La Guardia Nacional de Venezuela se excedió al usar la fuerza para reprimir manifestaciones opositoras en febrero y marzo de este año, pero ninguna de las muertes acaecidas durante esas protestas debe atribuirse a uniformados, afirmó este miércoles el defensor del Pueblo, Germán Mundaraín.
”Comparto la apreciación del gobierno en cuanto a los fallecidos. No hay ninguna muerte que haga presumir que la efectuaron efectivos de la Guardia Nacional (policía militarizada). Pero en cambio es evidente que hubo uso excesivo de fuerza, por ejemplo con demasiados disparos de perdigones”, dijo Mundaraín a IPS.
El presidente Hugo Chávez y su ministro de Defensa, general del ejército Jorge García, felicitaron varias veces a la Guardia Nacional por su desempeño ante las manifestaciones opositoras que del 27 de febrero al 5 de marzo se acompañaron con barricadas incendiarias y desórdenes a las puertas de urbanizaciones de clase media en Caracas y otras ciudades.
Trece personas perecieron durante esas refriegas, según la prensa local -nueve según el gobierno-, unas 50 fueron heridas de bala y varios centenares fueron detenidas. Al menos 30 fueron llevadas a tribunales y la oposición denunció la desaparición de ocho, así como torturas practicadas a algunos de los detenidos.
El Foro por la Vida, que reúne a 12 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, rechazó la felicitación pública del gobierno a la Guardia ”sin condenar los posibles abusos, excesos o graves violaciones a los derechos humanos”.
Igualmente exigió a la Defensoría del Pueblo (que según la Constitución de 1999 hace parte del independiente Poder Moral o Ciudadano) ”que se pronuncie en forma pública sobre los maltratos y torturas que denuncian los ciudadanos”, y que elabore un informe.
Mundaraín dijo a IPS que su informe está listo con registro de todos los casos denunciados. ”No hay duda de que hubo excesos, se cometieron malos tratos por parte de guardias y policías”, señaló al criticar los golpes a jóvenes detenidos, víctimas de puntapiés y culatazos, que fueron mostrados por las televisoras y la prensa.
Pero el defensor mostró los informes de su despacho sobre las personas fallecidas durante los enfrentamientos y ”hasta ahora no hay evidencias de que alguien haya sido asesinado por efectivos”, además de que ”muchas veces la Guardia fue atacada con disparos”.
Las muertes se produjeron por disparos de armas de fuego.
Los casos más conocidos fueron Eva Carrizo, quien manifestaba en Machiques (extremo oeste fronterizo con Colombia) y José Vilas, en San Antonio, ciudad-dormitorio de Caracas.
Compañeros de ambos denunciaron que fueron baleados por la Guardia Nacional.
Sin embargo, según las autopsias, Carrizo pereció por el disparo de una bala de 9 milímetros y la Guardia sostiene que no usa armas de ese calibre.
En el tórax de Vilas se encontró una canica, presuntamente disparada por una escopeta casera, y que le entró por la espalda.
En Altamira, barrio residencial de clase media de Caracas, pereció un joven opositor de un balazo en el cuello: el proyectil con una trayectoria descendente indica que fue disparado desde un edificio.
En la zona actuaban francotiradores de oposición y comandos anti-francotiradores de la policía política.
El oficialismo acusó a grupos de la Policía Metropolitana (bajo órdenes del alcalde opositor Alfredo Peña) de actuar sin uniforme y asesinar a balazos al menos a uno de sus militantes, cuando se desplazaba cerca de una barriada donde ocurrían desórdenes.
”No existe ningún desaparecido. La desaparición de personas es un delito muy grave, pero no está en Venezuela. Seguimos los ocho casos señalados y puedo decir dónde, en este momento, está cada una de las personas señaladas”, afirmó Mundaraín.
En cuanto a las torturas, ”tenemos denuncias de malos tratos y lesiones a detenidos causados por efectivos de la Guardia y otras policías, pero no existe en Venezuela una línea gubernamental de tratos crueles e inhumanos”.
”La tortura es inaceptable en una sociedad democrática”, recalcó.
”Debe entenderse que en la Venezuela actual todo se ha politizado, e informes de la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas destacan la aguda polarización política. El tema de los derechos humanos lamentablemente ha caído dentro esa polarización”, estimó Mundaraín.
Los desórdenes de febrero y marzo estallaron luego que el Consejo Nacional Electoral colocó bajo observación un millón de firmas que solicitaban un referendo revocatorio del mandato de Chávez. El mecanismo requiere 2,4 millones de rúbricas para activarse y hasta ahora sólo hay 1,8 millones de firmas válidas.
”Desde el 25 de febrero advertimos que esto iba camino a la violencia porque ante la decisión del Consejo Electoral unos líderes de la oposición llamaron a la resistencia y otros a la insurrección”, dijo Mundaraín.
Además, ”como hecho inédito en la historia del continente, las policías de varios municipios participaron por omisión, en la desobediencia y la inseguridad. La excesiva polarización se tradujo en que un servicio esencial, como la seguridad policial, fue utilizado como expresión de una política partidista”, argumentó el defensor.
En Caracas, la policía metropolitana (con 8.000 efectivos) y las policías de dos ricos municipios del cono urbano, todas bajo órdenes de alcaldes opositores, se abstuvieron de intervenir contra los manifestantes enfrentados a la Guardia Nacional.
El Foro por la Vida ha admitido que las policías municipales faltaron a sus deberes con la seguridad ciudadana y el derecho al libre tránsito, y Mundaraín deploró la falta de una ley que establezca una policía nacional.
Chávez ha dicho que estuvo a sólo horas de ordenar al ejército que ocupase con tropas regulares y blindados los cuartelillos de las policías locales, lo que no se produjo.
Por otra parte, el defensor desestimó el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que comprende el período mayo 2002-octubre 2003, según el cual ”existe un grave deterioro de la situación de los derechos humanos” en Venezuela.
”Entre la Comisión y el Estado venezolano hay muchas insatisfacciones”, dijo Mundaraín. ”La Comisión evidenció una posición a favor del golpe de Estado (de abril de 2002 contra Chávez) y su informe responde a esos tiempos de diferencias”, agregó.
Mundaraín deploró asimismo que muchas de las denuncias se ventilen esencialmente en los medios de comunicación y no se sostengan ante los órganos jurisdiccionales.
”Los medios han tomado partido, tanto los del gobierno como los de la oposición, y más que informar actúan como portavoces de un sector político interesado”, argumentó.
Mundaraín, quien preside la Federación Iberoamericana de Ombudsman, enviará al parlamento este jueves su informe preliminar sobre los sucesos de febrero y marzo.
