señalan.
”No entendemos por qué este amigo (Posse) pudo ser liberado por las gestiones del cónsul y la embajada de Uruguay y nosotros seguimos adentro”, había dicho Luna el viernes.
Durante su visita, Kirchner planteó al rey Juan Carlos y al jefe del gobierno, José María Aznar, y reclamó en acto público, la necesidad de que se respeten los tratados bilaterales y de que se reconozca el derecho de residencia y trabajo de los inmigrantes argentinos en España.
Los dos gobiernos acordaron formar una comisión de trabajo binacional para regularizar la situación de los inmigrantes sin permiso de residencia y de trabajo. Una semana después, dos ministros del gabinete de Kirchner, el canciller Rafael Bielsa y el del Interior, Alberto Fernández, permanecieron una semana en Madrid, trabajando en el asunto.
El resultado fue un acuerdo por el cual se realizaría un censo de los argentinos que están indocumentados en España a los fines de su legalización, según informaron ambos ministros al regresar a su país.
No obstante, el portavoz de la cancillería argentina, consultado por la detención de sus dos compatriotas en Tenerife, aclaró a IPS que entre los dos países no se arribó a un acuerdo escrito ni mucho menos.
Se habló de ”ir buscando una solución”. ”Hoy lo concreto es la ley de extranjería” española, reconoció. Sin embargo, el juez antepuso este lunes los tratados bilaterales a lo que dispone esa ley. ”Dicen que los inmigrantes españoles que llegamos a Argentina teníamos papeles, pero no es verdad porque muchos no los teníamos y sin embargo nos los dieron porque vinimos a trabajar”, dijo aIPS el presidente de la Federación de Sociedades Gallegas de Buenos Aires, Francisco Lores.
”Hay que entender que así como en España hubo una guerra que expulsó a miles de compatriotas, aquí en Argentina hubo una guerra económica que llevó a cuatro millones de argentinos al desempleo y muchos de ellos debieron salir a buscar un lugar donde trabajar y poder criar a sus hijos”, agregó.
Ante el cariz que está tomando la persecución policial contra los inmigrantes, una española, la secretaria general del Partido Socialista Obrero Español en Argentina, María de los Angeles Ruiz Sánchez, dijo IPS en referencia a este caso que ”los principales responsables son el gobierno y los empresarios, y no los muchachos que, en definitiva, consiguieron un empleo y se quedaron a trabajar, no estaban robando nada a nadie”.
”El gobierno debe mostrar voluntad política de solucionar la situación de miles de inmigrantes argentinos de segunda y tercera generación de descendientes de españoles. Eso sería mucho más fácil que hacer tantas reuniones con cancilleres y ministros. Debe darles una residencia provisoria a todos aquellos inmigrantes que consigan un empleo”, opinó.
España debe ”tener una ley de extranjería amplia, para que los inmigrantes que consigan empleo se puedan quedar con una residencia provisoria”, acotó.
Los argentinos demandan se les reconozca derecho a residir y trabajar por tiempo indefinido, y no provisorio, igual al que gozan los españoles en Argentina.
*Con aporte de Marcela Valente (Argentina)
